Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Los hechos que han motivado la investigación están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.
La empresa, de la que es administrador único el detenido, desde su apertura hasta 2020 apenas registró actividad comercial. Sin embargo, entre 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los cuatro millones y medio de euros. Ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos pesqueros. Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.
En cuanto a la empresa mencionada encargada del proyecto, los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución. Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.
Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Nacional en la que el Fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón. En ellos se intervino numerosa documentación relacionada con los hechos, 30.000€ en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros con un saldo superior a los dos millones de euros.
Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los investigadores a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).
