Además del castigo colectivo sobre la población gazatí, con graves crímenes internacionales, incluido el genocidio, que ha dejado más de 41 000 muertos (algunas estimaciones elevan la cifra a 186 000), Israel ha extendido su acción fuera de Gaza: ataques en Cisjordania, detenciones ilegales de miles de trabajadores palestinos, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra Siria, Líbano, Yemen y un posible ataque futuro contra Irán.

En este contexto, también ha habido represalias ilícitas de Irán contra Israel y ataques del “eje de la resistencia”, una alianza impulsada y liderada por Irán de la que forman parte Hamás y Hezbolá, las milicias chíitas en Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Rusia, los rebeldes hutíes de Yemen y la Yihad Islámica.

Sin caer en equidistancias, la prohibición del uso de la fuerza, piedra angular del derecho internacional, parece estar totalmente debilitada en Oriente Próximo. Así, tras un año de esta nueva fase del conflicto palestino-israelí, surge la pregunta: ¿qué ha hecho la comunidad internacional para detener la agresión israelí contra Gaza?

Frente a una ruptura tan grave de la paz y seguridad internacionales, se esperaría que el Consejo de Seguridad actuara. Sin embargo, el irrestricto apoyo estadounidense a Israel, mediante su derecho de veto, ha bloqueado sistemáticamente cualquier acción: más de la mitad de los vetos de Estados Unidos han sido para proteger a Israel.

Esta vez, los Estados se enfrascaron en un debate sobre la terminología a utilizar que, dadas las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) que se estaban cometiendo, resultaba innecesario: cese, pausa o alto al fuego.

La resolución que exigía el alto el fuego

Finalmente, el 25 de marzo, tras dos resoluciones sobre el respeto del DIH, la liberación de los rehenes y la entrega de material humanitario suficiente, el Consejo aprobó, con la abstención estadounidense, una resolución que exigía el cese al fuego inmediato. En contra de la opinión mayoritaria de los miembros del órgano, Estados Unidos sostuvo que la resolución no era jurídicamente vinculante.

Ante el bloqueo estadounidense, la Asamblea General pidió en octubre una tregua humanitaria que condujera al cese de las hostilidades y en diciembre ya exigió un alto al fuego humanitario inmediato.

A estas resoluciones, sin carácter vinculante, se sumaron un sinfín de declaraciones políticas que también pedían el cese de las hostilidades. Entre ellas destaca la fuerte declaración propalestina de los 120 Estados del Movimiento de Países No Alineados, así como la de los BRICS+ en noviembre y de la Unión Europea en marzo.

En todo caso, visto el historial de incumplimientos de resoluciones de Israel, calificado por el experto Antonio Remiro Brotons como el infractor más persistente de la historia de Naciones Unidas, cualquier clase de resolución del Consejo de Seguridad habría sido ignorada.

Ante la gravedad de la situación, Sudáfrica, en una acción “natural” que contrasta con la pasividad de los Estados árabes, demandó en diciembre a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial de Naciones Unidas para resolver las disputas entre Estados. En la demanda acusó a Israel de cometer un crimen de genocidio contra el pueblo palestino.

Aunque pasarán años antes de conocer la sentencia, el Estado africano pidió en tres ocasiones medidas provisionales para que la Corte detuviera las operaciones militares. Si bien no logró este objetivo, la CIJ ordenó el cumplimiento de unas obligaciones humanitarias tan amplias que solo podrían cumplirse deteniendo el grueso de las operaciones. Sobra decir que Israel hizo caso omiso.

Semanas antes, Sudáfrica y otros Estados instaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal encargado de enjuiciar a personas por la comisión de crímenes internacionales, a iniciar una investigación. Hasta ahora, el único avance concreto han sido las solicitudes de orden de detención contra tres líderes de Hamás, uno de ellos asesinado por Israel recientemente; el ministro de Defensa israelí y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se espera que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre estas órdenes en las próximas semanas.

En este sentido, más allá de que Israel ignore dichas medidas y órdenes, el recurso a la CIJ y a la CPI responde a una estrategia judicial concertada por algunos países del Sur Global para acabar con la impunidad israelí.

Respaldo político a Palestina

Paralelamente a la estrategia judicial, Palestina ha vuelto a solicitar su adhesión como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, encontrándose con un nuevo veto de Estados Unidos. En respuesta, la Asamblea General aprobó una resolución en la que determinaba que Palestina cumple las condiciones para ser miembro pleno, y excepcionalmente otorgó un estatus de observador reforzado, con amplios derechos de participación. En este contexto, algunos de los pocos países que todavía no han reconocido al Estado palestino, en su mayor parte occidentales, han dado el paso a lo largo de este año.

Aunque estas medidas no están dirigidas específicamente a detener las acciones sobre el terreno, se han interpretado como una manera de equilibrar las relaciones entre Israel y Palestina, empoderando a la parte palestina.

Acciones e iniciativas aisladas

A partir de este punto se constatan varias iniciativas aisladas. En algunos Estados occidentales, la presión interna de las protestas sociales, reforzada por la opinión de expertos de Naciones Unidas, ha llevado a los gobiernos a revisar sus transferencias de armas a Israel.

No obstante, esta práctica varía según el país y tiene un impacto desigual. En general, la tendencia ha sido suspender algunos envíos o nuevas autorizaciones de exportación, como ha ocurrido con Reino Unido o España.

De todos modos, el impacto de estas medidas es muy limitado, ya que el grueso de las transferencias de armas proviene de Estados Unidos y Alemania. Estos países, especialmente Estados Unidos tras la agresión de Irán, no van a dar un paso definitivo en esa dirección.

En este sentido, si bien la imposición de “sanciones internacionales” al margen del Consejo de Seguridad es una práctica fundamentalmente occidental, algunos Estados del Sur Global han comenzado a adoptarlas en el caso de Israel. Así, Turquía impuso un bloqueo completo a las importaciones y exportaciones con el Estado israelí. Colombia, en agosto, decidió aplicar un embargo a las exportaciones de carbón hacia Israel, argumentando que se utiliza para dar energía a la industria militar.

Estas acciones, respaldadas por expertos de Naciones Unidas, señalan el camino a seguir ya no solo para tratar de entorpecer la agresión contra Gaza, sino para hacer frente a la ocupación de los territorios palestinos y facilitar que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la libre determinación. En todo caso, para ser efectivas deben imponerse de forma generalizada y, especialmente, por los principales socios comerciales de Israel.

Estados Unidos: cooperador necesario

Para concluir este repaso sobre los esfuerzos para detener la agresión israelí sobre Gaza es esencial hacer referencia a Estados Unidos, el cooperador necesario de las acciones israelíes. Ningún Estado puede prestar ayuda o asistencia para mantener situaciones ilícitas producidas por violaciones graves de obligaciones internacionales contenidas en normas imperativas, como las relativas a la prohibición del genocidio o el derecho a la libre determinación. De este comportamiento se deriva responsabilidad internacional con la posibilidad de exigir la reparación correspondiente. Sin sus vetos, transferencias de armas y respaldo político a Israel, no estaríamos en esta situación.

Como analizaran John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt, el lobby proisraelí tiene una influencia desproporcionada en la política exterior de Estados Unidos. Hasta que eso no cambie, otras potencias, sobre todo las que aspiran a tener un liderazgo regional y global, deberían dar un paso adelante y tomar medidas efectivas para presionar a Israel y alcanzar una solución definitiva.

Aritz Obregón Fernández, Doctor en Derecho internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.