El PP insta al Gobierno en el Congreso a impugnar ante el TC los decretos que eliminan el 25% del castellano en escuelas

Exige retirar los decretos de todas las etapas educativas y crear una comisión que elabore currículos «libres de sesgos ideológicos».

El Grupo Parlamentario Popular, con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de resolución en la que insta al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos de la Generalitat que eliminan porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

En concreto, el PP señala que el Gobierno hará uso de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional el decreto ley por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones.

En este sentido, piden la adopción de medidas necesarias para que, en las comunidades autónomas con lengua cooficial, «se garantice la utilización de ambas lenguas como vehiculares bajo un principio de equilibrio, promoviendo además la progresiva introducción de una lengua extranjera, y garantizar la no discriminación por razón de opinión, el uso de la lengua oficial del Estado y la libertad ideológica de todos los miembros de la comunidad educativa y la neutralidad institucional».

El documento presentado por los populares, al que ha tenido acceso Europa Press, también reclama el diseño de un currículo para todo el sistema educativo no universitario, que «garantice una educación de calidad en todo el territorio y contenga unas enseñanzas comunes, que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos, respetando las competencias que contempla la Constitución, sin perjuicio de la necesaria cooperación leal con las comunidades autónomas y del respeto a su ámbito competencial».

Asimismo, exige la retirada de los reales decretos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y la constitución de una Comisión independiente formada por especialistas para la elaboración de unos currículos «de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que proporcionen una atención adecuada a los aprendizajes profundos, al desarrollo de habilidades no cognitivas, a las tecnologías digitales y habilidades computacionales, al emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica, con la finalidad de garantizar la calidad de los títulos educativos que se expiden».

También pide adoptar medidas que garanticen la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y el centro de su preferencia, sea este público o concertado, o un centro ordinario o de educación especial, así como el establecimiento de criterios objetivos para promocionar, evaluar y titular que tengan en cuenta los valores del esfuerzo, la exigencia personal y la perseverancia y que sean comunes en todo el territorio nacional.

UNA EBAU ÚNICA EN TODA ESPAÑA

El texto registrado por el PP también hace referencia a la implantación, en coordinación con las comunidades autónomas, de una prueba única en todo el territorio español de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU), «cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las CCAA y a los órganos de representación universitarios, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos con independencia del lugar en que realicen la prueba».

Los populares reclaman al Gobierno garantizar la gratuidad 0-3 años, del primer ciclo de Educación Infantil, contribuyendo a su financiación de manera que «avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficientes y asequibles, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante transferencias corrientes a las administraciones competentes, ayudas directas a las familias y el concierto».

Por último, el PP insta al Gobierno a la aprobación de una Ley de ordenación de la profesión docente que contemple un modelo de acceso y profesión docente «similar al consolidado en el sector sanitario, que asegure una selección y formación iniciales del profesorado, fortalezca la profesión docente y la mejora de su reconocimiento social».

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