La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado este martes nuevas diligencias de investigación para esclarecer las causas del colapso de la pasarela en la playa de El Bocal. El siniestro, ocurrido el pasado 3 de marzo, se cobró la vida de seis personas al ceder la estructura de la senda costera. La magistrada centra ahora sus pesquisas en la gestión de la llamada de alerta recibida el día previo a la tragedia y en la calidad técnica de la construcción.
La instructora ha requerido al inspector jefe de la Policía Local de Santander que aclare si existe un protocolo de actuación específico para los avisos procedentes del Servicio de Emergencias 112. Esta decisión surge tras las declaraciones de la gestora y la agente implicadas en la comunicación del día anterior al accidente, buscando determinar la dinámica operativa ordinaria de ambos servicios ante alertas de ciudadanos.
Investigación sobre los materiales y el proyecto técnico
En una nueva línea de investigación, la jueza ha solicitado al perito judicial un análisis exhaustivo de los herrajes de apoyo de la estructura. Se busca confirmar si el proyecto de 2014 preveía el uso de acero inoxidable y si los materiales instalados realmente cumplían con la normativa técnica exigible. Aunque el Ayuntamiento de Santander sugirió posibles modificaciones en el diseño original durante la ejecución, la magistrada ha calificado estas afirmaciones de "carentes de rigor técnico" al no estar suscritas por profesionales.
Citaciones de operarios y responsables de mantenimiento
La resolución judicial incluye la citación como testigos de figuras clave en la conservación de la infraestructura. Comparecerán ante el tribunal la jefa de obra y los operarios que realizaron labores de mantenimiento en el verano de 2024, así como el ingeniero industrial que firmó el proyecto original.
Asimismo, se ha solicitado a la demarcación de Costas el expediente completo del contrato de mantenimiento de 2023. Esta documentación deberá incluir órdenes de trabajo, presupuestos y facturas detalladas de las reparaciones efectuadas en la pasarela siniestrada apenas unos meses antes de su desplome. El objetivo es determinar si la intervención de julio de 2024 fue suficiente o si existieron deficiencias en la supervisión de la seguridad estructural