Una operación internacional coordinada por Europol y Eurojust ha permitido desarticular una organización criminal acusada de introducir ilegalmente a más de 1.000 trabajadores extranjeros en España. La red, integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños, captaba a sus víctimas en Colombia y Perú bajo la falsa promesa de empleos cualificados como soldadores, cobrándoles hasta 300 euros por trámites burocráticos que resultaban ser fraudulentos.
La investigación, iniciada en mayo de 2025, ha culminado con la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona y del líder de la trama en Emiratos Árabes Unidos, este último mediante una orden de Interpol. La red utilizaba una empresa espejo en Sabadell para dar apariencia de legalidad a sus operaciones y subcontratar personal con compañías españolas del sector del metal utilizando documentación falsificada.
Explotación laboral y accidentes sin protección legal
Las víctimas eran trasladadas a España con la instrucción de simular ser turistas en las fronteras. Una vez en sus puestos de trabajo, los empleados operaban sin alta en la Seguridad Social y bajo condiciones de precariedad absoluta. Al carecer de cobertura legal y no disponer de equipos de protección individual (EPIs), varios trabajadores sufrieron accidentes laborales de los que no pudieron recibir la asistencia debida por su situación de desprotección.
La organización falsificaba sistemáticamente certificados de desplazamiento, reconocimientos médicos y cursos de formación. En los registros efectuados, los agentes intervinieron abundante documentación falsa, bloquearon cuentas bancarias e intervinieron tres vehículos, dos de ellos de alta gama, adquiridos presuntamente con los beneficios de la explotación.
Cooperación policial contra el tráfico de personas
En el operativo han participado más de 100 agentes, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y el Centro Especializado de Brasil. La Policía Nacional recuerda que mantiene activos canales de denuncia anónima para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, reforzando la vigilancia sobre las empresas que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores extranjeros.
