Expertos piden «reformular» la política migratoria considerando la pandemia, el acuerdo europeo o la guerra en Ucrania

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Expertos en materia migratoria han llamado este miércoles a «reformular» las políticas en esta materia para tener en cuenta en su planificación el acuerdo sobre asilo y refugio que se está negociando en la UE o las consecuencias que la pandemia o la guerra de Ucrania han tenido y tendrán en los movimientos migratorios.

Así lo han hecho en la presentación del documento ‘La inmigración en España hoy: reflexiones más allá de la pandemia’, organizada por la Fundación Alternativas y la Fundación Fundipax.

Tal y como han explicado ambas entidades, el objetivo de este trabajo es analizar la cuestión migratoria. Según han indicado, este fenómeno que ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política.

El documento denuncia, en líneas generales, que aunque España es un «país de inmigración» las cuestiones relacionadas con la gobernanza migratoria siguen fuera del debate público. Además, pone en cuestión en qué punto los instrumentos disponibles están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en el país, en pleno cambio del escenario internacional.

Es, en este sentido, en el que los autores del trabajo llaman a realizar una «reformulación» de las políticas migratorias para tener en cuenta aspectos que, los expertos consideran «importantes», como son la aprobación de la nueva agenda europea en materia de inmigración y asilo, los impactos de la pandemia de Covid-19 o la puesta en marcha, por vez primera, de la directiva de protección temporal para dar respuesta a la diáspora ucraniana.

INCREMENTO DE DISCURSOS XENÓFOBOS

La experta del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa y coautora del documento, Marta Pérez, ha explicado que, la contribución política del país en los últimos 30 años se ha basado en la regulación de flujos migratorios por motivos económicos; los instrumentos de políticas de frontera; el sistema de acogida de personas que necesitan protección internacional; y la integración e inclusión de las personas migrantes.

Pero, a su juicio, estas medidas ya no son válidas para una realidad que, tal y como ha destacado, es «cambiante».

En este sentido, ha explicado que la Covid-19 ha supuesto un «frenazo del 40%» a la tendencia expansiva de personas que llegaban a España, que comenzó hacia el 2014, cuando el país «empezaba a recuperarse» de la crisis financiera del 2008, y que llegó en 2019 «a un máximo histórico con 119.000 solicitudes de asilo, siendo Marruecos, Colombia, Reino Unido y Venezuela los principales países de procedencia».

Sin embargo, las llegadas irregulares a la frontera sur y las islas Canarias, según ha apuntado Pérez, han «crecido un 30% en los últimos dos años», con la llegada de unas «42.000 personas», y en el primer semestre de 2022 se han «incrementado en un 50%».

La directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies y también coautora del documento, Gemma Pinyol-Jiménez, ha apuntado que se están «construyendo políticas migratorias en base a una obsesión en el control de la frontera marítima», lo que, en su opinión, «distorsiona el impacto de la gobernanza migratoria».

RETOS POR DELANTE

A su juicio, esto «no deja pensar en otras cosas» y posiciona a España en una «situación de dependencia» en relación con terceros países que, según ha advertido, se va a «incrementar» a medida que la situación en el Sahel se complique.

Pinyol-Jiménez ha aclarado, del mismo modo, que España, al ser frontera exterior de la UE, «tiene muchos retos por delante» y ha llamado a cambiar la mirada y el marco conceptual».

La investigadora ha precisado que las políticas públicas españolas «no estaban pensadas» para un sistema de acogida de «grandes volúmenes», lo que, a su juicio, ha generado un «colapso» que invita a «reflexionar» sobre su estructura. «Tenemos que mirar a los países de nuestro entorno para saber si lo que queremos es centrarnos en la exclusión de las personas refugiadas en grandes centros apartados de las realidades o si queremos un modelo más cercado en el día a día y en facilitar la inclusión», ha señalado.

En el acto de presentación también ha participado la directora general de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, quien ha destacado el «histórico» sistema de asilo puesto en marcha por la guerra de Ucrania, que ha calificado de «inmediato y eficiente a nivel europeo y nacional», así como de una «magnífica respuesta de la sociedad civil en un momento de emergencia».

A partir de ahora, según ha destacado, ya «nadie puede negar que España sea capaz de afrontar este tipo de situaciones de manera satisfactoria, por lo que, a su juicio, el país debería incidir en todos los espacios, europeos y nacionales, para que el derecho a asilo no se ponga en riesgo».

UN RÉGIMEN A DOBLE VELOCIDAD

Según Galán, la inmigración ucraniana ha generado un «régimen de doble velocidad», entre un sistema de asilo que ya estaba en funcionamiento con ciertas dificultades y con un proceso de revisión interna en marcha y, por otro lado, con la apertura de centros específicos con sus propias particularidades para la acogida de los ucranianos. En este sentido, ha apuntado que «cuando hay voluntad política se puede hacer de otra manera».

Del mismo modo, la jefa del Área Social en la Dirección de Estudios y Análisis del CES, Nuria Moreno-Manzanaro ha pedido acometer una «política estructural y con las luces largas», es decir, con «un alto consenso».

La analista ha señalado que la reforma del reglamento de extranjería debe «responder a los desajustes en el mercado de trabajo», aunque ha reconocido que es «un tema muy complejo que no sólo incide en la vertiente migratoria, ya que también tiene que ver con el sistema de intermediación, el educativo o el de formación para el empleo».

Finalmente, el director del Laboratorio de Fundación Alternativas, Jesús Ruiz-Huerta, ha puesto en el foco la «peculiar» situación mundial: con una gran cantidad de ofertas de trabajo que «no se atienden» y, al mismo tiempo, una «tasa de paro del 13%». Estas «contradicciones», según ha indicado, es una de las cuestiones que más «afectan» a la población migrante».

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