UNZUÉ. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presentado hoy en Unzué el anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, una norma que persigue que la lucha contra la despoblación deje de ser una política sectorial para convertirse en el eje central de la acción del Gobierno foral. Chivite ha estado acompañada en el acto por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi; el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica, Francesc Boya; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, y el alcalde de Unzué, Iker Etxeberria, en el marco de la Comisión Interdepartamental de Despoblación, a la que ha asistido una veintena de directores generales de distintos departamentos del Ejecutivo.
Durante su intervención, la presidenta ha señalado que Navarra crece en población pero de forma desequilibrada, lo que hace necesario articular políticas públicas que favorezcan un desarrollo territorial y social más justo. Para el Gobierno de Navarra, ha subrayado, la cohesión territorial no es una opción, sino una obligación.
Chivite ha recordado que esta ley formaba parte del acuerdo programático de la legislatura y ha destacado que su aprobación supone cumplir con un compromiso político de primer orden, prioritario para el Ejecutivo desde su llegada al Gobierno en 2019.
Una ley "histórica y transversal", según el consejero Chivite
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha calificado la norma de histórica y transversal por blindar derechos básicos para que vivir en los pueblos navarros sea la mejor opción. Ha recordado que fue en 2019 cuando el Gobierno de Navarra puso por primera vez el foco en la despoblación, impulsando desde entonces iniciativas como el Plan del Pirineo, la zonificación de municipios en riesgo o la Estrategia de Lucha contra la Despoblación, que unifica las actuaciones forales frente al reto demográfico.
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha defendido la necesidad de una ley con vocación disruptiva y basada en la discriminación positiva hacia el mundo rural, capaz de revertir la tendencia de concentración de población y actividad económica en las comarcas de Pamplona y Tudela. Aierdi ha explicado que la elaboración de la norma ha sido la principal prioridad de su departamento desde que se inició su debate en marzo de 2023, y ha destacado que el texto ha nacido del propio territorio, recogiendo las inquietudes de entidades locales, grupos de acción local, organizaciones agrarias y el sector forestal.
Gobernar con lo rural en el centro
El anteproyecto plantea que las políticas públicas dejen de limitarse a actuar sobre el mundo rural para pasar a gobernar con lo rural en el centro. Entre las medidas que contempla figuran la elaboración de un informe obligatorio de impacto demográfico y territorial en cualquier norma o planificación pública, la clasificación oficial de municipios en riesgo de despoblación, ayudas económicas específicas cuya dotación se fijará en los presupuestos forales, una estrategia de vivienda rural, el refuerzo de la función social de la vivienda mediante venta forzosa, un régimen especial para el autoempleo y el emprendimiento rural, el fortalecimiento de las escuelas en los pueblos, transporte público a demanda y acceso a servicios básicos en un máximo de treinta minutos, un Estatuto de las Mujeres Rurales y mecanismos de gobernanza multinivel y participación territorial.
La norma tiene como objeto establecer un marco normativo integral frente a la despoblación que garantice el desarrollo demográfico y la cohesión territorial de Navarra, y se aplicará tanto a entidades públicas como privadas de la Comunidad Foral, bajo principios de transversalidad, perspectiva de género, sostenibilidad y participación ciudadana. El texto recoge además, con notable amplitud, los ejes estratégicos planteados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, cuyas 74 medidas propuestas encuentran reflejo, en más de un 90%, en el anteproyecto.
A partir de ahora se abre un proceso de participación ciudadana a través de la Plataforma de Participación del Gobierno de Navarra, mientras el Ejecutivo mantiene reuniones con entidades locales, agentes del territorio y asociaciones antes de que la ley inicie su trámite parlamentario.
Educación, sanidad y servicios sociales
El Título IV de la norma se centra en garantizar servicios esenciales en el medio rural. En materia educativa, contempla el mantenimiento de los centros rurales con solo cuatro alumnos y su puesta en red, medidas para atraer a personal docente, dispositivos digitales gratuitos, conectividad garantizada en las aulas, comedores escolares y transporte adaptado financiados, y becas universitarias adaptadas a la realidad rural.
En sanidad y farmacia, la ley plantea reforzar la atención primaria en los pueblos, descentralizar especialidades, impulsar la telemedicina, adaptar la atención sanitaria y farmacéutica al mundo rural y desarrollar teleasistencia avanzada para personas mayores que viven solas. También incorpora medidas en servicios sociales de proximidad, como la dependencia, los centros de día, el respiro familiar o los programas contra el aislamiento y la soledad no deseada, junto con la conectividad digital como servicio esencial.
Vivienda, territorio y economía rural
El anteproyecto parte de la premisa del derecho a quedarse en los pueblos y recoge medidas de vivienda rural protegida, movilización de vivienda vacía mediante incentivos y cesión, y modelos de vivienda colaborativa. Incluye también la protección del paisaje rural, el patrimonio arquitectónico, la identidad cultural y las tradiciones, así como el mantenimiento de la red viaria rural, el acceso a servicios administrativos sin necesidad de desplazarse a Pamplona, oficinas móviles, puntos de atención ciudadana y la garantía de cobertura de telefonía móvil en todo el territorio.
En el ámbito económico, la norma crea una nueva figura jurídica, el Emprendimiento Rural Especialmente Protegido, y contempla microcréditos, capital semilla, asesoramiento empresarial especializado, un banco de oportunidades digital e incentivos diferenciados para nuevos negocios en municipios rurales, además de la simplificación de trámites. También apoya el relevo generacional en las explotaciones agrarias familiares, la agroecología, la comercialización a pequeña escala, las denominaciones de origen y los productos locales de calidad diferenciada, junto con el impulso al turismo rural sostenible, la economía verde y circular, y el cooperativismo.
La Presidenta Chivite, junto a los consejeros Chivite y Aierdi, directores generales, representantes locales y otras autoridades
De izquierda a derecha: el consejero Aierdi, la Presidenta Chivite, el consejero Chivite y el secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya
La Presidenta Chivite, durante su intervención en la presentación
Intervención de la Presidenta Chivite
El consejero Chivite, junto al secretario general para el reto demográfico, Francesc Boya
Los consejeros Chivite y Aierdi, junto al secretario general para el reto demográfico, Francesc Boya
El director General de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, durante su intervención
La Presidenta Chivite, junto a los consejeros Chivite y Aierdi, en la Comisión Interdepartamental de Despoblación
