El pasado 9 de diciembre, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona absolvió del delito de entrada en el domicilio de persona jurídica a las ocho personas activistas de Greenpeace juzgadas por llevar a cabo una protesta pacífica en la que denunciaban las malas prácticas de la empresa Valle de Odieta SCL, propietaria de la macrogranja de vacuno de leche de Caparroso (Navarra). Por este delito se les solicitaba la pena de prisión de nueve meses. Por el contrario, se les condena como autores de un delito de daños por la rotura de la valla de la macrogranja de Valle de Odieta, imponiéndoles a cada uno la pena de 14 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros (3.360 euros). La acusación del Ministerio Fiscal solicitaba que la pena fuera de 10 euros/día, y la acusación de la empresa que la pena fuera de 15 euros/día. A esto se suma la condena por los gastos de reparación de la valla, que asciende a 1.208,75 euros. En conjunto, los y las activistas tendrán que pagar una multa de 28.880,75 euros.
Sin embargo, se desestima la pretensión de los gastos de veterinario (1.306,98 euros) por la que empresa quería imputar a los activistas la responsabilidad de que 79 terneros hayan tenido diarreas y deshidratación, muy probablemente más bien debido al estrés de malvivir en una macrogranja, en los días subsecuentes a la protesta.
“Una vez más, la Justicia nos da la razón a las personas que defendemos el medioambiente: no condena la y los activistas a prisión por manifestarse en contra de la macrogranja que Valle de Odieta tiene en Caparroso, aunque les condena a una elevada multa por los supuestos desperfectos que hayan podido ocasionar en las instalaciones”, ha afirmado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y una de las activistas juzgadas, que continúa: “Consideramos que esta denuncia y posterior juicio iniciado por Valle de Odieta es un nuevo intento de amedrentarnos y acallar nuestra protesta. Lamentablemente, hoy en día manifestarse en contra del destructivo modelo de ganadería industrial sale caro, pero en 40 años de vida de Greenpeace en España no nos han callado, y no nos van a callar”, añade Flores.
Esta acción de protesta surgió después de que Greenpeace fuera testigo, en febrero de 2021, del impacto ambiental provocado por reiterados vertidos masivos ilegales de purines de la macrogranja de Caparroso. Vertidos que llegaron a acuíferos y ríos y afectaron la Zona Especial de Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón, uno de los espacios protegidos bajo la Red Natura 2000, que recoge los espacios ambientales más importantes de Europa. Precisamente, por ese episodio de contaminación, tras las investigaciones pertinentes, el Juzgado de Tafalla detectó indicios de delito ambiental en la actividad de la macrogranja, aunque aún no hay fecha para la celebración del juicio.
“La Justicia ha juzgado más rápido a las personas que defendemos la naturaleza y el medioambiente que a aquellos que lo destruyen. Valle de Odieta sigue sin ser juzgada por el presunto delito medioambiental que precisamente ha llevado a los activistas de Greenpeace a manifestarse”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de ganadería de Greenpeace España y otro de los activistas juzgados. “El Gobierno de Navarra no debe permitir que una empresa con la trayectoria de Valle de Odieta siga ampliando su actividad, tal como pretende, y mucho menos antes de que se conozca la sentencia sobre el presunto delito medioambiental por la que se le juzga”, concluye Ferreirim.
