El fiscal sostiene que los contratos de DEFEX con el intermediario de Camerún «no eran reales sino simulados»

Considera que el ex director comercial de la armamentística estatal era «casi socio» de Bourcier

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El fiscal anticorrupción Conrado Sáez ha sostenido este miércoles que los contratos de la empresa semipública de armamento DEFEX con las mercantiles del facilitador Philippe Bourcier para hacerse con adjudicaciones en Camerún «no eran reales sino simulados». Entiende que los trabajos de éste no existieron, se le pagó por «nada», y que sólo se encargó de cobrar las comisiones para luego trasladarlas a las distintas autoridades que posibilitaron que la armamentística se hiciera con los contratos públicos.

Así lo ha expuesto en su informe final, después de elevar a definitivas sus conclusiones con alguna salvedad en las multas para las personas físicas, durante la vista que se celebra en la Audiencia Nacional por la presunta operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano.

En este sentido, el fiscal ha expuesto que el que fuera director comercial de DEFEX Manuel Iglesias contactó con Bourcier porque era quien conocía a las autoridades públicas del país y porque permitía hacerse con los contratos con el Ministerio de Defensa camerunés sin licitaciones. Y ha subrayado que el intermediario no intervenía en la negociación técnica ni en la ejecución de los trabajos «más allá de estar pendiente de los pagos y cobros para ir recibiendo fondos públicos».

«Consideramos que todos los contratos son contratos instrumentales, inveraces, no son reales porque la causa no es lícita», ha incidido, para luego señalar que de la prueba practicada se desprende que el intermediario no cumplió con sus compromisos contractuales.

En este sentido, y tras señalar que los hechos que se imputan a los acusados se han acreditado en la prueba documental y pericial expuesta durante el juicio, el Ministerio Público ha apuntado que el informe de 2016 de la Guardia Civil «es la prueba esencial» porque pone de manifiesto que el importe de la malversación de fondos públicos de DEFEX ha ascendido a más de 12,5 millones desde 2002 a 2016.

Ha añadido que debido a la idiosincrasia de la empresa participada por la SEPI, Iglesias pudo «desviar» el objeto de la misma para permitir que Bourcier se hiciera con esos 12,5 millones ocasionando así un perjuicio a la mercantil y al Estado.

IGLESIAS, «CASI SOCIO» DE BOURCIER

Al hilo, el fiscal entiende que queda acreditado que los gestores de la mercantil DEFEX pecaron de una «ausencia absoluta de control» de la labor del director comercial, hasta el punto de que según consta, con la celebración de esos contratos con el intermediario, «no habría incumplido ninguna norma interna o acuerdo de gobierno corporativo».

Es más, ha añadido, no se da desobediencia a superior, sino que Iglesias es «dueño y señor» para comprometer gasto publico y para tomar decisiones sobre agentes comerciales y las cantidades a pagar. «Era dueño y señor de decidir los porcentajes, determinaba cuando pagar (…) se ejecutan órdenes sin examen o control», ha lamentado.

Así, ha señalado que se pudo dar luz verde a la firma de contratos con el facilitador camerunés a pesar de que se daba una ausencia total de justificación en el gasto dirigido a las sociedades de Bourcier.

«Lo que sí que vemos es que esa ausencia de control fue aprovechada por Iglesias para permitir sustraer por parte de Bourcier esa cantidad de fondos públicos», ha indicado, para luego lamentar que la investigación no haya llegado hasta el final porque considera que «el comportamiento de Iglesias es casi de socio de Bourcier en esta operativa».

ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL

Para el fiscal, la estructura de corrupción internacional que queda acreditada en el caso de Camerún «es la estructura que se reproduce en todas las operaciones de DEFEX para otros proyectos que están siendo también investigados por la Audiencia Nacional, como el de Angola o el de Arabia Saudí.

Así, ha explicado que en estos casos, la corrupción viene determinada por el contrato que facilita el intermediario –Bourcier–, en el que ya se establecen unas comisiones que serán abonadas «a prorrata» conforme DEFEX va cobrando del Gobierno de Camerún. «Luego es a través de las sociedades de Bourcier desde las que realizan los pagos a las autoridades que tienen capacidad de intervenir en la operación comercial», ha añadido.

De esta forma, ha incidido el fiscal, los pagos a Bourcier se convierten en un gasto más incluido en el contrato general, pero sin estar justificado –se ha apoyado para afirmar esto en el informe que realizó la IGAE–, porque en realidad los gastos que si son apropiados son los de DEFEX con las subcontratas Aresa o Deimos. «Es un gasto no justificado de una empresa pública, es un indicio de malversación», ha subrayado.

En este sentido, el Ministerio Público ha aseverado que la fórmula elegida por los acusados, «el formato de corrupción» con pagos a posteriori, es complicado de detectar por las empresas auditoras porque se confunde como si fuera «un gasto más». Y ha puntualizado que es difícil que existiendo facturas se vea un pago sin causa ni justificación y que detrás puede haber dádivas a funcionarios públicos.

No obstante, ha sentenciado que el beneficio de la mercantil «queda mermado de forma dolosa por los que han intervenido en la operación» y que Iglesias era consciente de que esos beneficios se reducían.

Cabe recordar que en el banquillo de los acusados se sientan tanto DEFEX como Iglesias, además del presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó, el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, y las personas jurídicas Aresa Merina SL y Deimos Space SLU. Bourcier se encuentra en paradero desconocido.

Los hechos investigados se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras, y el instructor imputa a los acusados los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Tras el informe del fiscal, quedan pendientes para este viernes los de las acusaciones y defensas. Tras esto, y una vez se cumpla con la última palabra de los acusados, el juicio quedará visto para sentencia.

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