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Aprueban la revalorización de más de 10,3 millones de pensiones


El Ejecutivo también ha acordado medidas para favorecer la contratación y dotar de más protección a los trabajadores autónomos y a los desempleados. Además, ha rebajado los límites de velocidad en las carreteras convencionales y ha estudiado ampliar el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra menores.

​El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que incluye la revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de las clases pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2019.

Con carácter general, el 1 de enero de 2019, las pensiones contributivas se revalorizarán el 1,6% y las pensiones mínimas y no contributivas un 3%. Además, a partir de la nómina de enero, se eleva la base reguladora de las pensiones de viudedad en un 4%, que se suma a la mejora en otros cuatro puntos aprobada en julio.

Además, los pensionistas recibirán en el mes de abril una paga adicional del 0,1%, que es la diferencia entre la revalorización del 1,6% aplicada en 2018 y el Índice de Precios al Consumo (IPC) de este año, que se sitúa en el 1,7%. La subida final para el presente año ha sido, por tanto, del 1,7%.

La revalorización afectará a 10.340.805 pensiones públicas, de las que 9.692.296 son contributivas. Del resto, 451.229 son de carácter no contributivo y 197.280 corresponden a prestación familiar por hijo a cargo con 18 o más años y minusvalía superior al 65%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros para hacer balance de su gestión, ha resaltado que los pensionistas ganarán poder adquisitivo tras años de merma constante por el efecto del sistema anterior de cálculo de las prestaciones.

Pedro Sánchez ha afirmado que “la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones requiere diálogo, no más imposiciones”, por lo que la voluntad del Ejecutivo es que, en el marco del diálogo social, se llegue a un acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema público preservando el poder adquisitivo de los jubilados. “Las pensiones son para este Gobierno un derecho de la ciudadanía, no son una mercancía con la que hacer negocio”, ha dicho.

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