El ex jefe de Seguridad del BBVA informa a la Audiencia Nacional de que el banco le abonó 618.145 euros por su despido

La entidad interesa que no se prorrogue la instrucción por «agotada» mientras que otras defensas solicitan 6 meses más

El ex jefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano ha informado al juez que investiga los presuntos contratos ilícitos del comisario jubilado José Manuel Villarejo con esa entidad bancaria que en el acuerdo por el que dejó su cargo en el banco en abril de 2018 se fijó una indemnización por despido de 480.000 euros brutos, al que se sumó un pago de 138.145 euros por pacto de no competencia y no contratación. En total, el montante asciende a 618.145 euros.

En un escrito de su defensa de 24 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdirectivo, investigado en la causa, reacciona así a un auto del juzgado que exigía al BBVA la documentación relativa al proceso de salida de los directivos que figuran en la causa como investigados y cuya salida lo fue a partir de 1 de marzo de 2018.

Corrochano indica que esos dos importes son los únicos percibidos como consecuencia de su salida porque los importes correspondientes al cobro del variable quedaron congelados por la entidad a la espera de la finalización del procedimiento y «supeditados a que resultase absuelto de los delitos sobre los que está siendo investigado».

El escrito, al que une el acuerdo del que hace mención, resalta además que esas cantidades abonadas por la entidad «están reflejadas en las declaraciones de IRPF» del año 2018.

PRÓRROGA DE LA INSTRUCCIÓN

En esa misma causa, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha recibido respuesta del BBVA oponiéndose a la prórroga de la instrucción al entender que se encuentra «agotada» y por tanto no resulta necesaria ni pertinente.

Recuerda que han pasado cuatro años desde que se incoó y la instrucción «ha sido intensa y profunda, en la medida en que se han practicado decenas de declaraciones, BBVA ha respondido a multitud de oficios y se ha incorporado a autos una ingente cantidad de información y documentación».

«No existen tampoco diligencias pendientes de ser acordadas que resulten necesarias para decidir sobre la continuación del procedimiento. De hecho, lo que pretenden las acusaciones particulares con sus últimas peticiones de diligencias supone reinstruir lo que ya ha sido instruido o, dicho de otra forma, reabrir decisiones que ya habían sido adoptadas por el instructor e incluso por la Sala de lo Penal», añaden.

En otro escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, la defensa del ex jefe de Control Interno de la entidad, también investigado, interesa que se prorrogue la investigación seis meses más porque no han podido analizar nueva documentación que les llegó en diciembre de 2022, y esperan que se añada a la plataforma digital más documentos a los que han conseguido que se les dé acceso recientemente.

A esto suma que existen diversas declaraciones pendientes de practicar de testigos y peritos que podrían derivar en la proposición de alguna diligencia de prueba.

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