El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real Decreto-ley en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que prorroga tres meses las medidas de alivio fiscal en energía y carburantes aprobadas en marzo, aunque con una retirada progresiva conforme avanza el verano. El paquete moviliza 1.825 millones de euros este año y otros 2.700 millones en ahorro fiscal previsto para 2027 y 2028.
La principal novedad es la rebaja escalonada del Impuesto sobre Hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, lo que se traduce en un ahorro estimado de 939 millones de euros y se traducirá en un abaratamiento directo en el precio de las gasolinas y el gasóleo. El decreto incluye además un mecanismo de salvaguarda: si el IPC de los carburantes superara en más de un 15% el del mismo mes del año anterior, la rebaja podría ampliarse hasta los 20 céntimos por litro en agosto y septiembre.
En materia de electricidad y gas, el decreto no mantiene de forma automática las rebajas del IVA —del 21% al 10%— ni la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad —del 5,1% al 0,5%— que estuvieron vigentes durante el primer semestre, pero establece un mecanismo para reactivarlas en agosto y septiembre si los precios se encarecen más de un 15% respecto al mismo periodo de 2025.
Agricultores y transportistas, protegidos hasta finales de septiembre
El decreto amplía igualmente hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias al gasóleo agrícola y al gasóleo profesional para empresas de transporte por carretera, incluyendo autónomos, sociedades con licencias de transporte y titulares de autobuses urbanos. Todas estas ayudas son gestionadas por la Agencia Tributaria.
El impuesto a la producción eléctrica, camino de su desaparición
En el ámbito estructural, el decreto establece reducciones crecientes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: un 30% en el tercer trimestre de 2026 y un 40% en el cuarto, con un ahorro de 315 millones este año. El tipo pasará del 7% actual al 3,5% en 2027 y quedará fijado en el 0% a partir de 2028, cuando el Gobierno prevé que los costes del sistema eléctrico se habrán reducido a la mitad.
El decreto incluye también medidas para acelerar el despliegue de renovables, agilizar la repotenciación de líneas eléctricas e incorporar baterías en territorios no peninsulares, y amplía las facultades de la CNMC para supervisar el funcionamiento del mercado de carburantes y exigir información a mayoristas y minoristas de la cadena de distribución.