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Navarra impulsa una nueva ley foral para reforzar la reparación y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo

El Gobierno abre a participación pública el anteproyecto, que plantea ampliar ayudas, mejorar la atención integral y promover la deslegitimación de la violencia

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  • Un acto en solidaridad con las víctimas del terrorismo en Pamplona

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha el proceso para aprobar una nueva Ley Foral de Víctimas del Terrorismo con la que pretende actualizar el marco normativo vigente —que se remonta a 2010— y reforzar la reparación, atención y reconocimiento social de este colectivo. La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha presentado al Ejecutivo el borrador del anteproyecto, que desde hoy queda expuesto en el portal de Gobierno Abierto para su participación pública.

Según ha trasladado la vicepresidenta, el nuevo texto busca adoptar un enfoque más integral y adaptado al contexto actual, incorporando mejoras tanto en el ámbito económico como asistencial. Entre sus objetivos figura reforzar el reconocimiento individual y social de las víctimas y promover programas educativos orientados a deslegitimar la violencia, especialmente entre las nuevas generaciones. Asimismo, la norma contempla la creación de un órgano específico de participación en el que estén representadas las asociaciones de víctimas.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo programático que sustenta al Ejecutivo y en el plan normativo de 2026. Parte de la premisa de impulsar una memoria integral que rechace toda violencia política y atienda a las víctimas sin equiparaciones entre contextos distintos, cada uno con su marco legal. En este sentido, Navarra cuenta con normas diferenciadas para las víctimas del franquismo y del golpe de 1936, así como para las derivadas de violencia de motivación política de extrema derecha o ejercida por funcionarios; el ámbito del terrorismo —especialmente vinculado a ETA y otros grupos— es el que disponía hasta ahora de una legislación más antigua.

El borrador plantea novedades en materia de reparación económica. Entre ellas destaca la apertura de un nuevo plazo de cuatro años para solicitar ayudas complementarias

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