El jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, ha respondido al ultimátum que le impuso el Gobierno español negándose a dar marcha atrás con su plan secesionista y amenazando con formalizar la independencia, abriendo así la puerta a una intervención inédita del Estado en la región.
«Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre», indica la carta enviada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El texto recuerda que ese día Puigdemont anunció la independencia y la suspendió de inmediato. «Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo», añade.
Sin embargo, lamenta Puigdemont, esa petición no fue atendida y Madrid ofrece como «única respuesta» la «suspensión de la autonomía», una muestra de que «no se es consciente del problema y no se quiere hablar», concluye.
Puigdemont tenía hasta las 10:00 horas (8:00 GMT) para responder si declaró o no la independencia de la región y, por lo tanto, si mantiene su desafío al Estado español o vuelve a la legalidad.
Se daba por hecho que no cumpliría la exigencia del Gobierno, como hizo ya hizo el lunes ante el primer plazo fijado por Madrid: un modo de forzar que sea el Gobierno de Rajoy quien cierre la puerta a las últimas esperanzas de un solución negociada a la crisis.
Rajoy había avisado que, si Puigdemont no daba marcha atrás, avanzaría con la intervención del Estado central en Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central adoptar «las medidas necesarias» para que una región vuelva a cumplir sus obligaciones.
El objetivo sería una intervención gradual de la autonomía de Cataluña para reemplazar parte del Gobierno de Puigdemont o autoridades puntuales -como la Policía de la región- con el objetivo final de convocar elecciones anticipadas.
La medida, inédita en 40 años de democracia, podría tener su costo de imagen para el Gobierno y dar aire a la propaganda independentista. El propio Rajoy habló el miércoles en el Congreso de «decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar».
Por eso tanto el Gobierno como los socialistas del PSOE, que lo apoyan, abrieron el miércoles una nueva puerta de salida y avisaron que paralizarán el artículo 155 si Puigdemont convoca elecciones en Cataluña. En la práctica, la oferta equivale a un nuevo plazo para que Puigdemont dé marcha atrás y evite la intervención.
La respuesta del líder catalán, sin embargo, deja claro que esa opción está por el momento fuera de la mesa. El Gobierno celebrará ya este sábado un consejo de ministros extraordinario para analizar las medidas concretas que aplicará con el artículo 155.
Puigdemont abrió una de las crisis más graves en la historia reciente de España al organizar un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.
El «sí» a la ruptura con España ganó la consulta por un 90 por ciento, en parte que porque los partidarios del «no», que son mayoría en los sondeos, boicotearon el referéndum por ilegal.
Basándose en ese resultado, Puigdemont acudió el martes de la semana pasada al «Parlament» en Barcelona y anunció la independencia, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo a Madrid y mediación internacional en el conflicto. Rajoy respondió fijando el plazo del lunes y el ultimátum final de este jueves.
La intervención del Gobierno central en la región rompería un tabú en uno de los países más descentralizados del continente y abriría un nuevo escenario imprevisible en la crisis que desde hace semanas mantiene en vilo a España y Europa.
