El Gobierno de España ha aprobado este martes un acuerdo clave para la protección civil, declarando zonas afectadas gravemente por una emergencia a territorios de trece comunidades autónomas. La medida busca dar una respuesta ágil a los daños personales y materiales provocados por 42 episodios catastróficos registrados entre el 10 de febrero y el 30 de marzo, con especial incidencia de las borrascas Nils y Therese.
Subvenciones y resarcimiento de daños por emergencias
El paquete de medidas, impulsado por el Ministerio del Interior, activa una serie de ayudas destinadas a paliar los efectos de inundaciones, incendios industriales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Los ciudadanos afectados podrán solicitar subvenciones para cubrir daños en viviendas y enseres, así como compensaciones por daños personales. Además, se contempla el apoyo a las corporaciones locales para la reparación de infraestructuras esenciales y equipamientos municipales.
La cobertura alcanza a territorios en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. El acuerdo incluye también episodios previos en las provincias de Burgos y León, garantizando que ningún territorio afectado quede fuera de la fase de recuperación.
Beneficios fiscales y apoyo a sectores productivos
La intervención estatal, fundamentada en el principio de solidaridad interterritorial, se extiende a otros departamentos. El Ministerio de Hacienda estudiará la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habilitará fondos para las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido las inclemencias invernales o fenómenos costeros.
En el ámbito laboral, se prevén bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos afectados, reforzando el escudo social en las zonas damnificadas. Esta acción coordinada de Protección Civil asegura que la Administración General del Estado actúe de forma subsidiaria y complementaria a las competencias autonómicas para agilizar la vuelta a la normalidad.
