Este martes ha sido el turno del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite Cornago en la comision de investigación sobre las adjudicaciones de obras públicas. El consejero arrancó con un mensaje dirigido a fijar el marco del debate: las controversias en la mesa de contratación de Belate, subrayó, “fueron anteriores” a su toma de posesión, y las comparecencias de los miembros de dicha mesa “han dejado claro que no ha habido injerencia política”. Recordó además que el expediente de adjudicación de las obras de duplicación del túnel fue auditado por la Cámara de Comptos y que su presidente trasladó que la asesoría jurídica analizó “profunda y detenidamente” el contrato sin encontrar “ninguna ilegalidad”.
Óscar Chivite insistió desde el inicio en que sus competencias, según el decreto de estructura 249/2023, se limitan a la aprobación de proyectos y su información pública, pero no alcanzan a las adjudicaciones ni al control de ejecución de las obras. “Yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate, porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación”, recalcó, poniendo el acento en que se trata de procedimientos “controlados por técnicos y funcionarios”. Añadió además que, dos años y medio después, las obras de Belate “no forman parte de ninguna investigación judicial” dentro de la causa que motiva la comisión.
El tono de la sesión subió de inmediato con la intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, que acusó al consejero de “comenzar lavándose las manos” y le interrogó de forma incisiva sobre cómo había preparado su comparecencia y con quién se había asesorado. Chivite respondió que había preparado la intervención personalmente, aunque admitió que había consultado “con mucha gente”, principalmente su equipo y técnicos, pero se negó a dar nombres al considerar que no correspondía “relatar aquí” con quién se había asesorado. Esa negativa fue calificada por Esparza como “una buena manera de empezar” y marcó la tónica de un interrogatorio plagado de reproches y preguntas directas.
El portavoz regionalista introdujo rápidamente el nombre de Santos Cerdán y de varios empresarios presuntamente vinculados a la trama investigada, señalando que el Gobierno del que forma parte Chivite ha adjudicado “76 millones de euros” a dos empresas bajo investigación por conformar una “trama corrupta” que adjudicaba obra pública de manera indebida y cobraba comisiones. Subrayó que en Belate “se repiten los protagonistas” —entre ellos Santos Cerdán, Servinabar y Acciona— y cuestionó al consejero si se fiaba del dirigente socialista y si le consideraba inocente.
Chivite rehuyó de manera sistemática ese terreno. Reconoció conocer a Santos Cerdán, pero rechazó pronunciarse sobre si “se fía” de él, al entender que la expresión conlleva muchas connotaciones y que su labor en la comisión no es emitir juicios personales. “En todo lo que me vaya a preguntar sobre opiniones, sobre este tipo de preguntas que al final son capciosas, me voy a limitar a contestar a lo que me compete como consejero de Cohesión Territorial”, avisó. También evitó responder si pondría “la mano en el fuego” por Cerdán, por la presidenta María Chivite o por otros cargos socialistas como Ramón Alzórriz, aduciendo que para ello sería necesario “tener total conocimiento” de todos los hechos y capacidad para juzgarlos, circunstancias que, dijo, no se dan.
El choque se hizo más evidente cuando Esparza le acusó abiertamente de mentir al afirmar que el procedimiento era “legal y transparente”, recordando que la Oficina Anticorrupción había calificado la adjudicación de nula de pleno derecho y que varios funcionarios que participaron en la mesa de contratación defendieron que la licitación no fue conforme a la ley. El consejero replicó que el contrato es “absolutamente legal” porque no existe ningún pronunciamiento judicial en contra y porque todos los actos administrativos “son eficaces”. Explicó que, frente a los informes críticos de algunos técnicos, dispone también de dictámenes de la asesoría jurídica que sostienen exactamente lo contrario: que el procedimiento de Belate se ajustó a la legalidad.
Uno de los puntos más tensos giró en torno al papel de Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación-Chivite confirmó que su puesto ya ha sido cubierto en diciembre de 2025-, y a las supuestas presiones para que un técnico “repensara” sus puntuaciones. A juicio de Esparza, el intento de Polo de que otro miembro de la mesa modificara su valoración constituye una “interferencia” en el resultado de la adjudicación y demuestra una actuación irregular. Chivite, en cambio, defendió que se trata de “deliberaciones dentro de una mesa independiente”, con capacidad para autogestionarse, y que ese tipo de debates forman parte de la búsqueda de “la mejor fórmula para adjudicar a la empresa que más se lo merece”.
El consejero también tuvo que responder por las discrepancias entre técnicos y la propia Oficina Anticorrupción respecto a los sobrecostes de la obra, que algunos informes atribuyen más al interés de la UTE adjudicataria que a imprevistos reales. Esparza recordó que el interventor llegó a afirmar que hubiera paralizado la licitación por los rumores sobre la adjudicación y que proyectistas del túnel discrepaban de la mayoría de los sobrecostes. Chivite, sin embargo, se remitió a las actas finales y a las resoluciones firmadas por esos mismos técnicos e interventores, así como a un informe del interventor general que, según sostuvo, consideró el contrato de Belate “perfectamente legal”.
La oposición reprochó además al consejero que en su comparecencia previa en el Senado hubiera sostenido que el director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, no tenía otra opción que acomodarse a la resolución de la mesa de contratación y firmar la adjudicación. Esparza le recordó que tanto López Vera como expertos en contratación pública y la propia Cámara de Comptos reconocieron que existía la posibilidad de remitir el expediente a la Junta de Contratación Pública para su revisión, y acusó a Chivite de hablar “sin conocimiento de causa”. El consejero matizó su posición y afirmó que lo que quiso trasladar es que el director general habría tenido “más problemas” si no se hubiera ajustado a la resolución de la mesa, pero mantuvo que la función del órgano de contratación es precisamente acomodarse a ese dictamen.
La sesión derivó también hacia la gestión interna del departamento, con especial atención al caso del técnico Lorenzo Serena, que denunció las presuntas irregularidades ante la Oficina Anticorrupción y fue posteriormente reubicado en un almacén en Landaben. Preguntado por si había pedido su apartamiento o si consideraba que se le había dado un trato injusto, Chivite lo negó y sostuvo que se trató de una reestructuración interna, “potestad del director general”, en la que confía. Aseguró que nunca ha tenido motivos para tomar represalias contra Serena y recordó que el propio técnico solicitó rectificaciones a un medio de comunicación para dejar claro que él no había hablado de una “adjudicación a dedo”.
Otro de los momentos clave fue cuando se abordó el cese del propio López Vera tras el llamado “reparo suspensivo”. Chivite explicó que la destitución fue una decisión de la presidenta del Gobierno después de una reunión con los socios de la coalición, al considerar que el director general había sido el responsable de una “tramitación inadecuada” del modificado de la obra. El consejero dijo no tener nada que reprochar a su excolaborador, al que agradeció públicamente su trabajo y su disposición, pero admitió que acató sin cuestionar la decisión de la jefa del Ejecutivo.
La discusión sobre el momento en que Jesús Polo votó en la mesa de contratación —si lo hizo el último, como recogían inicialmente los votos particulares, o si ya tenía su valoración antes de conocer las del resto— añadió más dudas al relato oficial. Esparza puso de relieve que, aunque durante meses se dio por hecho que el presidente votó el último, Chivite deslizó en el Senado que no lo sabía con certeza y que Polo le había transmitido otra versión. El consejero admitió que el presidente de la mesa le contó que tenía su valoración previa, pero alegó que entonces no disponía de pruebas documentales para sostenerlo públicamente y que corresponde a Polo defender su propia versión.
A lo largo de sus intervenciones, Chivite se esforzó en presentar al departamento de Cohesión Territorial como una estructura transparente y sometida a un intenso escrutinio político. Recordó que en los últimos dos años se han realizado “137 actos de comunicación, comparecencias y preguntas” en torno a Belate, lo que equivale —subrayó— a “una y media vez por semana” de explicaciones. “Hemos dado todas las explicaciones que se nos han pedido y nos hemos ajustado siempre a las resoluciones y a las actas finales”, reiteró, manteniendo la línea de defensa centrada en la legalidad formal y en el protagonismo técnico de las decisiones.
Frente a ello, la oposición, y en particular UPN, dibujó el cuadro de una adjudicación rodeada de advertencias de ilegalidad, informes contradictorios, decisiones políticas poco transparentes y relaciones cruzadas con una presunta trama de corrupción en la obra pública. Esparza llegó a afirmar que el consejero pasará a la historia por haber adjudicado, dentro de su departamento, 76 millones a una UTE en la que participa la empresa vinculada al “político socialista más influyente de la comunidad”.
El choque de relatos quedó, por ahora, sin conciliación posible: mientras el consejero se refugia en las garantías formales del procedimiento y evita cualquier juicio personal, la oposición insiste en que “poco a poco va saliendo la verdad” y que la comisión de investigación deberá dirimir las responsabilidades políticas de lo ocurrido en Belate.
