Carlos Sánchez Almeida: «Esta Ley es un virus que limita las libertades».Carlos Guervós Maíllo: «Ojalá tengamos una Directiva que garantice la mayor creación cultural y un mayor acceso a la misma». Miquel Peguera: «Esta propuesta de directiva de copyright no es compatible con la directiva de Comercio Electrónico y requiere ser armonizada».
Carolina Pina: «La Directiva suscita innumerables controversias y produciría un innegable impacto económico en todos los sectores y ámbitos»
El Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acogido una mesa de debate sobre los retos de la nueva Ley europea de Copyright y la posición del Gobierno de España al respecto. El evento, organizado por la Sección de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Madrid y la editorial Lefebvre, ha contado con la presencia de reconocidos expertos como Carlos Guervós Maíllo, subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deportes; Carolina Pina, socia de Propiedad Intelectual en Garrigues; Miquel Peguera, profesor de Derecho Mercantil en la UOC y consultor en Cuatrecasas; Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información; y Carlos Lema Devesa, presidente de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del ICAM.
Para Carlos Guervós Maíllo, subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, «la falta de aprobación de la Directiva ocasiona una divergencia y un déficit de competitividad en el sector de la cultura y los bienes culturales de la UE. Somos moderadamente optimistas en la aprobación de esta Directiva que es esencial para España y que debe dar seguridad jurídica, garantizar el equilibrio entre los operadores así como la competencia en igualdad de condiciones”. Y añadió: “Ojalá tengamos una Directiva que garantice la mayor creación cultural y un mayor acceso a la misma»´.
Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, su director legal Carlos Sánchez Almeida señaló que «esta Ley es un virus que limita las libertades y hay que dar gracias a la sociedad civil por ponerse al frente de la protesta y conseguir que el texto de la directiva comunitaria recoja gran parte de peticiones de cambio, reflejadas casi todas en la enmienda 133». Y añadió: «Tan importante va a ser el código jurídico como el código informático para defender nuestros derechos. Debe haber una supervisión humana a la hora de evitar la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual».
Por su parte, Carolina Pina resaltó que «la Directiva suscita innumerables controversias y cuenta con un innegable impacto económico en todos los sectores y ámbitos». Según señaló, el artículo 13 está siendo el más polémico por el impacto económico que implica: «Se refiere a las plataformas que posibilitan que los usuarios suban los contenidos, cuyo marco legal dispone que estas plataformas disfruten de una exclusión de responsabilidad por el conocimiento efectivo de la infracción». De esta manera solo cuando después de recibir la notificación no se retira ese contenido, la plataforma es responsable de la infracción. También destacó que «la tutela de los derechos de propiedad intelectual es crucial, pero cualquier cambio debe hacerse sin que limite el desarrollo tecnológico ni los derechos fundamentales».
Por último, Miguel Peguera, destacó las implicaciones mercantiles de la entrada en vigor de esta nueva directiva europea sobre copyright y derechos de autor. Según comentó: «La explotación económica de los contenidos exige que esta directiva se armonice con todo aquello de trasfondo económico que ya impone la directiva vigente de comercio electrónico». Peguera también se refirió al artículo 13 que «alberga una zona gris en cuanto al filtrado de contenidos con ocasión de cómo ha de entenderse la supervisión de carácter general de los mismos», y a las barreras que pueden suponer poner en marcha los mecanismos de filtrado para los pequeños operadores.
El debate continuará el próximo 4 de diciembre en la sede de la Fundación Pons, donde nuevos agentes y afectados por la aplicación de esta norma analizarán el impacto social y económico que su transposición puede provocar en la sociedad española.
