El Parlamento catalán ha aprobado iniciar un proceso que acabe con la instauración de una «república independiente» en un plazo no estipulado, cruzando así un nuevo límite en el desafío soberanista que abrió la peor crisis de las últimas décadas en España.
La votación, que según los juristas no implica una declaración de independencia, coincidió con otra cita clave en la crisis: el Senado español tiene previsto dar hoy luz verde a la intervención de la autonomía de la región por parte del Estado central, incluida la destitución inminente del Gobierno catalán de Carles Puigdemont.
«Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», indica la resolución presentada y respaldada por el grupo Junts pel Sì de Puigdemont y el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular) que lo apoya.
El texto votado en una tensa sesión recoge la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por las fuerzas nacionalistas, pero la incluye en una parte expositiva que no es la sometida a votación, confirmaron a la agencia dpa fuentes del propio Junts pel Sì.
Diversos analistas coincidieron por eso en que la propuesta aprobada no proclama la independencia, sino que insta al «Govern» regional a dar los pasos necesarios en ese camino e «iniciar la apertura de un proceso constituyente» que acabe en una Constitución catalana.
También pide desplegar la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, una norma que pretende regular el camino hasta la aprobación de esa Constitución. Se trata, en cualquier caso, del paso que culmina la fuerte tensión acumulada desde hace semanas en España por el plan independentista.
La ambigua fórmula utilizada en la resolución permite así a Puigdemont y los sectores independentistas dar un paso con fuerte impacto político y de imagen, pero intentando evitar posibles consecuencias penales de una declaración unilateral de independencia.
La Fiscalía General del Estado había avisado ya que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra Puigdemont, su Gobierno y la Mesa del «Parlament» por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.
No está claro si la fiscalía avanzará con la querella tras la propuesta aprobada hoy. Los letrados del «Parlament», sin embargo, advirtieron antes de la votación de que la propuesta de Junts pel Sì y la Cup no podía ser admitida a trámite ni votada por vulnerar sentencias del Tribunal Constitucional.
Pese a esa advertencia, la propuesta fue sometida a votación y aprobada por la mayoría independentista, que pidió votar en secreto para evitar posibles consecuencias legales, con 72 votos a favor, diez en contra y dos en blanco. Los grupos opositores del Partido Popular (PP), los socialistas (PSC) y Ciudadanos se ausentaron en el momento de la votación en señal de protesta.
«Hoy es un día triste, dramático en Cataluña», criticó en el «Parlament» Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos, antes de la votación. «Es el día en que se perpetra el golpe a la democracia instaurada en el año 1978 con la Constitución».
La votación de la propuesta se dio casi simultáneamente con la previsible aprobación en el Senado español de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al Gobierno central de Mariano Rajoy intervenir en la autonomía de Cataluña.
El Consejo de Ministros en Madrid acordó el sábado ese paso, inédito en 40 años de democracia, para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas para frenar el plan independentista. La destitución del «Govern» podría darse mañana mismo.
En cualquier caso, tampoco una plena declaración unilateral de independencia tendría efectos concretos. El proceso soberanista estuvo marcado por diversas irregularidades y se apoya en el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la Justicia.
No se espera tampoco que ningún país reconozca una «república catalana» y la región tampoco podría asumir el control efectivo de su territorio, lo que exigiría que España retirara sus jueces, policías o funcionarios, entre otras cosas.
