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Desmantelan un grupo que ha defraudado 40 millones en el IVA de la venta mayorista de carburantes en Gipuzkoa

La Ertzaintza, tras la denuncia interpuesta por la Hacienda foral de Gipuzkoa y bajo la supervisión de un Juzgado de Donostia, ha culminado la semana pasada una operación policial denominada “Martzi”, que ha permitido desmantelar un grupo criminal dedicado a la delincuencia económica y que se sospecha habría defraudado 40 millones de euros al no declarar el IVA en la venta mayorista de carburantes. A esta red se le acusa de seis delitos: contra la hacienda, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre ellos. En total hay 11 personas implicadas, que han pasado por la autoridad judicial, como detenidas o investigadas. El considerado líder del grupo se encuentra en prisión y el resto en libertad, aunque todos con la obligación depositar fianza solidaria de 40 millones. La operación ha contado con la colaboración de los Mossos d`Escuadra y la Guardia Civil, ya que parte de los arrestos y registros se han llevado a cabo en provincias como Lleida o Madrid, así como de actuarios de la Hacienda foral guipuzcoana. 91 mil euros en metálicos y ocho vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en unos cien mil euros son parte de los bienes incautados a esa organización. Las cuentas bancarias y otros activos se han embargado judicialmente.

La investigación de la Ertzaintza comenzó a principios del mes de julio pasado tras recibir un encargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de año detectó irregularidades en relación a la trama. Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llevó el caso a los tribunales y advirtió a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado

El caso fue asignado a la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza que trabajo conjuntamente con el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa. En el proceso de averiguación  han colaborado también dos técnicos de la entidad foral  guipuzcoana.

Básicamente el delito consistía en no ingresar a la Hacienda el IVA derivado de las intermediación en la venta de carburantes  que realizaba el presunto grupo criminal  entre empresas petrolíferas  y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular. En cambio esas gasolineras sí deducían de forma legal las  cantidades del  IVA no tributado por  la trama desmantelada ahora. Ese fraude  permitía además al grupo delictivo  ofrecer  a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado lo que provocaba un grave perjuicio  a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.

Según la investigación esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó en 2017 a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados. Ese cambio de empresa y el uso de testaferro pretendían dificultar la labor fiscal de  las agencias de tributación. En este tiempo han contado con una sede en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irún, donde usaban locales de su propiedad, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.

Una parte del grupo realizaba tareas de dirección con el líder encarcelado al frente,  mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa incluyendo  el blanqueo de capitales. Otros integrantes  llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar  operaciones entre mayoristas y minoristas. Por último, los testaferros se encargaban de dar opacidad a la actividad de la trama.

Las compras de carburante a las empresas suministradoras se realizaban casi a diario por valor de decenas de miles de euros aunque el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales. Se calcula que el fraude en estos dos años alcanza los 40 millones de euros. De ellos 23 millones corresponderían  a la hacienda guipuzcoana y los otros 17  millones a la estatal.

Operación “Martzi”

La investigación culminó la primera semana de enero con un operativo policial que permitió  localizar a once  personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron  arrestadas en Irún, tres  en Vielha (Lleida), otras tres  en Madrid,  una en Ciudad Real y otra en Córdoba.  A la undécima se le comunicó en Madrid su situación de investigada en el caso.

De forma simultánea se realizaron un total de catorce registros en diversos inmuebles: cuatro en Irún, cinco en Madrid, dos  en Ciudad Real,  dos  en Córdoba y uno en Lleida.

En los registros además de documentación, ordenadores, teléfonos, y archivos informáticos, se  intervinieron  91.000 euros en metálico, joyas, y ocho vehículos de alta gama, varios  de ellos valorados en unos cien mil euros.

En este desenlace de la operación participaron además de la sección encargada del caso, ertzainas de Investigación y Protección Ciudadana de las comisarías de Irún y Rentería, y  agentes de los Mossos d’Esquadra de la Región Policial de Pirineos Occidentales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Los once tienen obligación de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros.

La autoridad judicial decretó el embargo de cuentas bancarias, y otros activos financieros e inmuebles. La investigación continúa abierta.

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