El Tribunal de Cuentas estudia el martes si devuelve a ERC los 2,1 millones de fianza por los gastos del ‘procés’

Denegó una primera petición de ERC por cuestiones formales pero ahora estudiará la realizada por Romeva

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas (TCu) celebrará el próximo 12 de julio una vista para analizar si el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) es suficiente para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de ex cargos del Govern por el presunto desvío de fondos para la acción exterior –las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat– en el marco del ‘proces’.

Fuentes del TCu consultadas por Europa Press han señalado que el motivo de la vista es que el ex conseller Raul Romeva solicitó que se devolvieran a ERC los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y los de las demás personas que responden solidariamente con él, otros 19 demandados. No obstante, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana se han opuesto, por lo que se ha convocado la vista.

La petición de Romeva llegó después de que el órgano fiscalizador rechazara una petición anterior de ERC para que le devolviera dicho depósito tras conocerse que la Sala de Justicia del TCu admitía los avales presentados por el ICF.

Entonces, el TCu indicó a la formación política que antes del reintegro debía aprobarse la sustitución del depósito por los avales del ICF, un trámite que debían iniciarlo cualquiera de los presuntos responsables contables cubiertos por el depósito, de ahí que ahora sea Romeva quien lo solicita.

RECHAZA MÁS RECURSOS

Entretanto, el proceso contable continúa. Así, el Tribunal de Cuentas ha desestimado esta semana los últimos recursos presentados contra las demandas de Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación popular en el procedimiento que se sigue contra 35 personas, en su mayoría ex cargos del Govern, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el 1-O y las denominadas ‘embajadas catalanas’.

El tribunal ya rechazó el recurso que presentaron el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex conseller del Govern Antoni Comín contra el decreto por el que se admitió a trámite la demanda presentada por la Fiscalía, que les reclama 3,4 millones de euros –de forma conjunta y solidaria con otros encausados– en concepto de responsabilidad contable, una decisión con la que les mantuvo encausados.

Las citadas fuentes indican que, tras esta última negativa a las impugnaciones formuladas, se ha abierto el plazo para que las partes presenten sus contestaciones, tras lo cual se señalará ya fecha para la audiencia previa por esta causa contable, que servirá para fijar los hechos controvertidos y proponer la admisión de pruebas.

DEMANDAS PRESENTADAS

El Tribunal de Cuentas apartó, a petición de la Fiscalía, a los ex conselleres Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 ex cargos del Govern de la lista de personas a las que se les reclaman los fondos presuntamente desviados.

El Ministerio Público rebajó las estimaciones sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el TCu a 3,4 millones de euros. Según explicó, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó «de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».

Sociedad Civil Catalana, por su parte, presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre ellos los ex presidentes Puigdemont y Artur Mas, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, a los que reclama 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable por la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

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