La discusión política en España llegó a un punto de ebullición cuando el actual presidente de Gobierno Pedro Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes el 5 de marzo y convocar a elecciones generales el domingo 28 de abril.
Los partidos de derecha, centro e izquierda estaban preparados para el anuncio, a nadie lo tomó por sorpresa. Las discrepancias con los independentistas catalanes hizo inviable la aprobación de los Presupuestos, a esto se suma los ataques del Partido Popular y Ciudadanos por legitimidad del líder socialista, la suerte estaba echada.
Pedro Sánchez asumió el poder el pasado 2 de junio, posterior a la moción de censura que defenestró a Mariano Rajoy. Con decisión de Sánchez de convocar elecciones generales, los acuerdos alcanzados por los diferentes partidos en la XII Legislatura no tienen ahora asegurada la aprobación.
Reforma laboral en el limbo
A pesar de las firmes intenciones de los líderes del Psoe de agotar todas las instancias legislativas para lograr la aprobación de la reforma laboral, el escenario no luce nada despejado, políticamente hablando. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, destacó que el Gobierno trabaja con ahínco para la modificación del marco laboral actual, una de las banderas políticas de Pedro Sánchez con el electorado socialista.
Al Gobierno le queda un último recurso al cual apelar, con la cercanía del 5 de marzo y las acciones dilatorias de PP y Ciudadanos en el Parlamento, la solución podría estar en la promulgación de un Real Decreto Ley en el próximo Consejo de Ministros. La clave para tomar esta decisión serán los apoyos sindicales y parlamentarios que el Gobierno pueda obtener esta semana, no hay nada claro ni seguro hasta ahora.
Dentro de su estrategia política, Pedro Sánchez confía en sentar a la patronal y sindicatos en la denominada Mesa del Diálogo Social, para lo cual convocó a ambas partes a sesiones de trabajo entre el 25 y 28 de febrero.
En esa mesa tripartita, el Gobierno buscará listar las medidas acordadas en consenso para incluirlas en el Real Decreto Ley que se aprobaría en el último Consejo de Ministros del 1 de marzo. El tiempo no corre a favor del Gobierno de Sánchez.
Una de las promesas de Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios al asumir el gobierno hace ocho meses, era la derogación de las medidas más perjudiciales de la cuestionada reforma laboral de 2012. La prioridad está centrada en los puntos referidos a prevalencia de los convenios colectivos, la ultraactividad de los convenios y el control horario de los trabajadores, por cuanto en esos aspectos parece existir de antemano un acuerdo implícito.
Registro diario de la jornada laboral
Para Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, el control horario de los trabajadores es uno de los temas de mayor relevancia en las discusiones de la Mesa del Diálogo. Son muchas las quejas de los sindicatos por el incumplimiento del límite de las jornadas de trabajo y el no registro de las horas extraordinarias.
A través de la Mesa del Diálogo, el Gobierno busca implantar definitivamente un sistema para el registro diario de la jornada laboral, garantizando a los representantes sindicales la aprobación de una herramienta de cómputo de las horas efectivamente trabajadas, el cumplimiento del derecho al descanso y el reconocimiento de las horas extraordinarias.
Tanto la justicia española como la europea han tenido que dilucidar diferentes demandas contra empresas por la falta de un sistema que obligue al patrono a respetar el derecho al descanso de sus trabajadores.
Al no contar con el control horario de los trabajadores, muchas empresas se valen de esto para no pagar horas extraordinarias, además de extender la jornada laboral en detrimento del tiempo de descanso justo y necesario.
