La movilidad de las personas trabajadoras ha dejado de ser una cuestión meramente organizativa para convertirse en un elemento estratégico dentro de las empresas. Con la entrada en vigor de la Ley 9/2025, numerosas organizaciones deberán adaptarse a una nueva obligación: disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).
El objetivo de esta medida es avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo las emisiones derivadas de los desplazamientos diarios y fomentando alternativas de movilidad más sostenibles.
¿Qué empresas están obligadas?
La normativa establece un plazo hasta diciembre de 2026 para que determinadas empresas elaboren e implanten su Plan de Movilidad al Trabajo. Entre las organizaciones obligadas se encuentran:
Empresas con más de 200 personas trabajadoras en un centro de trabajo.
Empresas con más de 100 personas por turno, aunque el número total de empleados sea inferior a 200.
Asimismo, la ley contempla la posibilidad de que varios centros ubicados en un mismo polígono industrial o parque empresarial desarrollen un Plan de Movilidad Mancomunado, compartiendo recursos e infraestructuras.
Una figura clave: el Gestor de Movilidad
La Ley 9/2025 incorpora también la figura del Gestor de Movilidad, una persona encargada de coordinar la implantación y el seguimiento del plan dentro de la organización.
Entre sus funciones destacan la interlocución con las administraciones públicas y operadores de transporte, el seguimiento de los objetivos establecidos y la gestión de posibles ayudas y subvenciones destinadas a impulsar la movilidad sostenible, como las vinculadas a programas europeos.
No basta con implantar el plan
El Plan de Movilidad no es un documento estático. La normativa establece que deberá revisarse cada dos años para evaluar su eficacia y actualizar las medidas implantadas en función de la evolución de la empresa y de las necesidades de la plantilla.
Además, el incumplimiento puede tener consecuencias importantes. La ley contempla un régimen sancionador que puede derivar en multas de elevada cuantía en función de la gravedad de la infracción. A ello se suma un aspecto especialmente relevante para muchas organizaciones: la ausencia de un PMST puede limitar el acceso a determinados contratos públicos y ayudas vinculadas a la transición ecológica.
Una oportunidad para mejorar la competitividad
Aunque la implantación del Plan de Movilidad responde a una obligación legal, su alcance va mucho más allá del cumplimiento normativo.
Una correcta planificación de la movilidad permite reducir los accidentes in itinere, mejorar el bienestar de las personas trabajadoras, optimizar los desplazamientos diarios, disminuir costes asociados al transporte y reforzar el compromiso de la organización con los criterios ESG y la sostenibilidad.
En un contexto en el que la responsabilidad ambiental y social adquiere cada vez mayor relevancia, desde Ingade ayudan a que el Plan de Movilidad Sostenible se presente como una herramienta que no solo responda a las exigencias regulatorias, sino que también contribuya a construir empresas más eficientes, responsables y preparadas para afrontar los retos del futuro.
