Amnistía denuncia «ausencia de justicia» tras 35.000 muertes de mayores en residencias durante la pandemia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional ha denunciado que, después de 35.000 muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia, las víctimas y familiares solo han recibido «opacidad por parte de la Fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales».

«El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados», ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Ante esta situación, reclama la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas.

Esta situación de abandono se refleja en testimonios como el de Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia. «Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir», ha manifestado.

Según señala Amnistía Internacional, las autoridades han «incumplido» su obligación de investigar de forma «exhaustiva y adecuada» las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias. Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos: vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna.

OPACIDAD DE LA FISCALÍA

Además, la organización denuncia la «opacidad» de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, «no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido».

Tampoco existe información, según precisa, para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa. La Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales en febrero y octubre de 2022, sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de las mismas.

En este sentido, añade que los datos publicados hasta el momento son «parciales», y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales, como el caso de la Fiscalía de Madrid, que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, y donde el 86% de los casos han sido archivados, o la Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021, que da cuenta de su preocupación por los derechos de las personas mayores, pero ofrece «escasos» datos sobre los casos penales.

Para la organización, el «único paso positivo» es que el oficio remitido por Fiscalía el pasado mes de octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes. Si bien, considera que la medida resulta «limitada» si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse.

Por otro lado, Amnistía Internacional enumera algunos casos en los que considera que se han logrado «avances» en las fiscalías provinciales, como en la Fiscalía de Mataró, que abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia; o en Madrid, donde un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y del entonces director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales, Carlos Mur.

REAPERTURA DE LOS CASOS ARCHIVADOS

Por todo ello, Amnistía Internacional exige la reapertura de aquellos casos archivados para que se reexaminen y se valore adecuadamente si se investigó lo suficiente, incluyendo los testimonios de familiares.

Por otro lado, la organización lamenta «obstáculos» a nivel autonómico y precisa que, actualmente, solo continúa activo un grupo de trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.

Además, considera que el Defensor del Pueblo «no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido» y recuerda que le ha solicitado la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes en residencias. También critica la actuación del Consejo General del Poder Judicial que «tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales».

ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO

En este contexto, la organización solicita al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas. «Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos», concluye Beltrán.

Sobre el nuevo modelo residencial que se aprobó el pasado mes de junio de 2022, Amnistía Internacional valora positivamente algunos aspectos como el establecimiento de unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal o asegurar la dignidad de trato, pero cree que es mejorable en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos.

Además, la organización expresa su preocupación por que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que planteaban borradores previos, dejándolo en manos de las comunidades autónomas, y que no se garantice que las denuncias sean anónimas.

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