Izquierda Unida exige la “inmediata dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, por su actuación “anómala e irregular” en la crisis de las hipotecas. Esta reacción de Izquierda Unida se deriva tras la nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018): «El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días».
La dirección de IU valora de forma más pausada lo ocurrido ayer y su trascendencia para la ciudadanía, no sólo en lo que respecta al caso concreto debatido. Considera que tras dos días de “vergonzosos debates”, los 28 magistrados que componen el Pleno de esa Sala Tercera del Tribunal Supremo, “convocado saltándose por parte de Díez-Picazo y con el aval de Lesmes, ex alto cargo del Gobierno de Aznar, el sentido común y cualquiera de las normas de las que se había dotado el propio tribunal, enmienda la doctrina consolidada precisamente por la sección del tribunal experta en materia tributaria”.
“Logran así -añade- favorecer los intereses económicos de esa misma banca que paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de elite”.
IU explica que el “vergonzoso resultado de esta burda maniobra sin precedentes y contraria a lo establecido en la ley, al dictado de la banca y de la desmesurada campaña publicitaria desatada por los poderes económicos”, consigue “anular de un plumazo la doctrina jurisprudencial que se creía firme creada por tres sentencias obtenidas por la Empresa Municipal de la Vivienda del municipio de Rivas Vaciamadrid. De esta forma echan por tierra la obligación de que el impuesto que grava las hipotecas lo pagara el banco que concede la hipoteca, no el cliente, ya que es el propio banco el único que se beneficia de la obligación de formalizar esos préstamos en escritura pública”.
Para Izquierda Unida, “la justicia española da la espalda al pueblo y opta por favorecer a los más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000 millones de euros de dinero público logrado con nuestros impuestos. Es la misma banca privada que no para de incrementar sus beneficios y los millonarios salarios de sus ejecutivos desde que se inició la gran estafa denominada ‘crisis’”.
La dirección de la formación que coordina Alberto Garzón entiende que “tras la práctica ya habitual de encarcelar a tuiteros, cantantes, artistas o activistas sociales por ejercer la libertad de expresión o de manifestación, la justicia vulnera también ahora su mandato constitucional que, literalmente, dice: ‘Artículo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales (…)’”
“Cuando el Tribunal Supremo incumple sus sentencias y retuerce las leyes para favorecer a los poderosos en perjuicio de la ciudadanía, convierte en falso y vacío el mandato del artículo 117 de la Constitución: ‘La justicia emana del pueblo’”, constata esta formación.
Izquierda Unida denuncia que con esta nueva actuación del Supremo “digna de corsarios, la justicia pierde la poca legitimidad que le quedaba. Es así a pesar de los numerosos jueces y funcionarios judiciales que en nuestro país se esfuerzan por conseguir que la administración de justicia sea un servicio público con una mínima calidad. Estos esfuerzos se convierten en estériles a la vista del constante desprestigio que emana de un número cada vez mayor de actuaciones de los tribunales”.
“El Poder judicial ha traspasado todas las líneas rojas”, valora la dirección de IU, para quien “es imprescindible una reforma en profundidad de la justicia. Ésta debe implicar cambios constitucionales profundos que acaben con un Poder Judicial endogámico, al servicio de las minorías privilegiadas, lastrado por su pasado franquista y nunca modernizado ni democratizado en profundidad”.
Por todo ello, Izquierda Unida llama a concentrase el próximo sábado, día 10, a las 18,00h. ante el Tribunal Supremo y las sedes judiciales de cada provincia. Considera que “ante el chantaje y el secuestro de los poderes públicos del Estado por parte de la banca privada urge la movilización social: por la justicia y la democracia”.
