Tres semanas después del desalojo del Convento de Agustinas, los más de cien jóvenes migrantes que allí se refugiaban siguen sin una solución habitacional. La campaña Negu Gorriak – Derecho a Techo denuncia que la situación se ha agravado desde la madrugada del 13 de abril, cuando se ejecutó el desahucio sin haber articulado ninguna previsión para las personas afectadas.
La respuesta municipal se limitó, según la campaña, a ofrecer tres noches de alojamiento en albergue y billetes de autobús para abandonar Pamplona. Una salida que, en la práctica, equivalía a renunciar a meses de trámites burocráticos acumulados en la ciudad, donde estos jóvenes llevan tiempo en listas de espera para acceder a derechos básicos. El pasado 1 de mayo, quince noches después del desalojo, todas esas personas amanecieron de nuevo en la calle.
Acoso policial como "atención individualizada"
La nota de prensa presentada este miércoles apunta a que la única atención individualizada que se está materializando de forma constante es la policial. Según denuncian, en un mismo día pueden pasar por los improvisados asentamientos la Policía Municipal, la Policía Nacional y la Policía Foral para solicitar documentación. La campaña pide expresamente el cese de esa presión.
Durante los cuatro meses previos al desalojo, Negu Gorriak había tejido junto a los propios migrantes una red de acompañamiento, alojamiento y comida que incluía el proyecto El Cena D'Or, con la colaboración de sociedades y peñas como Arrano Elkartea, Zirimola, Antartika, Landare y Duguna. La campaña reúne además a entidades como CGT, Bakearen Etxea, Matalaz, Dar Etxea y Haritu.
Tres demandas concretas a las administraciones
La campaña emplaza al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra a reunirse de forma urgente con las asociaciones implicadas. Sus peticiones son tres: la cesión de algún inmueble vacío de titularidad pública para retomar el albergue autogestionado, el fin de lo que consideran un 'hostigamiento policial' y la retirada de las trabas al empadronamiento.
El Ayuntamiento convocó a otras administraciones a una primera reunión el 24 de abril, diez días después del desalojo. Desde entonces, la campaña afirma no haber tenido noticias del resultado de ese encuentro.
