El grupo parlamentario de Vox va a someter esta semana a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que reclama que se establezcan penas de prisión para los ‘okupas’ y se mejore la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’.
La iniciativa es consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió el pasado miércoles en el Pleno del Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la moción, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal instan al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».
También le emplazan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.
En paralelo, abogan por modificar también el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’.
TAMBIÉN EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL
Pero esta no es la única iniciativa sobre ‘okupación’ que se debatirá en el Congreso esta semana. El miércoles, la Comisión Constitucional discutirá una proposición no de ley del PP para exigir al Gobierno que tome medidas para que las normas de empadronamiento contribuyan a evitar la ocupación ilegal y, entre otras cosas plantea que las personas que ‘okupan’ locales o viviendas no puedan empadronarse en los mismos ni obtener, por tanto, lo derechos que corresponden por figurar en el padrón.
Los de Pablo Casado presentaron esta proposición no de ley después de que el Gobierno publicara el pasado 2 de mayo una resolución con instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal que establece que «la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». El PP interpreta que, en la práctica esto va a permitir que los ‘okupas’ puedan darse de alta en el padrón aunque habiten inmuebles que no sean de su propiedad.
Con el objetivo de frenar esa «permisividad del Gobierno», los ‘populares’ reclaman que se legisle para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando un alquiler.
Asimismo, la iniciativa pide que la ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal, así como que la inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considere nula, no constituya prueba de su residencia o domicilio, ni atribuya ningún derecho.
También busca que los ayuntamientos den de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo del inmueble ‘okupado’, las inscripciones de las que se tengan conocimiento.
