Bruselas rebaja de 10,3 a 3,1 millones la multa que paga España por la gestión deficiente de sus aguas residuales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha rebajado a un tercio la multa que España paga por la gestión deficiente de las aguas residuales urbanas, a consecuencia de las mejoras detectadas tras la puesta en marcha de nuevas instalaciones en Gijón-Este (Asturias) e Isla Cristina (Huelva). En concreto, de los 10,3 millones de euros ahora la cuantía se rebaja hasta los 3,1 millones de euros por semestre.

Además, Bruselas ha constatado que la mitad de las aglomeraciones incluidas en la sentencia condenatoria de 2018 cumplen ya los requerimientos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE impuso a España en julio de 2018.

Según ha informado la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se ha certificado la entrada en funcionamiento de dichas plantas que entraron en funcionamiento a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad. En total, dan servicio a 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.

Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Las otras cuatro son responsabilidad de las comunidades autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina. También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.

Hasta la fecha se han abonado 12 millones de euros de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35 euros. En total, España lleva pagados 71.725.687,35 euros. Tras esta rebaja, la Comisión Europea ha requerido un séptimo pago semestral por 3.130.872,85 euros que habrá que seguir abonando –con sus actualizaciones y rebajas– hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria.

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