El PP secunda a Ayuso e insta al Gobierno a retirar los decretos de los currículos de todas las etapas educativas

Los ‘populares’ también piden al Ejecutivo garantizar el uso equilibrado del castellano como lengua vehicular en las CC.AA con lengua cooficial

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a retirar los reales decretos por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, aprobados en el desarrollo de la LOMLOE, conocida como ‘Ley Celaá’.

La iniciativa, para su debate en el pleno de la Cámara Baja, pide así la elaboración de unos currículos educativos «de contenidos claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgos ideológicos, que garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado».

Con esta propuesta, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se suma a la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra los reales decretos de los currículos educativos aprobados por el Gobierno. Precisamente, Ayuso presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central por el real decreto del currículo de Bachillerato.

Además, la Comunidad de Madrid ha recomendado a los centros educativos, a través de una circular enviada este martes a los colegios por la Consejería de Educación, que mantengan los libros de texto para el próximo curso escolar en vez de utilizar los nuevos libros con los contenidos de los currículos aprobados en el desarrollo de la LOMLOE.

El texto presentado por los ‘populares’ reclama diseñar un currículo común para todo el sistema educativo no universitario, que contenga unas enseñanzas comunes en sus propios términos, que sea al mismo tiempo «estable y flexible» en los contenidos, respetando las competencias que a tal efecto contempla la Constitución en su artículo 149.1.30, «sin perjuicio de la necesaria cooperación leal con las comunidades autónomas y del respeto a su ámbito competencial».

La iniciativa también demanda la constitución de una comisión independiente formada por especialistas de las diferentes materias que componen el currículo, a indicación de las Reales Academias, y que formularán las propuestas que consideren pertinentes.

Asimismo, el Grupo Popular reclama que los currículos incluyan unos contenidos «claros, concisos y de alta calidad científica, libres de sesgo ideológico, que proporcionen una atención adecuada a los aprendizajes profundos, al desarrollo de habilidades no cognitivas, a las tecnologías digitales y habilidades computacionales, al emprendimiento y a la innovación, a las humanidades y a la educación científica, con la finalidad de garantizar la calidad de los títulos educativos que se expiden, la vertebración, la cohesión social y la equidad de la educación».

TIEMPO «RAZONABLE» PARA LAS CC.AA

En el documento presentado, la formación pide que la nueva ordenación dé un «tiempo razonable» a las administraciones educativas, para que puedan elaborar sus currículos, previa solicitud de informes pertinentes, así como para la organización de los centros y docentes.

Los nuevos reales decretos deben contemplar, según la proposición presentada por el GPP, que la materia de Historia sea disciplina científica que busca el conocimiento objetivo, despojando a la misma de «postulados ideológicos»; un ciclo formativo en Filosofía secuenciado durante 4º de ESO, donde se incorporará Ética como materia común y obligatoria, y Bachillerato; mantener Informática como materia de modalidad en Bachillerato; y el refuerzo de las materias instrumentales, como las matemáticas, las ciencias y las materias humanísticas, «fundamentales en una sociedad en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es cada vez más importante y debe ser desarrollada conforme a los sólidos pilares de una formación humanística».

También insta al Ejecutivo a adoptar cuantas medidas sean necesarias para que en las comunidades autónomas con lengua cooficial se garantice la utilización de ambas lenguas como vehiculares «bajo un principio de equilibrio, promoviendo además la progresiva introducción de una lengua extranjera».

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