El vocal que redactó el informe sobre la Ley de Vivienda mantiene que el Estado tiene competencias en esa materia

Ve paradójico que los vocales conservadores y nacionalistas se hayan puesto de acuerdo para negar que el Estado pueda legislar en vivienda

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fue encargado de redactar la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley de Vivienda que este viernes ha tumbado el pleno, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, defiende su borrador señalando que el Estado «tiene título competencial para legislar sobre la vivienda».

El vocal progresista indica en declaraciones a Europa Press que es paradójico que en la votación que se ha producido esta mañana los vocales «conservadores y los nacionalistas» que forman parte del pleno del órgano de gobierno de los jueces se han puesto de acuerdo para considerar que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda.

De hecho, esta mañana los vocales han acordado rechazar la propuesta de Cuesta, un borrador de casi 100 páginas, y cambiar al ponente –se nombra a José Antonio Ballestero y a Enrique Lucas– para volver a estudiar un texto alternativo a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero. Esto se ha acordado por quince votos a seis ya que se ha aprobado la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas.

«UNA LEY OPORTUNA»

Pero Cuesta, tras el varapalo recibido mantiene la postura que plasmó en su borrador y que avalaba la norma impulsada por el Gobierno de coalición, y es que una ley de vivienda del Estado «es oportuna y el Estado español tiene titulo competencial para legislar sobre la vivienda».

«Es un derecho constitucional», añade, para luego señalar que esa «extraña alianza» entre conservadores y nacionalistas (Lucas fue nombrado vocal a propuesta del PNV) le lleva a la convicción de que «el problema no era el informe».

Cuenta ha aseverado que su informe estaba en la ortodoxia constitucional, «fundado en abundante jurisprudencia constitucional» y apunta que «existe un derecho constitucional de la vivienda». Así, sostiene que el Estado tiene competencias para legislar en vivienda, y no solo las comunidades autónomas, según el articulo 149.1.1 y 13 de la Constitución.

Ese artículo 149.1.1 señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que «garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». Mientras que el punto 13 de ese 149 indica que el Estado pone las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Cuesta ha añadido además que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la vivienda que se recoge en el artículo 47 de la Carta Magna, y eso sin perjuicio de las competencias de las CCAA. Ese artículo 47 reza que ‘todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación’.

«Lo paradójico del acuerdo de hoy del CGPJ es que nacionalistas y conservadores consideran que el Estado no es nadie para legislar sobre la vivienda: solo lo pueden hacer las CCAA», ha lamentado.

Por su parte, fuentes del consejo consultadas por Europa Press sostienen que lo ocurrido este viernes demuestra que es «imprescindible» la renovación del CGPJ –en funciones desde hace más de 1.000 días por falta de acuerdo entre PP y PSOE–.

Apuntan que no es posible admitir con naturalidad tanta discordancia entre la voluntad popular expresada en el Parlamento y el Gobierno de la nación, y el órgano constitucionalmente diseñado para preservar la independencia judicial y elaborar y ejecutar la política judicial de ese mismo pueblo y de esa misma nación.

VEN SESGO IDEOLÓGICO

Sin embargo, otras fuentes del consejo señalan que tanto el anteproyecto como el informe tienen un evidente «sesgo ideológico» y avanzan que el nuevo informe que emitan a finales de mes será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno y que no contará con el aval del Poder Judicial.

Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos «múltiples aspectos» del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueces a reelaborar el informe.

Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora «un evidente sesgo ideológico» que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, avanzan que lo que es evidente es que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, «sino todo lo contrario».

Según recoge la nota de prensa emitida por el CGPJ, Lucas –vocal que fue propuesto por el PNV– en sus alegaciones señala las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia -el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las CCAA en su artículo 148.1.3º. Ese artículo en concreto dice que las CCAA podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Recuerda que el informe de Cuesta señalaba que «tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas».

El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, «que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales».

EL BORRADOR DE CUESTA

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante entendía que se daba una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran «favorables». Y añadía que dado su carácter «básico», el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.

Según explican desde el CGPJ en el pleno de este viernes han votado a favor de las alegaciones de Lucas el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

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