La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado su decisión de mantener abierta la investigación contra la exconsellera de Justicia e Interior por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. A través de un auto, el tribunal desestima el recurso de apelación que solicitaba el sobreseimiento libre de la causa, una petición a la que también se había adherido el ex secretario autonómico de Emergencias.
Los magistrados ratifican así la postura de la magistrada de Catarroja, quien investiga las 230 muertes registradas durante la catástrofe. Según la Sala, la existencia de "indicios iniciales suficientes" obliga a continuar con la instrucción para despejar cualquier duda sobre la responsabilidad penal de los gestores públicos.
Argumentos del tribunal sobre la posición de garante
La defensa de la exconsellera solicitaba el archivo definitivo argumentando que las muertes se debieron a una catástrofe natural de magnitud imprevisible y desarrollo veloz. Alegaba, además, una supuesta falta de información sobre la avenida de agua en el barranco del Poyo que le habría impedido reaccionar a tiempo desde el Cecopi.
Sin embargo, la Audiencia de Valencia rebate estos argumentos citando los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), los avisos emitidos por la Aemet, las llamadas al 112 y la información difundida por los medios de comunicación aquel día. El tribunal subraya que no se puede descartar que la investigada, dada su posición de garante, haya incurrido en una conducta omisiva que generara un riesgo jurídicamente desaprobado.
Continuación de la fase de instrucción
El auto judicial es contundente al señalar que "no es el momento procesal oportuno" para discutir el archivo del procedimiento. Los magistrados explican que la valoración de la gravedad de la imprudencia solo podrá realizarse una vez concluida la investigación y practicadas todas las diligencias necesarias.
Por otro lado, la Audiencia también ha notificado la desestimación de los recursos de las acusaciones populares (Vox y Liberum), que pretendían citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), respaldando así el criterio de la jueza instructora de no ampliar la imputación por el momento.
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