Luis Bárcenas ha dado un nuevo giro al juicio del caso Kitchen al identificar este lunes las siglas “M.R.” como Mariano Rajoy y confirmar que encargó desde prisión la destrucción de unos audios relacionados con el expresidente del Gobierno. Su declaración, prestada ante la Audiencia Nacional, vuelve a colocar al exjefe del Ejecutivo en el centro político y judicial de una causa que investiga el presunto operativo parapolicial orquestado para arrebatar al extesorero documentación sensible sobre la caja B del PP.
El exresponsable de las finanzas populares ha sostenido que pidió a otro interno de Soto del Real, experto en informática, que localizara y borrara esas grabaciones, a las que ha atribuido un contenido comprometedor para Rajoy. Bárcenas ha asegurado que los audios estaban vinculados con información relativa a la financiación irregular del partido, en una versión que se alinea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre el intento de neutralizar pruebas antes de que llegaran a manos judiciales.
La declaración llega en una semana clave dentro del juicio de la operación Kitchen, en la que también están citados como testigos Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La causa examina si desde el Ministerio del Interior, durante el Gobierno del PP, se impulsó una trama para sustraer a Bárcenas documentación comprometida para el partido y para sus dirigentes.
Según los avances conocidos del procedimiento, el testimonio de Bárcenas ha reforzado la línea acusatoria al vincular la operación con la ocultación de pruebas sobre la caja B y con la existencia de materiales que podrían haber comprometido aún más a la antigua cúpula popular. La declaración ha tenido además una fuerte carga política, al reabrir el debate sobre una de las tramas más sensibles de la última década en torno al Partido Popular y su etapa en el poder.
El juicio de Kitchen, que comenzó a principios de abril en la Audiencia Nacional, investiga un supuesto espionaje al extesorero del PP en plena instrucción del caso Gürtel, con el objetivo de hacerse con documentos y audios que pudieran incriminar al partido. En ese contexto, la intervención de Bárcenas vuelve a situar en primer plano las sombras sobre la financiación irregular y el uso de aparatos del Estado para proteger intereses políticos.