NA+ dice que se produjo «una actuación no amparada por la ley»
PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado que Intervención «no modificó» un informe sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, sino que «fue el órgano gestor -el departamento de Salud- quien aportó al expediente elementos adicionales, modificando así su contenido antes de su aprobación, y dando origen a un informe diferente».
«No se ha alterado el sentido de ningún informe de fiscalización», ha garantizado la consejera, tras incidir en que el órgano gestor, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de control interno, «aceptó subsanar las deficiencias observadas en el expediente, siendo objeto, por tanto, de una nueva fiscalización» y dando origen a un nuevo informe en el que «se da cuenta del proceso de aportación adicional de información».
Así lo ha manifestado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno por Navarra Suma sobre «la justificación jurídica que ampara la alteración del sentido de un informe de intervención tras una reunión entre consejeras del Gobierno y directores generales».
Saiz ha emplazado a Navarra Suma a no acudir a los plenos «a hacer apología de la mala gestión» y ha considerado que «hay que venir con conocimiento de los temas». De esta forma, ha explicado que el interventor «actúa a instancias del gestor» y que la decisión de aceptar o no el reparo «corresponde al gestor».
«La fiscalización previa es un control preventivo que permite corregir deficiencias detectadas antes de que el expediente se culmine, es un mecanismo para depurar errores al que el Gobierno no va a renunciar. Cada vez que se cambia un expediente para corregir una deficiencia, se fiscaliza de nuevo», ha manifestado.
En relación a los expedientes de emergencia, ha relatado que «primero se actúa para atender la situación y luego se aprueban las actuaciones realizadas». «Eso es lo que se fiscaliza, la aprobación de las actuaciones. El pago se puede realizar antes de recibir la mercancía, y una vez recibida la factura es obligado hacerlo en 30 días», ha añadido.
A este respecto, ha subrayado que «no es obligatorio licitar en expedientes de emergencia para adjudicar al más barato, por lo que la fiscalización previa únicamente puede señalar una deficiencia por precio excesivo si este se desvía claramente de otras opciones más económicas e igualmente accesibles».
En esta línea, ha asegurado que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de julio de 2022 señala un valor medio para el precio de las mascarillas en torno a los 2,5 euros. «Esta Administración contrató en agosto de 2020 a 2,30 euros, no hubo perjuicio para la Hacienda foral de Navarra, el precio que se pagó se situaba en parámetros normales de aquella época», ha garantizado.
Tras emplazar a Navarra Suma a «seguir enredándose en torno a esta cuestión» y «estirar el chicle hasta que asuman que no da más de sí», ha trasladado que el Ejecutivo foral seguirá dando las explicaciones «necesarias» porque «no hay nada que ocultar».
Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha apuntado que la ley foral de Hacienda Pública «expresa con claridad» que el control de Intervención se ejercerá «con plena autonomía». «Una consejera de Hacienda, acompañada de otra, de Salud, cuya gestión se cuestiona, y un director general son los responsables más inadecuados y más improcedentes para modificar, alterar, revocar o dar lugar a otro informe de intervención en otro sentido», ha considerado.
A su juicio, es «aún peor» si quien convoca la reunión «es la propia consejera de Hacienda», la responsable en última instancia del servicio de Intervención, y «todavía más grave» si en la reunión de 7 personas no asisten ni un solo representante del servicio de Intervención, que es «el responsable de la elaboración de los informes de fiscalización que son revocados». «La reunión convocada desembocó en una actuación no amparada por la ley», ha concluido.
