ERC pide el traspaso de Rodalies y El Prat, regularizar a todos los migrantes y reducir el gasto militar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

ERC ha reclamado este miércoles el traspaso de Rodalies y El Prat al Gobierno catalán, la regularización de todos los migrantes y una reducción del gasto militar en las propuestas de resolución presentadas en el marco del Debate sobre el estado de la nación.

En concreto, el partido ha instado al Gobierno a traspasar la financiación, la ejecución y la titularidad del conjunto del sistema ferroviario al Gobierno catalán, lo que también incluye los trenes de Media Distancia y Alta Velocidad, con la vista puesta en «garantizar la transformación hacia la movilidad sostenible y la priorización del transporte público».

En cuanto al Aeropuerto de El-Prat, ERC justifica que el traslado aseguraría que su futuro se decide sobre consenso territorial y condicionado a criterios ambientales y sociales.

En esta resolución, en la que el partido catalán se centra en lograr un transporte sostenible y eficiente, también pide fijar un calendario de ejecución por tramos de las obras del Corredor Mediterráneo que no supere la fecha límite de 2023, así como garantías para su desarrollo y priorizar el transporte de mercancías a través de servicios ferroviarios, sin que ello signifique reducir servicios de transporte de pasajeros.

Asimismo, reclama establecer mecanismos que garanticen la ejecución de las inversiones reales presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado no ejecutadas en 2021 para que se ejecuten a lo largo del presente ejercicio y establecer un mecanismo de compensación si la ejecución real de Cataluña queda por debajo de la media total.

Otra de las propuestas de resolución presentadas por ERC busca garantizar y defender todos los derechos de todas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. En esta línea, pide la regularización de todos los extranjeros que habitan en España –más de 500.000– y crear los recursos suficientes para atender a las personas que migran, especialmente los jóvenes que llegan solos.

Además, ERC insta al Gobierno a adoptar un papel activo en las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo para «reorientar» las propuestas y hacerlas «coherentes» con los Derechos Humanos y cumplir todos los estándares internacionales en esta materia en todos los procedimientos fronterizos que contempla el pacto actual.

Reclama, también, asegurar la incorporación de la perspectiva antirracista y de género en el nuevo tratado y en la valoración de su impacto; asegurar la incorporación del enfoque de infancia y adecuadas garantías para la protección de niños y desplegar una política basada en vías legales y seguras de acceso al territorio, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de asilo.

Dedica un espacio especial a Ceuta y Melilla y pide al Gobierno que cree una comisión independiente de investigación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la frontera española con Marruecos en estas dos ciudades autónomas.

GASTO MILITAR Y OTRAS PROPUESTAS

ERC ha presentado un propuesta de resolución sobre el recorte de gasto militar en favor de la inversión social, en concreto políticas sociales y pensiones.

Además, ha planteado la enajenación y cesión de cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas para proyectos municipales de uso social. ERC plantea la apertura de un período de diez meses para que los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de espacios.

En esta línea, reclama realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas, en el mismo período, para que los Ayuntamientos puedan solicitar directamente la enajenación o gestión a la cartera de Defensa, al tiempo que ha pedido una partida en los Presupuestos Generales del Estado que permita atender el proyecto de reforma de la infraestructura de estos terrenos.

Por otro lado, otras dos propuestas de ERC se centran en la garantía de un sistema fiscal justo y progresivo y medidas para evitar la exclusión financiera. En el primer caso, insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para equiparar el tratamiento fiscal de las rendas del trabajo y el capital y combatir las estrategias de ‘dumping’ fiscal en Europa y el resto del mundo, con una mención específica a la Comunidad de Madrid.

En este contexto, también ha pedido un impuesto temporal a las entidades bancarias; un impuesto que grave un 3 por ciento a las grandes fortunas, las de más de un millón de euros, que financiarían los servicios básicos del Estado del Bienestar; un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento sobre el beneficio del Impuesto de Sociedades para garantizar la tributación efectiva de las grandes empresas; y elevar el impuesto al sector del juego hasta el 30 por ciento.

En cuanto a la exclusión financiera, ERC pide garantizar la asistencia y el asesoramiento de las personas que lo precisen para facilitarles la adaptación de las nuevas tecnologías que usan las entidades bancarias para hacer transacciones.

De forma paralela, reclama fomentar la implementación de cajeros automáticos adaptados a las necesidades de la gente mayor y de personas con discapacidad, mediante el impulso de medidas legislativas que permitan garantizar el servicio de cajero automático de la gente mayor, los colectivos vulnerables y la ciudadanía en general que tiene riesgo de exclusión financiera.

Asimismo, pide elaborar un mapa territorial mínimo de oficinas de las entidades financieras y un mapa territorial mínimo de cajeros que garanticen el derecho al efectivo como método de pago y, vinculando ambos mapas, unas obligaciones de atención presencial en las oficinas abiertas al público.

SECTOR AGRARIO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES

Otra de las propuestas de ERC versa sobre el apoyo al sector agrario, para lo que pide revisar los requisitos de la figura del agricultor activo como perceptor de la PAC; revisar los criterios y exigir una mayor transparencia en los acuerdos comerciales bilaterales internacionales; y analizar la implementación de la ley de la cadena alimentaria y revisar la efectividad de la misma.

Además, pide trasladar a los organismos europeos pertinentes la necesidad de armonización de los criterios de regulación de la cadena alimentaria, entre los estados que conforman la Unión Europea (UE) y cumplir con los acuerdos para implementar la doble tarificación anual eléctrica, entre otros asuntos.

Por último, ERC ha presentado una propuesta de resolución orientada al establecimiento de un correcto mecanismo de financiación que permita el ejercicio de los derechos sociales vigentes en la legislación.

En este sentido, pide aumentar la dotación presupuestaria en materia de dependencia, asegurando unos correctos criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas; devolver la «deuda histórica» de financiación al Gobierno de Cataluña «de manera inmediata»; traspasar la política del Ingreso Mínimo Vital al Ejecutivo de la comunidad autónoma; y adoptar y promover la equiparación entre las familias monoparentales y las familias numerosas.

También, pide aumentar los fondos a disposición de las autonomías para asegurar la correcta atención a los derechos sociales a través de la gestión directa del 0,7 por ciento del Impuesto de Sociedades y del IRPF, así como aumentar el flujo de financiación directa a las entidades sociales a través de la sustitución de la casilla de la iglesia en el IRPF por la inclusión de más entidades sociales.

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