El juez conmuta la pena de tres años de cárcel a la exportavoz de EH Bildu Miren Larrion por servicios a la comunidad

Deberá realizar 250 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad

VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)

El juez ha suspendido la pena de tres años de cárcel impuesta a la exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de la capital alavesa Miren Larrion por sendos delitos de falsedad, documental, usurpación de estado civil y hurto, y los ha sustituido por la realización de 250 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria-Gasteiz condenó el pasado mes de mayo a Larrion a tres años de cárcel al haberse apoderado en 2021, «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito», de la cartera y la documentación de una compañera de trabajo.

La sentencia consideraba probada la culpabilidad de Larrion, que dimitió en febrero de 2021 poco después de que trascendiera la denuncia que había presentado contra ella la compañera de trabajo a la que hurtó la cartera, aunque tenía en cuenta la atenuante de «alteración psíquica» para la exportavoz municipal de EH Bildu.

En el auto fechado el pasado viernes 8 de julio, el magistrado Roberto Ramos señala que la penada carece de antecedentes penales previos a la comisión de los hechos por los que fue condenada en la sentencia, y señala que se ha atendido la petición de la Fiscalía y la defensa de Larrion sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad.

Además, el juez tiene en cuenta «las circunstancias personales, su conducta, la naturaleza de los hechos delictivos cometidos» por Larrion y el «esfuerzo realizado para reparar el daño causado –ya ha sido abonada la responsabilidad civil a la que fue condenada de forma extrajudicial–«, lo que «hace que no se considere necesaria la ejecución de las penas impuestas para evitar la comisión futura de nuevos delitos por la penada».

ATENUANTE

También señala que la sentencia condenatoria «apreció una atenuante de alteración psíquica o trastorno mental, que afectó o influyó en la comisión de los hechos por los que fue condenada». Además, indica que la defensa ha acreditado documentalmente que actualmente la exconcejala sigue tratamiento psicológico y/o psiquiátrico en relación con la patología y cuenta con un «adecuado apoyo familiar y social».

En el auto se estima que se debe imponer la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, al considerar que esta prestación es «especialmente adecuada como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y de su autora, máxime teniendo en cuenta que la defensa de la penada, en el escrito presentado ha mostrado su preferencia por el cumplimiento de tales trabajos en beneficio de la comunidad».

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