El juez admite que la hermana de Miguel Ángel Blanco ejerza la acusación particular como perjudicada

Marimar Blanco pide ya prorrogar seis meses las pesquisas contra la cúpula de ETA

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha admitido la personación de María del Mar Blanco para ejercer la acusación particular en calidad de perjudicada en la causa donde investiga la presunta implicación que tuvo la cúpula de ETA en el secuestro y el asesinato del joven concejal del PP en Ermua (Vizcaya) en julio de 1997.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado tenerla por personada con dicho estatus en una providencia del pasado viernes, a la que ha tenido Europa Press.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la diputada de los ‘populares’ en la Asamblea de Madrid dio este paso a fin de reforzar la acusación contra la antigua cúpula etarra, ya que hasta ahora no había acusación particular –la ejercida por las víctimas–, sino solo populares y la Fiscalía.

Su petición coincidió con la polémica suscitada después de que el fiscal del caso, Vicente González Mota, pidiera ser apartado porque su criterio difería del seguido por el conjunto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en lo relativo a la prescripción de los delitos investigados.

Fuentes fiscales explican que González Mota observó vías para impedir que se extinguiera la responsabilidad penal de los ex jefes de ETA señalados por este crimen, pero la Fiscalía mantuvo el criterio de que los delitos habrían caducado para casi todos, a excepción de José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’, porque fue imputado como inductor un año antes de que transcurriera el plazo de prescripción de 20.

La propia Marimar Blanco, en declaraciones a esta agencia de noticias, se refirió precisamente a la posición del Ministerio Público para manifestar que está «indignada» con la actitud que ha tenido la Fiscalía, a la que acusó de «abandonar su trabajo en favor de las víctimas del terrorismo».

PRÓRROGA DE LAS PESQUISAS

En la misma providencia, García Castellón da cuenta del informe recibido del Ministerio Fiscal, que aboga por prorrogar la investigación, y solicita al resto de partes que se posicionen antes de adoptar una decisión al respecto.

González Mota pidió extender las pesquisas en un informe fechado el 19 de julio, en medio del debate interno en la Fiscalía de la AN sobre la prescripción que finalmente llevó a que fuera sustituido por el fiscal Pedro Rubira en la declaración señalada para dos días después de los ex jefes de ETA Miguel Albisu, ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’.

En su informe alegó que «penden esenciales diligencias para el esclarecimiento de los hechos», entre las que destacó tomar declaración a los ex jefes de ETA, sin que sea previsible que puedan llevarse a cabo dentro del actual plazo.

Marimar Blanco ya ha fijado posición ante García Castellón enviando un escrito donde interesa alargar seis meses las indagaciones, recordando asimismo que hay diligencias pendientes, como el informe de inteligencia de la Policía Nacional, de las que se podrían derivar otras.

«Teniendo en cuenta tanto el carácter complejo de los hechos investigados como la propia naturaleza de las diligencias de investigación que han sido acordadas y aún no practicadas, es inferible lógico-racionalmente que a la vista de su resultado pueda ser necesario acordar otras nuevas diligencias», expone.

EL ORIGEN DE LA CAUSA

Fue el pasado mes de marzo cuando García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

La asociación dirigía su acusación contra los nueve jefes de la organización terrorista en el momento de los hechos: ‘Anoboto’, ‘Kantauri’, ‘Mikel Albisu’, Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’; Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’; y Asier Oyarzabal, ‘Baltza’.

El juez acordó llamar como investigados a los tres primeros y apreció de oficio la prescripción de los delitos para ‘Iñaki de Rentería’, una decisión que tanto la Fiscalía como el PP y DyJ le han pedido revertir. En cuanto a ‘Kantauri’, su eventual declaración está pendiente de que Francia lo autorice.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’, como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos «planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco».

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