El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN y Vox, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “establecer antes del verano un cronograma presupuestario y temporal bien definido para las tres infraestructuras”.
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se exigía a los ejecutivos de España y Navarra “un incremento de 100 millones de euros en la financiación que les corresponde, al objeto de hacer viable la segunda fase del Canal de Navarra y ayudar a rebajar las tarifas de los regantes”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplazaba al Gobierno de España a “incrementar el presupuesto anual que destina al desarrollo del Tren de Alta Velocidad en el tramo navarro”.
Asimismo, se requería al Ejecutivo Foral a que demandara al Gobierno de España “máxima agilidad a la hora de licitar los tramos de la Autovía Pamplona-Madrid”.
Finalmente, se urgía al Gobierno de Navarra “firmar los convenios correspondientes de cada una de estas infraestructuras con el Gobierno de España, para poder liderarlas desde Navarra y que queden claros los compromisos adquiridos con las actuaciones pendientes, su fecha de ejecución prevista y la garantía de dotación presupuestaria para acometerlas”.
En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN cuestionaba la indefinición que planea en torno a proyectos estratégicos que, como el Canal de Navarra, el TAV o la Autovía A-15, requieren de una “mayor implicación” por parte del Estado, al que se acusaba de “falta de interés”, también a nivel inversor.
En ese sentido, se aducía que, “mientras que en España se han construido 3.967 kilómetros de vías de alta velocidad con una inversión de 57.300 millones de euros, en Navarra se han consolidado 40 kilómetros de plataforma (falta la propia vía y la electrificación) con un gasto de 233 millones de euros”. Además, se destacaba que “Pamplona, con 780.120 pasajeros de largo recorrido por año, es la estación de tren sin alta velocidad con mayor número de viajeros”.
Paralelamente, se subrayaba el papel que la A-15, también denominada autovía de Navarra, podría llegar a jugar “no solo para el transporte seguro de mercancías y de la ciudadanía, sino también como eje estratégico en materia de desarrollo económico, regional y nacional, ya que garantizará la comunicación con la capital de España no solo a la Comunidad Foral, sino también a La Rioja y parte importante de las provincias de Soria y Zaragoza, zonas muy afectadas por la despoblación”.
Así las cosas y “aunque se están dando algunos pasos para su construcción, lo cierto es que los tramos de enlace con esa infraestructura que hay que construir en territorio navarro están totalmente parados, a pesar de que el Gobierno de María Chivite anunció hace casi un año la inminente firma de un convenio con el Estado para abordarlos”.
El proponente concluía insistiendo en la “poca voluntad política” de los ejecutivos de Navarra y España, en buena medida mediatizados por la posición política de unos socios de gobierno que “no creen en el desarrollo de estas infraestructuras”.
Geroa Bai ha presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por UPN, titular de la iniciativa, compeliendo al Gobierno del Estado a “cumplir con las responsabilidades que en materia de conectividad se derivan de las competencias del Estado en Navarra, y más concretamente las referidas a la conexión con Madrid por carretera con la conclusión de la A-15 y la conexión ferroviaria europea con el corredor navarro del TAP. Decidiendo de manera urgente la conexión de la Y vasca -conciliando criterios medioambientales y de optimización de la infraestructura- y acelerando la licitación de los tramos de la autovía Pamplona-Madrid”.
Además, se urgía al Ejecutivo central a “resolver a la mayor brevedad posible las alegaciones a la segunda fase del Canal de Navarra e impulsar tanto los trámites administrativos y medioambientales como la posterior licitación de la obra, corrigiendo en esta ocasión las cargas impuestas sobre los regantes”.
En ese contexto, se apremiaba al Gobierno de España a “firmar los convenios correspondientes de cada una de las infraestructuras citadas, con el objeto de estudiar la posibilidad de que las obras realizadas en suelo navarro se financien con cargo a la aportación; a estudiar la posibilidad de revertir a manos públicas la venta en su día de la parte de la A-15 que corresponde al Estado; y a renegociar la titularidad del Canal de Navarra al término de la concesión”.
Todo ello, según se precisa, “fijando los compromisos adquiridos con las actuaciones pendientes, fecha de ejecución prevista y garantía de dotación presupuestaria en aquellos tramos fuera de responsabilidad del Ejecutivo Foral”.
Tampoco se ha aceptado una enmienda de sustitución del PPN al segundo punto de la moción, con el fin de “exigir a los gobiernos de Navarra y España un acuerdo para dotar a la sociedad pública CANASA, encargada de la construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra, de los recursos económicos suficientes para proceder a la licitación”.
