Anticorrupción pide al juez del ‘caso Villarejo’ prorrogar la investigación para ahondar en las facturas a Iberdrola

Solicita interrogar como testigos a cuatro directivos que habrían intervenido en facturas relacionadas con ‘Arrow’

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilegales de Iberdrola a José Manuel Villarejo que prorrogue otros seis meses las pesquisas para ahondar en una serie de facturas que guardarían relación con los supuestos servicios prestados por el ahora comisario jubilado, razón por la cual pide llamar como testigos a cuatro directivos, algunos ya fuera de la empresa.

En un informe del pasado 18 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas indican que «se ha constatado la imposibilidad de finalizar la instrucción de la presente causa en el plazo acordado», que expira el próximo viernes, «a pesar de la relevante actividad instructora desarrollada en el último período».

Los fiscales creen que es necesario realizar más diligencias. Así, reclaman al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que cite a Francisco Blázquez y Mariano Rodríguez, directivos de Iberdrola que figuran como «solicitantes autorizados» en facturas emitidas por la empresa Casesa a Iberdrola en 2005 por más de 100.000 euros supuestamente vinculadas a los servicios de seguridad prestados en la central de Arcos de la Frontera.

«Resulta relevante que se les reciba declaración acerca de las facturas emitidas por Casesa a Iberdrola durante el 2004 y que, según manifestaciones del investigado José Antonio del Olmo, corresponderían igualmente a servicios relacionados con la central de Arcos de la Frontera, aunque no habrían sido prestados por Casesa –como se hizo figurar en las facturas– sino que habrían sido efectivamente prestados por José Manuel Villarejo», explican.

También estiman oportuno escuchar el testimonio de Gladys Galán, otra directiva de Iberdrola que «firmó la solicitud de pago inmediato de las facturas 17/06, 26/06 y 31/06 emitidas por CENYT (el grupo empresarial de Villarejo) a Iberdrola», conforme recoge el informe ‘forensic’ elaborado por Pricewaterhouse en marzo de 2020.

Sobre estas facturas, apuntan que el ex jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo «reconoció, en su declaración judicial en calidad de investigado, que los conceptos no correspondían a los servicios efectivamente prestados; que, atendiendo a sus fechas, podrían corresponder a los proyectos denominados ‘Arrow’ y ‘Front’; y que, como se indica, se ordenó su pago inmediato, desconociéndose los motivos que justificaron dicho pago inmediato», cuestiones que instan a aclarar.

Asimismo, interesan interrogar como testigo a Manuel Echaburu, uno de los directivos de Iberdrola que «firmó la solicitud con referencia 5020 de fecha 10 de febrero de 2005», de acuerdo con el citado ‘forensic’.

A este respecto, los fiscales recuerdan que Del Olmo –ex director de Control de Funciones Corporativas– dijo en su declaración judicial de 2019 que «dicha comunicación fue remitida a instancia suya y en virtud de las sospechas que le infundían esas facturas por el Director de Recursos Humanos y Servicios (Fernando Becker) a la Dirección de Administración Control y Regulación (José Luis San Pedro)».

«Resulta relevante la declaración solicitada de Manuel Echaburu a los efectos de determinar, no la intervención de Fernando Becker Zuazúa, respecto de quien, por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de 27 de junio de 2022 ya se ha acordado el sobreseimiento de la causa, sino las sospechas que podían existir sobre dichas facturas», exponen.

Las tres testificales estarían relacionadas con ‘Arrow’, donde en un primer encargo se habría encomendado a la estructura empresarial de Villarejo que eliminara la oposición, tanto política como de grupos ecologistas, a la construcción de una central de ciclo combinado que Iberdrola estaba construyendo en Arcos de la Frontera (Cádiz).

LA POLICÍA SIGUE EXPLORANDO

Además, para justificar la nueva prórroga, los fiscales ponen sobre la mesa que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sigue examinando la «ingente documentación» que se intervino en los distintos registros realizados en casas y oficinas de Villarejo y otros investigados en ‘Tándem’, los primeros de los cuales se produjeron en noviembre de 2017.

«Con lo que no se puede descartar que, a resultas de dicho examen, resulte pertinente alguna nueva diligencia de instrucción en esta pieza separada que, lógicamente, no puede ser concretada en este momento procesal», subrayan.

De esta documentación pendiente de analizar, Anticorrupción destaca «la relativa a la actividad mercantil de las empresas del Grupo CENYT, como libros de comercio, cuentas anuales, documentación fiscal y documentación contable».

En la misma línea, enfatiza que, junto a esta pieza separada número 17, en ‘Tándem’ –la macrocausa sobre los negocios privados de Villarejo– aún se investigan otras trece, más la pieza principal.

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