El Tribunal de Estrasburgo requiere a España que se pronuncie sobre la anulación del concurso de farmacias de Baleares

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la demanda de un grupo de farmacéuticos sobre la anulación del concurso de adjudicación de 18 oficinas de farmacia de 2010 en Baleares, y ha acordado emplazar al Gobierno de España para que conteste y proponga una solución amistosa.

Así lo ha anunciado la consultora Asefarma, que ha asesorado jurídicamente a parte de los farmacéuticos afectados.

El asunto se remonta a mayo de 2010, cuando se convocó un concurso de méritos para la adjudicación de 18 nuevas oficinas de farmacia en Baleares, 17 en Mallorca y una en Ibiza.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) estimó un recurso de un farmacéutico que, aunque no participó en el concurso, declaró verse afectado en la adjudicación de esas 18 farmacias.

La sentencia giraba en torno a un punto del baremo de méritos que puntuaba la experiencia profesional adquirida en Baleares. El TSJIB consideró que ese baremo no se ajustaba al derecho comunitario. Con todo, en 2016 la Conselleria de Salud dio por ejecutada la sentencia porque el punto en cuestión no se había llegado a aplicar en la baremación de 2010 a los participantes del concurso. Además el Govern derogó este punto para que no se valorase en sucesivos concursos.

Sin embargo, el farmacéutico que había iniciado el recurso consideró que esto vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y solicitó que se declarase la nulidad de las convocatorias. El Tribunal Supremo finalmente anuló las resoluciones de los concursos de méritos iniciales al considerar que la rectificación posterior de la convocatoria pudo provocar que algunos aspirantes decidieran no presentarse por no contar con experiencia profesional en Baleares.

Mientras tanto, los farmacéuticos que resultaron adjudicatarios no fueron llamados al proceso judicial, que una vez concluido, deja en el aire 18 farmacias que llevan regentando más de una década. Supieron del litigio cuando estaba en fase de ejecución de sentencia, a través de la prensa local en el año 2019. Por este motivo, ya no pudieron defender sus intereses dado que la sentencia ya era firme.

Por ello presentaron una demanda, que ahora ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que examine si se vulneró su derecho a un juicio justo y en igualdad de condiciones.

La abogada responsable del departamento Jurídico de Asefarma, Adela Bueno, ha señalado que «paradójicamente» el Tribunal Supremo ha reconocido la vulneración de los derechos fundamentales de este grupo de farmacéuticos por falta de emplazamiento, «pero no ha accedido a retrotraer el procedimiento al momento en que debieron ser notificados, como hubiera sido lo procedente».

Según Asefarma, muchos de los actuales adjudicatarios son peninsulares sin ejercicio previo en las Baleares.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Para llegar al Tribunal de Estrasburgo, la demanda de los farmacéuticos tuvo que pasar antes por el Tribunal Constitucional. Desde Asefarma han lamentado que el tribunal español no subsanó la vulneración de sus derechos, al inadmitir la demanda de amparo que presentaron.

Asefarma ha explicado que el órgano constitucional justificó su negativa con el «formulismo genérico» de la falta de relevancia constitucional, «que está diseñado para aliviar la carga de trabajo que padece, ya que le permite rechazar discrecionalmente del orden del 98 por ciento de las solicitudes de amparo ejercitadas por los ciudadanos sin tener que justificar motivadamente las inadmisiones».

«Los farmacéuticos perjudicados por la anulación del concurso lamentan tener que acudir a instancias internacionales, porque consideran que los más altos tribunales españoles no han cumplido con su función de garantes de los pilares del Estado de Derecho», han indicado.

Asefarma espera que el tribunal internacional, tras oír a la Abogacía del Estado, condene a España para poder pedir la revisión de la sentencia anulatoria del concurso.

La entidad avisa de que, de no paralizarse la ejecución de la sentencia anulatoria, «las indemnizaciones que tendría que afrontar la administración de sanidad balear serían muy gravosas para las arcas públicas y podría suceder, caso de que finalmente prosperase la demanda admitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se duplicaran los afectados si las farmacias se hubiesen ofertado de nuevo y pasado a terceros».

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