En uno de los casos, la adjudicación de la licitación permitirá que los trabajadores, que ya estaban prestando el servicio, pasen a cobrar, de media, un 35 % más. En el otro caso, garantizará que perciban un salario que será un 25 % superior al establecido en el convenio de referencia.
Estos dos procesos de licitación pública los han ganado empresas o entidades de economía social de Barcelona: una unión temporal de empresas formada por tres fundaciones y cuatro centros especiales de trabajo.
La adjudicación ha tenido en cuenta los criterios sociales y laborales definidos en el Decreto de Alcaldía aprobado el pasado 24 de abril por la alcaldesa Ada Colau. El objetivo es asegurar que la contratación pública sea una herramienta para que los trabajadores tengan salarios dignos, dispongan de estabilidad laboral, tengan garantizada la igualdad de género y cuenten con facilidades para conciliar, cuatro ejes que son prioritarios en la Estrategia para el empleo de Barcelona 2016-2020.
Los pliegos de condiciones de las licitaciones incluían requisitos para potenciar los derechos sociales y laborales, el acceso al mercado público a las pequeñas y medianas empresas y las oportunidades a entidades de la economía social y solidaria, de acuerdo con la nueva Guía de contratación pública social del Ayuntamiento.
