El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución a raíz de la queja presentada en junio de 2024 por una mujer de origen nigeriano que reside con sus hijas en un pequeño municipio navarro. La queja se centraba en el procedimiento de desprotección iniciado respecto a sus hijas y su ingreso en un Centro de Observación y Acogida (COA). Según la resolución, la madre denunció una atención inadecuada hacia sus hijas en el centro y la prolongación injustificada de la medida de separación. La madre tuvo que llevar al Hospital a su hija nada más recogerla del centro donde estuvo 11 días hospitalizáda.
La mujer, víctima de violencia de género, relató que, tras sufrir una crisis de ansiedad severa en abril fue ingresada en el Hospital Universitario de Navarra. Durante su hospitalización, la Administración declaró a sus hijas en situación de desprotección, ingresándolas en el Centro de Observación y Acogida. Aunque recibió el alta el 22 de abril, sus hijas continuaron en el centro hasta finales de julio de 2024.
La institucion que dirige Patxi Vera ha expresado que «no encuentra elementos de juicio suficientes para cuestionar la actuación de la Administración» ante la situación inicial, pero considera que las medidas de intervención podrían haberse prolongado más tiempo del necesario. Además, enfatizó que «las menores ya han abandonado el Centro de Observación y Acogida y se encuentran con su madre».
Sin embargo, el Defensor mostró preocupación por la atención recibida por las menores en el centro, señalando que «existen indicios suficientes como para albergar dudas sobre la atención y cuidado dispensado a las hijas de la interesada». Entre las deficiencias destacadas, se menciona que una de las menores fue llevada a una piscina municipal sin la autorización o conocimiento de su madre, y que, estando bajo la guarda de la Administración, contrajo diversas enfermedades, incluyendo una sospecha inicial de cólera al dar positivo en un bacteria de esa enfermedad. Finalmente, y tras tomar varias medidas, Salud Pública descartó un brote de cólera común en el centro en agosto.
La resolución emitida por el Defensor del Pueblo de Navarra incluye varias recomendaciones al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, entre las que se destacan el velar por el derecho de los menores a permanecer en su familia siempre que sea posible y considerar su retorno en cuanto las circunstancias lo permitan, tal como establece la Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes.
Junto a ello, plantea analizar en profundidad la problemática de sobreocupación del centro de observación y acogida y tomar medidas para corregirla, e Investigar las causas de las afecciones de salud sufridas por las menores durante su estancia en el centro y, si es necesario, implementar medidas correctoras para garantizar una atención adecuada.
Ahora, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo deberá informar en el plazo máximo de dos meses si acepta esta resolución y las medidas adoptadas para su cumplimiento.