El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en Madrid ha escenificado una profunda fractura entre el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas. Los consejeros de salud de las distintas comunidades autónomas han suscrito un documento conjunto de rechazo frente a la gestión de la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, una normativa básica estatal cuya modificación exclusiva compete al Gobierno central pero que impacta directamente en la gestión de las redes asistenciales autonómicas.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha ejercido como portavoz de este malestar colectivo al término de la reunión sectorial. Martínez ha afirmado que la ministra Mónica García "ha entrado sola y ha salido sola" del encuentro, subrayando que el Ejecutivo central ha perdido una valiosa oportunidad para forjar un marco de concertación social y política. La reforma del marco normativo ha salido adelante en el Consejo de Ministros sin contar con el respaldo de las organizaciones médicas y con el rechazo explícito de los principales agentes sociales.
Consecuencias de la huelga de médicos en la sostenibilidad del sistema público
La falta de acuerdo en la tramitación parlamentaria y sectorial de la ley ha derivado en una convocatoria de huelga de médicos de ámbito estatal. Las administraciones autonómicas han denunciado que, a pesar de carecer de competencias sobre la raíz jurídica del conflicto laboral, son los servicios de salud de las comunidades los que deben asumir de forma directa todas las consecuencias organizativas, presupuestarias y asistenciales frente a la ciudadanía para garantizar la continuidad asistencial.
El texto de consenso autonómico incide en que la aprobación del proyecto normativo no soluciona la crisis de la sanidad pública, agudizada por un contexto de déficit de profesionales sanitarios, el envejecimiento progresivo de la población y la cronificación de patologías. Las autonomías han urgido al ministerio a reabrir una negociación real que plantee medidas estructurales eficaces a largo plazo y han tendido la mano para desactivar unas movilizaciones que afectan a organizaciones sindicales de la relevancia de Satse, UGT y CSIF.
El modelo de negociación en Euskadi frente a la crisis del sector público estatal
En el ámbito de la comunidad autónoma vasca, el Departamento de Salud y el servicio público Osakidetza defienden una estrategia diferenciada basada en la interlocución directa con el Sindicato Médico de Euskadi, jefes de servicio y representantes de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI). Esta vía de negociación autonómica cuenta con una propuesta económica sobre la mesa que contempla una inversión de 70 millones de euros anuales destinados a mejoras laborales y retributivas.
El plan del Ejecutivo vasco incluye medidas concretas de reorganización de la atención primaria, incremento en las cuantías de las guardias médicas, mejoras en la productividad, ampliación de los periodos de descanso y el refuerzo de la carrera profesional. El consejero Martínez ha aclarado que, aunque las competencias autonómicas y los acuerdos internos en Euskadi no puedan desconvocar de manera automática un paro general regulado por la normativa estatal, la administración mantendrá abiertos todos los canales de escucha y realismo financiero para responder a las demandas de los facultativos.
