La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia firme respecto a las sanciones impuestas a los dos menores implicados en el crimen de una educadora social. La Sala confirma la resolución previa del Juzgado de Menores, condenando a ambos como coautores de asesinato y robo con violencia. La medida impuesta conlleva seis años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de tres años de libertad vigilada.
Los hechos se remontan a la noche del 9 de marzo de 2025 en un piso tutelado ubicado en la urbanización Guadiana de la capital pacense. El cuerpo de la víctima, que ejercía sus funciones profesionales en dicho centro de custodia, fue hallado por los efectivos de la Policía durante la madrugada del día siguiente.
Absolución parcial por el delito de asesinato para la tercera implicada
En cuanto a la tercera menor involucrada en el proceso judicial, la Sala ha decidido estimar de forma parcial su recurso de apelación. Tras la revisión de los hechos, el tribunal la absuelve del delito de asesinato en calidad de cómplice. El motivo principal de esta decisión reside en un defecto de forma procesal: un auto de rectificación de errores que añadía un párrafo clave a la sentencia original para fundamentar dicha complicidad.
La Audiencia ha señalado que esta resolución posterior excedía los márgenes jurídicos permitidos, al introducir elementos nuevos que perjudicaban a la acusada ("contra reo"). No obstante, la menor sí mantiene una sanción de dos años de internamiento en régimen cerrado por su participación probada en el delito de robo con violencia.
Recursos judiciales y estado procesal de la sentencia en Extremadura
Este caso ha generado una gran repercusión en el ámbito de la justicia de menores y la seguridad en los centros de acogida. El proceso se ha centrado en determinar el grado de responsabilidad de cada joven custodiado en el momento del suceso.
La resolución, que ha sido notificada este jueves a todas las partes personadas, todavía no es firme. Dado el calado de los delitos de sangre y la tipificación penal aplicada, contra ella aún cabe interponer un recurso de casación ante las instancias superiores.