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Rajoy se niega a derogar la ley mordaza

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente Rajoy se ha mostrado convencido de que habrá entendimiento en el nuevo modelo de financiación autonómica. También ha defendido la Ley de Seguridad […]

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Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente Rajoy se ha mostrado convencido de que habrá entendimiento en el nuevo modelo de financiación autonómica. También ha defendido la Ley de Seguridad Ciudadana y el cumplimiento de la legalidad en las consultas convocadas por los ayuntamientos

Madrid, 14 de diciembre

En respuesta al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha preguntado por la Ley de Seguridad Ciudadana, el presidente Rajoy ha dicho que derogar las normas que se aprobaron en la pasada legislatura, «muchas de las cuales han producido efectos positivos muy importantes para el conjunto de los españoles», no es la «mejor manera de construir ni de hacer una aportación al interés general de todos».

Según el jefe del Ejecutivo, es «una broma» afirmar que hoy en día se produce en España una «ausencia de derechos o de disfrute de libertades» o «un problema de libertad para ejercer el derecho de manifestación». De hecho, Rajoy ha recordado que solo el 0,02 por ciento de las denuncias relacionadas con la citada ley son por manifestaciones -en relación con disturbios o por no pedir permisos-, la inmensa mayoría son por delitos de drogas o por tenencia de armas o explosivos.

Consultas promovidas por los ayuntamientos

Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, se ha interesado por las consultas que promueven los ayuntamientos. En este sentido, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado partidario de que los municipios puedan consultar a la ciudadanía sobre «cuestiones que afecten a su propio ámbito», siempre con la autorización del Gobierno tal y como establece la legislación vigente.

Mariano Rajoy también ha aclarado que, en este asunto, el Ejecutivo «no tiene la capacidad para tomar decisiones discrecionales», ya que es «un acto puramente reglado». «Se trata de un control de legalidad que parece muy razonable», ha agregado.

El jefe del Ejecutivo también ha recordado que, en el País Vasco, desde el año 2010, se han autorizado seis consultas y se han rechazado cinco porque no se referían a competencias municipales (por ejemplo, el fracking).

Financiación autonómica

El diputado de Foro Asturias, integrado en el Grupo Mixto, Isidro Manuel Martínez Oblanca, ha preguntado por el nuevo sistema de financiación autonómica. El presidente ha explicado que tanto el modelo que se apruebe en breve como las inversiones del Estado (incluidas en los Presupuestos Generales del Estado 2017) deben garantizar «la solidaridad y la igualdad», puesto que son «principios constitucionales que inspira nuestro ordenamiento jurídico».

Tras afirmar que la actual financiación autonómica tiene «deficiencias» que hay que corregir, Rajoy ha subrayado que las negociaciones del nuevo modelo comenzarán con la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, fijada para el próximo 17 de enero. Aunque ha admitido que estas negociaciones no van a ser «fáciles», se ha mostrado convencido de que «llegaremos a un entendimiento entre todos».

Además, el presidente ha explicado que el nuevo modelo debe garantizar «una financiación estable y suficiente» para que «todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivan donde vivan». Y lo mismo sucede con las inversiones que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017: «Vamos a intentar buscar un reparto equitativo, impulsar actuaciones que redunden en beneficio del interés general».

Rajoy, premio al mejor orador del Congreso en 2016

Ya en los pasillos del Congreso, Mariano Rajoy ha agradecido el premio «Emilio Castelar» al mejor orador del Congreso del año 2016 que le ha concedido la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Aunque no se «lo esperaba», el presidente del Gobierno se ha mostrado muy satisfecho con el galardón y ha dicho con ironía que no va a protestar porque «se haya hecho un acto de, al menos, moderada justicia».

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