Esta semana se formalizará una sanción de reincidencia de 600.000 euros a Airbnb por hacer publicidad de pisos turísticos ilegales. En caso de no recibirse una respuesta inmediata, se abrirá un nuevo expediente a la compañía por el mismo valor. Desde el Consistorio se prevé también iniciar conversaciones con la Generalitat de Catalunya para trabajar en un marco normativo que garantice que las plataformas de pisos turísticos de Barcelona cumplan con la ley.
El esfuerzo municipal para evitar la proliferación de prácticas ilegales vinculadas a pisos turísticos se concretó el año pasado con un plan de choque que incluía el refuerzo de personal de inspección y la creación de un nuevo cuerpo municipal, los visualizadores de pisos, que detectan la oferta sumergida de pisos turísticos. El refuerzo de recursos ha permitido abrir en un año 6.000 expedientes a pisos ilegales, 3.000 de los cuales son sancionadores. En total, se han entregado 2.200 órdenes de cese de la actividad ilegal y se ha comprobado que 600 pisos lo han cesado de forma efectiva. Además, 127 pisos han sido precintados definitivamente.
La ley catalana prohíbe hacer publicidad de actividades ilegales. Por eso, el año pasado se empezó a sancionar a las plataformas de pisos turísticos que anunciaban pisos turísticos no legales. La mayor parte de las trece plataformas de la ciudad dejaron de hacer publicidad de viviendas turísticas ilegales. Airbnb, sin embargo, se negó. Por eso, después de dos sanciones genéricas de 30.000 euros, se abrió un expediente sancionador de reincidencia contra la plataforma, con el máximo que permite la ley: 600.000 euros. Después de los trámites pertinentes, la sanción se formalizará a lo largo de esta semana.
“El cumplimiento de la ley no es optativo”, ha recordado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. Y ha manifestado: “Si Airbnb no da respuesta inmediata al expediente, no dudaremos en abrir un nuevo expediente sancionador de 600.000 euros más.” Sanz ha explicado que también se iniciarán conversaciones con la Generalitat de Catalunya para encontrar vías legales que dificulten a las plataformas que no cumplan la ley operar en la ciudad. Ha puesto como ejemplo el aumento del valor de las sanciones. “Exigimos una respuesta contundente e iremos hasta el final. O Airbnb cumple la ley o se marcha de la ciudad. Queremos que Barcelona sea una ciudad para vivir”, ha declarado Sanz con contundencia.
No son casos aislados
Sanz también ha recordado que las prácticas ilegales que lleva a cabo Airbnb no son casos aislados. “La ilegalidad está entre los 6.000 y los 8.000 pisos”, ha indicado. También ha destacado que hay 317 casos detectados de actividad ilegal producida por realquiler (entre un 10 % y un 15 % de los expedientes abiertos). Este es el caso del piso de Ciutat Vella propiedad de Montse Pérez, que fingió ser una usuaria de Airbnb para poder recuperarlo, ya que su inquilino lo realquilaba a través de la plataforma para uso turístico. Y también el caso, denunciado hoy por Sanz, de un exdirectivo de la plataforma que, cuando todavía trabajaba en esta, alquiló un piso en Barcelona y lo anunciaba a través de la misma compañía a pesar de no tener permiso turístico.
