El Gobierno remitirá al Congreso las 172 recomendaciones en 58 objetivos de la Asamblea Ciudadana por el Clima

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha tomado razón del informe de conclusiones de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que incluye 172 recomendaciones y 58 objetivos para favorecer la transición ecológica y frenar la emergencia climática y que ahora serán remitidos al Congreso de los Diputados para su toma en consideración.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha celebrado el matiz «innovador e interesante» de esta asamblea ciudadana respecto al modo en el que «tradicionalmente» se ha tutelado hasta la fecha las cuestiones ambientales.

Se trata, según Ribera de una experiencia «pionera, distinta, en un formato poco habitual» que ha permitido que cien ciudadanos españoles durante más de siete meses hayan debatido y propuesto recomendaciones sobre como luchar contra el cambio climático, con una visión «distinta» sobre el modo de acelerar la transición climática.

Así, ha recordado que la Asamblea Ciudadana surgió de la declaración de la emergencia climática en febrero de 2020 y que se consolidó con la aprobación de la estructura de la Asamblea a finales de septiembre del año pasado.

Desde entonces, ha subrayado que cien ciudadanos que han representado una «mini España» por su procedencia, nivel de estudios o edad han llegado a 172 recomendaciones para 58 objetivos de cinco áreas: consumo, alimentación y uso del suelo, trabajo, salud y ecosistemas.

La vicepresidenta ha elogiado que la Asamblea ha buscado el «equilibrio correcto» en unas recomendaciones que ahora deberán ser evaluadas, estudiadas y analizadas por los poderes públicos para poder integrar «lo más eficaz» para la lucha contra el cambio climático.

Ahora, según ha añadido, el Consejo de Ministros remitirá las recomendaciones de la Asamblea al Congreso de los Diputados para que sea en ese ámbito donde los ciudadanos, a través de sus portavoces, puedan compartir sus conclusiones con el poder legislativo y se pueda abrir «un nuevo camino de cauces de participación pública y ciudadana más allá de los oficiales, institucionales o electorales.

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