El juez del caso Pegasus admite otra acusación popular pero excluirá la información íntima y sobre seguridad del Estado

Abogacía se opuso a la admisión alegando que los hechos suponen un ataque al derecho a la intimidad de Sánchez y sus ministros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles ha admitido la personación de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) como acusación popular, al tiempo que ha advertido que expurgará de la causa toda la información íntima y que afecte a la seguridad del Estado.

En un auto de este mismo viernes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha fijado como requisito para personarse el pago de una fianza de 10.000 euros con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de la figura procesal de la acusación popular.

La decisión de admitir a APEDANICA llega con el criterio en contra de la Abogacía del Estado, que se opuso al entender que los hechos investigados suponen un ataque al derecho a la intimidad de las personas, que es el bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos.

La Fiscalía también se mostró en contra de la personación al considerar que la citada asociación no tenía «un interés legítimo en la causa» y alegando que la misma podía «ser perjudicial para el desarrollo del procedimiento».

UN DELITO QUE AFECTA A LOS «INTERESES GENERALES»

Con todo, el juez considera que el citado delito no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa sino también a los «intereses generales». A este respecto, añade que los hechos trascienden el ámbito privado, como así lo ha entendido la Abogacía del Estado al presentar su denuncia en representación no de la persona del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, cuya representación a título particular no ostenta, sino de la propia Administración del Estado.

Igualmente, Calama entiende que se trasciende ese ámbito privado por haber presentado la denuncia en la Audiencia Nacional al tratarse de un delito contra «altos organismos de la Nación y forma de Gobierno».

Y es que, para el juez, la admisión de la acusación popular no es incompatible con la preservación de los datos relativos a la intimidad de las personas afectadas por los hechos investigados.

Por eso, el magistrado advierte de que con carácter previo a la unión de cualquier documentación, con independencia del soporte, «se procederá a expurgar cualquier información relativa a la vida íntima de las personas, seguridad del Estado o cualquier otro tipo de información irrelevante para la causa».

En cuanto a las alegaciones de la Fiscalía, el magistrado explica que el abuso de la acción popular por parte de asociaciones, partidos políticos, sindicatos y otra serie de organizaciones que, a veces, la utilizan con fines ajenos a la Justicia, ha dado lugar a sucesivos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el alcance de dicha figura.

Pese a ello, explica que «mientras que no sea aprobada una nueva configuración legal de dicha figura» se ha de «atender a su regulación actual conforme a los términos expuestos». «Así lo exige el principio de legalidad», añade.

A este respecto, continúa, no corresponde a su Juzgado «indagar cuáles son los motivos que puedan encontrarse en el trasfondo de la interposición de la querella». «Lo cual no es óbice a que el presente instructor sólo admitirá las solicitudes presentadas por cualquiera de las partes, con independencia de su condición procesal, que tengan por objeto alguno de los fines» establecidos en la ley, por lo que se serán rechazadas, dice, las diligencias con fines prospectivos o espurios o bien sean impertinentes o inútiles», concluye.

Se trata de la segunda vez que el instructor admite la personación de una asociación como acusación popular. El pasado 17 de junio el magistrado abrió la causa para la Asociación de Juristas Europeos Prolege, a la que también instó al pago de esa cantidad. Sin embargo, Prolege no ha conseguido reunir hasta la fecha la cantidad fijada por el magistrado.

LOS INFORMES DEL CNI

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.

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