El Supremo concede la gran invalidez a un trabajador contrario a operarse de sus problemas de visión

Los magistrados sostienen que no se le puede obligar a pasar por el quirófano y que la intervención podría ser ineficaz

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido la gran invalidez a un trabajador afectado con problemas de visión en los dos ojos que necesita la asistencia de otra persona para sus tareas cotidianas, a pesar de que el solicitante había rechazado una intervención quirúrgica, porque explica que no se le puede obligar a operarse y que, en todo caso, una operación podría no resolver el problema.

La sentencia de la Sala de lo Social, a la que ha tenido acceso Europa Press, fundamenta su decisión en que, de lo contrario, se estaría vulnerando su derecho a la integridad física y moral si se le impone una asistencia médica «coactiva» en contra de su voluntad.

«Su decisión de no someterse a una nueva cirugía no puede obstaculizar la calificación de la situación de incapacidad permanente contributiva, en el grado de gran invalidez», consideran los magistrados, que señalan que el trabajador tiene «reducciones anatómicas o funcionales graves, determinadas objetivamente y de recuperación incierta, que anulan su capacidad laboral y que provocan la necesidad de asistencia de otra persona».

En su sentencia, del 24 de mayo, los magistrados han resuelto que la posibilidad de recuperación del recurrente, aunque sea operado, «no se revela con certitud» si se tienen en cuenta sus distintas intervenciones quirúrgicas previas con un «deficiente resultado».

Jefe de almacén agrícola y mayor de 60 años, el trabajador alegó que no se le podía obligar a pasar por una operación para ser reconocido en el grado de incapacidad permanente, concedido en 2018 pero que se le había denegado un año antes, ya que un informe médico descartó que sus lesiones en la vista fueran «definitivas».

INFORMES MÉDICOS

Dicho informe indicó en sus conclusiones que el hombre tenía una hipermetropía en el ojo izquierdo y una catarata en el derecho, de la que se oponía a operarse. Al mismo tiempo se anotaban posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras, o sea, la operación.

Un segundo informe, el que le permitió conseguir la incapacidad permanente, apreciaba una baja agudeza visual y señalaba que ese diagnóstico le dificultaba en gran medida la actividad laboral, siendo autónomo para actividades básicas de la vida diaria. Con todo, y «ante la negativa del trabajador a ser intervenido, a corto-medio plazo la situación clínica-funcional no variará», precisaba.

El Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava le había reconocido un 76 por ciento de discapacidad y un juzgado le otorgó la incapacidad permanente en grado de gran invalidez con un complemento de mil euros, pero la Seguridad Social lo recurrió y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso.

El recurrente reclamaba pasar a la gran invalidez porque, con el paso del tiempo, los problemas de visión iban empeorando y presentaba dificultades para salir solo a la calle, leer o ver la televisión, e insistía en que no quería pasar por el quirófano porque no le aseguran que vaya a recuperarse de la vista.

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