Bolaños y Vilagrá acuerdan reunir la mesa diálogo dos veces este año y desjudializar «el conflicto político»

Según el Govern hay un compromiso para no repetir Pegasus al garantizar la privacidad y los derechos fundamentales de toda posición política

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, han cerrado este viernes un acuerdo metodológico sobre el diálogo entre ambos gobiernos, que fija que la mesa de negociación sobre el conflicto catalán se reunirá «como mínimo» en dos ocasiones antes de finalizar el año. También han pactado avanzar en la desjudicialización del «conflicto político» y un punto que el Govern considera una garantía frente a Pegasus, como es garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica» de las posiciones políticas en Cataluña.

Así se establece en el acuerdo, recogido por Europa Press y que han nombrado ‘Acuerdo marco para el diálogo y la negociación’, que han firmado Bolaños y Vilagrá en la reunión de casi dos horas que han mantenido en el Palau de la Generalitat, y en la que también han acordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, se reunirán el próximo viernes en La Moncloa.

El documento, firmado por el Ministerio y la Consejería de Presidencia, destaca que los dos gobiernos han iniciado «un proceso de diálogo, negociación y eventuales acuerdos para la resolución del conflicto político», que se ha llevado a cabo en dos reuniones públicas entre los dos ejecutivos y tres reuniones entre Vilagrá y Bolaños.

SUPERAR LA «JUDICIALIZACIÓN»

Asimismo, establece que los objetivos de la negociación entre ambos gobiernos son la «superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica», y la búsqueda de acuerdos para resolver el conflicto catalán.

Sobre el primer objetivo, ambos ejecutivos «se comprometen a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones», y reconocen la legitimidad de las diferentes ideologías y proyectos democráticos sea cual sea su visión de Cataluña y su relación con el resto de España.

Así, reafirman la necesidad de debatir y tratar de llegar a acuerdos sobre las posiciones políticas de cada parte, y se comprometen «con los derechos fundamentales de las personas identificadas con cada proyecto y rechazan la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas».

BÚSQUEDA DE ACUERDOS

En el segundo objetivo del diálogo que plantean, se comprometen con apostar por la vía política y con la búsqueda de soluciones pactadas para resolver el «conflicto»: «Con tal fin, muestran su firme compromiso con los trabajos de la Mesa de Diálogo y Negociación, y a su integración en sus respectivas agendas políticas».

«Se comprometen a trabajar y a aprobar medidas concretas que representen un avance medible de las negociaciones y que, a su vez, aumenten el grado de confianza mutua necesaria para seguir avanzando», añade.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: REUNIONES PÚBLICAS

En el documento, Gobierno y Generalitat acuerdan ocho puntos que recogen los principios y aspectos metodológicos para dar coherencia y continuidad al proceso de diálogo, y el primero de ellos es que la mesa de diálogo se reunirá para que los dos gobiernos «planteen su visión y sus propuestas para la resolución del conflicto político».

También subraya que las reuniones serán públicas cuando haya acuerdos para informar a la ciudadanía, que las reuniones se celebrarán alternativamente en Madrid y Barcelona, y que las delegaciones comunicarán los acuerdos «de forma conjunta y en la forma que acuerden para cada uno de ellos».

La voluntad de los dos gobiernos es celebrar «un mínimo» de dos reuniones públicas de la mesa de diálogo en lo que queda de 2022, con acuerdos en cada uno de estos encuentros, pero señala que las dos partes irán valorando y pactando el número de reuniones necesarias.

Además, se comprometen a facilitar un «buen clima para la negociación de las propuestas, con la voluntad sincera de llegar a acuerdos parciales y, en su caso, a un acuerdo final», y apunta que estos acuerdos deben partir del reconocimiento de las distintas visiones políticas y contribuir a superar las diferencias, así como ser representativos de una mayoría social amplia.

RESPETO A LAS POSICIONES DE CADA PARTE

Otro de los puntos plantea la necesidad de «desarrollar un clima de respeto absoluto a las posiciones y propuestas planteadas por cada parte, a partir de posiciones políticas alejadas» y garantizar la confianza para el desarrollo de la mesa a partir de medidas concretas.

El último punto constata que las actuaciones de las instituciones deben garantizar «en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Cataluña», por lo que rechazan actos o decisiones que vulneren derechos por motivos ideológicos, algo que fuentes del Govern interpretan como un compromiso para no repetir casos como el de Pegasus.

INTERPRETACIÓN DEL GOVERN

Fuentes del Govern han asegurado que se trata de un documento que recoge las garantías que exigía la Generalitat para proteger el proceso de diálogo, y que es habitual en los procesos de negociación de conflictos políticos y «frecuentemente es de los primeros resultados que surgen».

Consideran que la crisis provocada por el caso Pegasus ha hecho detener el proceso de diálogo y ha hecho más necesario que nunca un documento de este tipo, por lo que destacan que es «un primer paso en la línea de las nuevas condiciones y garantías que se exigían, que tienen que permitir la igualdad de condiciones políticas entre las partes de la negociación» y facilitar la construcción de acuerdos en la mesa.

Como el acuerdo recoge el compromiso de acabar con la judicialización del conflicto, estas fuentes del Ejecutivo catalán destacan que «es la primera vez que el Gobierno del Estado se compromete por escrito a avanzar de forma tangible en el proceso de desjudicialización».

También han reivindicado que el documento da legitimidad a todas las opciones políticas, como el independentismo, vuelve a ratificar que existe un conflicto político en Cataluña y que se harán propuestas para solucionarlo.

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