Las funciones y atribuciones finales de la nueva institución deberán aún definirse en próximas fechas. No obstante, y ya con un texto muy elaborado, supondrá la asunción de la investigación por un fiscal de los posibles delitos de fraude a las arcas europeas, muy especialmente los relacionados con las subvenciones de la Unión a los países miembros
Bruselas, 8 de diciembre
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado durante su participación en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE (JAI) que se celebra en Bruselas, el compromiso de España con la creación de una Fiscalía Europea y la máxima flexibilidad en la posición negociadora de nuestro país para conseguir un acuerdo que suscite el consenso del mayor número posible de Estados miembros.
Así, aun cuando el ministro reconoce que la propuesta presentada por la presidencia del Consejo está lejos de dotar a esta institución de la fortaleza y las competencias defendidas por la posición española, considera que puede constituir una base adecuada para su creación y alcanza unos mínimos razonables para que la Fiscalía sea un organismo operativo y reconocible.
Las funciones y atribuciones finales de la nueva institución deberán aún definirse en próximas fechas. No obstante, y ya con un texto muy elaborado, supondrá la asunción de la investigación por un fiscal de los posibles delitos de fraude a las arcas europeas, muy especialmente los relacionados con las subvenciones de la Unión a los países miembros. La iniciativa está en la línea de la reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone el ministro Catalá para que sean los fiscales los encargados de la investigación e instrucción de las causas.
Asimismo, durante este Consejo JAI se han acordado los textos definitivos tanto de la Directiva para combatir por medios penales los fraudes a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF) como, en particular, la nueva Directiva antiterrorista, cuya redacción ha acogido múltiples iniciativas promovidas por el Ministerio de Justicia en la reciente reforma del Código Penal español, como la tipificación del autoadiestramiento, el bloqueo o retirada de páginas web con contenidos terroristas, la agravación de conductas terroristas dirigidas a menores o una mayor protección de las víctimas de los delitos terroristas.
Finalmente, también han sido objeto de este Consejo algunos aspectos de la propuesta normativa en materia de contratos de suministro de contenidos digitales, en la que se propone la adopción de normas que uniformicen los derechos que amparan a los consumidores tanto en adquisiciones transfronterizas como en aquellas realizadas en el territorio del Estado de residencia habitual.
