Criticó que España se ha convertido en el país europeo que más atrae inmigración irregular, refiriéndose a la política migratoria del presidente Sánchez como 'humanitaria'. También acusó a Sánchez de convocar elecciones para frenar investigaciones judiciales por corrupción, mencionando 17 sumarios con 23 delitos, que suman 1.400 años de cárcel.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo español ha trasladado sus más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y ha manifestado su deseo de una pronta recuperación para las personas lesionadas en la acción violenta.

Solidaridad internacional con el pueblo de Polonia y rechazo absoluto a la violencia

Junto al pésame dirigido a los allegados de las víctimas,España ha expresado su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Polonia ante este grave suceso.

En su declaración, las autoridades españolas han mostrado un rechazo frontal a la violencia y a cualquier expresión de odio, remarcando que este tipo de actos resultan del todo incompatibles con los valores de convivencia,democracia y libertad que comparten los países europeos.

Sánchez ha asegurado que «la ola de la ultraderecha» se está desmoronando en Brasil y en Estados Unidos y que ocurrirá lo mismo en España el 29 de noviembre. Ha defendido además «la fuerza de la esperanza» que, a su juicio, mueve al país, y ha reclamado un respaldo mayor que una mayoría simple: «A mí no me basta, después de ocho años, con tener una mayoría simple. No es suficiente con frenar al PP y a Vox. Necesitamos una mayoría amplia y progresista para llegar antes y más lejos en materias sociales, en conquistas, en derechos y en libertades».

«Odio, mentiras y motosierras»

El líder socialista ha atribuido a las propuestas de Feijóo y Abascal «odio, mentiras y motosierras» y ha afirmado que el 29N hace falta «un gobierno que se comprometa con reforzar los servicios públicos y no recortarlos». «Con nuestro voto diremos que España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Buenos Aires o Moscú. No vamos a permitir que nuestro país sea la terminal ni el patio trasero de la internacional ultraderechista», ha señalado.

En ese contexto ha citado como ejemplo que León XIV haya ejercido su derecho al voto en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. «No sé qué ha votado, sí he escuchado lo que defiende», ha dicho, y ha añadido que «el Papa y la punki», en alusión a la cantautora Patti Smith, coinciden en algo importante: «Hoy lo que importa es el voto».

Sánchez ha leído también unas palabras de Pau Casals sobre la paz y ha defendido ese principio «ni en Ucrania, ni en Irán, ni en Palestina». Ha rechazado que el presidente argentino, Javier Milei, defina el socialismo, porque, según ha dicho, lo definió Ernest Lluch al levantar la sanidad pública en España.

Frente a Feijóo y Abascal, a los que ha descrito como «un viaje al pasado», ha pedido «cuatro años más de avance» y ha afirmado que no hace falta pertenecer a un colectivo para defender sus causas: ni ser pensionista para movilizarse por una pensión digna, ni mujer para defender el feminismo, ni joven para reclamar vivienda, ni gay para apoyar los derechos LGTBI. Ha prometido, además, «blindar durante la próxima legislatura el derecho al aborto en la Constitución» ante el regreso de «los cantos del PP y de Vox».

El accidente ferroviario de Urda

Sánchez se ha referido igualmente al accidente ferroviario de Urda. «Gobierne quien gobierne, la clave es cómo se responde a esas crisis y a esas tragedias. Nosotros siempre hemos hecho lo mismo: hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades», ha manifestado. Ha recordado que han hecho falta 15 años para revertir los recortes en inversión ferroviaria tras la respuesta «neoliberal» a la crisis financiera de 2010.

Illa, Hereu y Montalvo

En el acto han intervenido también el primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Industria y cabeza de lista por Barcelona, Jordi Hereu, y la cabeza de lista por Tarragona, Ione Montalvo. Illa ha asegurado que «la fuerza de tu voto vale más que cualquier insulto» y que es «muy superior a la fuerza del dinero que quiere comprar testigos». Hereu ha prometido a Sánchez «un gran apoyo en Catalunya» por su «apuesta por la convivencia», y Montalvo ha planteado que el 29N va de «dos modelos: o democracia o barbarie» y ha pedido: «Quien pueda votar, que vote».

Feijóo ha asegurado que, «si el dinero de la seguridad en los trenes ha acabado en el PSOE o en el bolsillo de alguno de los suyos, no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia». Y ha añadido: «Si han robado el dinero destinado a proteger la vida de los españoles, tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel».

«Solo le importó el relato»

El líder popular ha sostenido que, «hasta en la tragedia», al Ejecutivo solo le importó el relato, hasta el punto de filtrar el audio de un maquinista fallecido. «Para alimentar el relato nunca les falta tiempo, pero luego no lo encuentran para mostrarle el respeto a los muertos en un funeral de Estado», ha recriminado. También ha cuestionado la «actitud lamentable» del PSOE, que a su juicio muestra «más preocupación por las elecciones que por la vida de los españoles» y da «más abrazos al ministro dimitido que a las víctimas».

Feijóo ha replicado a quienes hablan de calvario y dignidad: «El calvario es el de las víctimas. Y ahora se atreven a hablar de dignidad, pero dignidad no es irse por las elecciones después de 116 víctimas, sería haberlo hecho diez meses antes, haberlo revisado todo y haber pedido perdón». En una tragedia, ha dicho, «no importa el ministro ni el presidente, solo importan las víctimas, la gente y el país».

Auditoría ferroviaria y equipos «por capacidad»

De cara a una eventual llegada al Gobierno, Feijóo ha prometido una auditoría del transporte ferroviario: «Auditaremos los sistemas de seguridad, los sistemas de respaldo y hasta la última traviesa, porque hay que recuperar todas las garantías de seguridad». Ha asegurado que «los más preparados volverán a estar al frente de los puestos clave» y ha garantizado que no elegirá a nadie «por amiguismo, sino por su capacidad de gestión, rigor y experiencia». Ha presentado además su trayectoria como gestor como argumento: «La gestión es lo que separa un país que funciona de un país que pierde tiempo, dinero y vidas».

Sobre el campo, ha defendido que «el esfuerzo del mundo rural merece respeto» y ha criticado a un Gobierno «de espaldas al campo y a los pueblos». Se ha comprometido a pedir una moratoria regulatoria en Europa y ha asegurado que «ninguna ley española exigirá al campo más de lo que ya exige Europa», de modo que «toda obligación añadida será suprimida». Ha afirmado también que es necesario «garantizar una España mejor para las mujeres», a quienes, según ha dicho, este Gobierno «ha desprotegido y vejado desde los ministerios». Ha denunciado además ocho años de «desastre en vivienda», de «machismo institucional» y de «recaudar más impuestos que nunca».

«Los dimitiremos en las urnas»

Feijóo ha pedido movilizarse el 29 de noviembre para «devolver la esperanza» y demostrar que hay una alternativa: «El 29 de noviembre pondremos fin a este tormento y diremos que por fin empezamos una nueva etapa. Los dimitiremos en las urnas». Ha advertido de que no hay que fiarse de lo que haga y diga el Ejecutivo hasta esa fecha «para manipular a la gente» y ha defendido que hay que votar «para demostrar que ni Sánchez es España, ni Puente es Valladolid».

El presidente del PP ha señalado que, si quisiera hacer un mitin para apuntar al máximo responsable, no estaría en Valladolid, sino delante del Palacio de la Moncloa: «Sabemos dónde está el responsable de estos últimos ocho años, de nuestras infraestructuras y de nuestra inseguridad». Ha prometido que con un Gobierno del PP «se acabará el teatro, el gobernar desde la televisión o las redes sociales» y ha concluido: «Vamos a bajar el telón de este espectáculo lamentable».

La Fiscalía se apoyaba en la doctrina sobre los bienes que recibe una autoridad cuando están destinados a integrarse en el patrimonio público, aunque no hayan llegado a ingresar de forma efectiva, y en un delito de malversación que exige la apropiación con ánimo de lucro o la disposición de bienes públicos. Con ese razonamiento, concluía que, de ser cierta la versión del investigado, la conducta podría constituir malversación y pedía ampliar la investigación por ese delito.

Calama ha considerado que la interpretación del fiscal es una construcción elaborada a posteriori, ya que, al tiempo de los hechos, ninguna disposición legal imponía que los regalos recibidos por altos cargos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio de la Administración. El juez ha recordado que no fue hasta la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuando se estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía y que los obsequios de relevancia institucional deben pasar al patrimonio de la Administración correspondiente.

En cuanto al Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005, el instructor ha señalado que no puede atribuírsele eficacia para integrar el tipo penal. Según el auto, aquel documento «poseía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación». El magistrado ha añadido que admitir lo contrario «supondría convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal, conclusión incompatible con las exigencias derivadas del principio de legalidad».

Una obligación previa que aquí no existía

El juez ha repasado la doctrina del Tribunal Supremo sobre este delito y ha explicado que, en todos los casos analizados, los bienes presuntamente malversados tenían ya naturaleza pública, aunque no hubieran llegado a las arcas, porque existía un título jurídico previo que determinaba su adscripción necesaria a la Administración. Lo que busca esa jurisprudencia, según Calama, es evitar que el autor se libre del delito de malversación impidiendo voluntariamente la formalización contable de fondos que ya pertenecen o están destinados a pertenecer a la Administración. «Ahora bien, de ello no se desprende que la mera recepción de un bien por razón del cargo determine su incorporación automática al patrimonio público», ha precisado.

En los precedentes invocados, ha subrayado, la Administración tenía un título jurídico previo sobre los bienes o una expectativa de adquisición expresamente reconocida por el ordenamiento. En el caso de las joyas incautadas, en cambio, esa expectativa solo podría construirse a partir de una normativa posterior a los hechos o de un código de conducta sin eficacia normativa suficiente.

Aceptar la tesis de la Fiscalía supondría, a juicio del instructor, sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva del tipo penal, extendiendo la noción de patrimonio público a un supuesto que el legislador no contemplaba entonces y respecto del cual el ciudadano no podía conocer razonablemente que la apropiación del bien pudiera ser malversación.

«En definitiva, aun admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo, al no existir al tiempo de los hechos una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal. Por ello, falta uno de los elementos esenciales del tipo objetivo de la malversación, lo que impide la subsunción de los hechos en dicho precepto, y, por tanto, la imputación solicitada», ha concluido el magistrado.

Paralizadas las inspecciones de Hacienda

En otro auto, Calama ha acordado paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto de Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como del investigado Julio M. y de varias sociedades vinculadas a ellos

El Ministerio del Interior proporcionará a las mesas electorales más de 60.000 dispositivos de lectura necesarios, que serán distribuidos el 29 de noviembre mediante Correos. Estos dispositivos vendrán acompañados de instrucciones específicas para su uso, garantizando así una correcta implementación y operación durante el proceso electoral.

Para utilizar el DNI digital, los votantes deberán abrir la aplicación MiDNI frente a la Mesa electoral y obtener un código QR temporal generado por la Policía Nacional. Este código certifica la autenticidad de los datos. La Mesa dispondrá de un dispositivo móvil con un verificador QR que permitirá comprobar la identificación de manera segura.

Implementación tecnológica

Además del DNI digital, los votantes podrán identificarse con el pasaporte o el permiso de conducir originales, incluso si están caducados. No se aceptarán fotocopias de estos documentos, asegurando así la integridad del proceso de identificación en las mesas electorales.

MiDNI es la aplicación móvil oficial de la Policía Nacional que permite llevar el DNI de forma digital y compartirlo de manera segura mediante códigos QR firmados digitalmente. Desde el 2 de abril de 2026, los ciudadanos tienen derecho a identificarse con el DNI digital, según el Real Decreto 255/2025.

Antecedentes y derechos

Actualmente, casi 2 millones de personas han registrado sus datos en la aplicación MiDNI y más de 1.755.000 han activado el DNI digital. El sistema utiliza Infraestructura de Clave Pública (PKI) y firma digital, cumpliendo con estándares internacionales, lo que asegura la solidez y seguridad del servicio.

La seguridad del Documento Nacional de Identidad en el Móvil (MiDNI) ha sido evaluada y certificada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), una entidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta certificación garantiza la protección de los datos personales y la integridad del proceso de identificación digital.

La medida, firmada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, da cumplimiento al artículo 5 de la norma de comercialización de la campaña (Orden Ministerial APA/1145/2026, de 29 de octubre) y se ampara en el Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados. Según el Ministerio, su objetivo es regular la oferta ante una situación de sobreproducción, garantizar la rentabilidad de los agricultores y proteger también al comprador, dotando de mayor estabilidad al mercado.

Los datos aforados por las comunidades autónomas prevén una producción de 1.602.596 toneladas, un 23 % más que en la campaña anterior. Agricultura atribuye esta previsión a las condiciones climáticas de la pasada primavera en las principales zonas olivareras, con temperaturas suaves y lluvias abundantes que favorecieron la floración y el cuajado del fruto. De confirmarse, sería la cuarta mayor campaña del registro histórico. A ello se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas, un 23,3 % más que el año anterior, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO).

Con esas cifras se cumple el criterio técnico fijado en la orden: la suma del aforo de la nueva campaña y las existencias de enlace alcanza el 120 % de la producción media de las seis campañas anteriores.

Cada almazara aplicará el 12 % sobre su producción mensual acumulada, sea cual sea la categoría, y podrá elegir libremente qué categoría de aceite retira. La obligación se aplicará desde la entrada en vigor de la resolución, es decir, sobre la producción declarada de noviembre, y no afectará a la de octubre, primer mes de la campaña. Producción y existencias finales se declararán por los canales habituales del SIMO, regulado por el Real Decreto 861/2018.

Para vigilar su cumplimiento se creará un grupo técnico de seguimiento que aprobará el plan de control, coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas. Los operadores deberán facilitar la documentación que se les requiera y permitir controles in situ. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de la evolución de la producción. Además, el Ministerio ha puesto a disposición de los interesados un documento de preguntas frecuentes para aclarar dudas sobre su aplicación.

Según ha explicado el cuerpo armado en una nota de prensa, la fase de explotación se desarrolló los días 23 y 24 de octubre con la práctica de 12 entradas y registros en inmuebles de Granada capital, Almuñécar y Peligros. En varios de ellos, los agentes localizaron plantaciones de marihuana en interior, instaladas en habitaciones acondicionadas para el cultivo y, en uno de los casos, en un zulo ubicado bajo tierra. Los agentes comprobaron además la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica para abastecer las plantaciones. La investigación apunta a que la organización enviaba la droga a Eslovenia y no se descartan posibles conexiones internacionales con otros países.

En los registros, los agentes intervinieron 181 kilos de marihuana y 1.388 plantas, además de 805 gramos de hachís y casi 35.000 euros en efectivo. También se intervinieron varias piezas de oro valoradas en unos 40.000 euros, seis vehículos de alta gama, numerosas motocicletas de motocross y documentación contable.

En cuanto al armamento, los agentes intervinieron cuatro armas cortas y una escopeta de repetición, junto con abundante munición y cargadores. Entre ellas destaca una pistola Glock modificada para realizar tiro automático, comúnmente conocido como “ametrallador”, lo que le confiere la consideración de arma de guerra. Junto a ella se intervino también un cargador de alta capacidad para esta arma. La intervención de esta pistola modificada pone de relieve la relevancia del armamento del que disponía la organización.

Estos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Granada, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.

Dicha investigación, en el marco de las actuaciones dirigidas contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial con el apoyo de la USECIC de Granada y otras provenientes de comandancias de Andalucía, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, Patrullas de la Compañía de Armilla, las Áreas de Investigación de Almuñécar, Las Gabias y Armilla, Servicio Cinológico de Granada, Almería, Huelva y Málaga.

Según el dirigente del PP, la operación policial actual devuelve la 'delincuencia al primer plano de la actualidad'. Durante su intervención, destacó que el chófer de las primarias de Sánchez ha sido detenido, siendo el único de aquel grupo que aún no enfrentaba causas judiciales.

El secretario general del PP criticó duramente la gestión del gobierno, sugiriendo que la corrupción es inherente al entorno de Pedro Sánchez. «Todo el que está cerca de Sánchez acaba igual porque todo en Sánchez es corrupción», afirmó, enfatizando que los implicados terminarán en el banquillo de los acusados.

Redada en el Ministerio de Transportes

El representante del PP también se refirió a la reciente dimisión de Puente, negando que respondiera a una cuestión de responsabilidad política. Alegó que su salida está más relacionada con las encuestas que con los accidentes de tren que han dejado más de 100 muertos.

En relación con las declaraciones de Puente, quien afirmó que «no todos somos iguales», el secretario del PP respondió: «Afortunadamente, no somos iguales». Subrayó que el PSOE es el partido de la corrupción, las mordidas y las negligencias, sin parangón en el panorama político español.

Críticas a la dimisión de Puente

Por otro lado, el dirigente del PP insistió en la necesidad de un debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez. «Le barrimos hace cuatro años y queremos volver a hacerlo», comentó, lamentando que aún no hayan recibido respuesta a su propuesta de debates.

Finalmente, destacó la importancia de Madrid en las próximas elecciones del 29 de noviembre, donde se elegirán 38 escaños. Afirmó que Madrid será la punta de lanza del cambio y que el PP de Madrid debe darle una contundente derrota al PSOE en la región.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que, a lo largo de estos años, el ministro "ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos". Ha subrayado también que ha afrontado grandes desafíos "con dedicación, con transparencia y con integridad". Esta semana, ha señalado, Puente "ha dado la cara", ha ofrecido explicaciones y ha aportado soluciones a una sociedad que "las exigía y las merecía", y después "ha dado un paso a un lado".

Un gesto para recuperar la confianza

El presidente ha interpretado la renuncia como una muestra del respeto que la sociedad y el Gobierno sienten por las víctimas, y como prueba de que "no todos los servidores públicos somos iguales". En su opinión, con este gesto Puente ayuda a que España "recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política". Ahora, ha añadido, el deber del Gobierno es "honrar su gesto" y seguir trabajando para asistir a las personas golpeadas por el accidente y para restablecer la normalidad en la alta velocidad.

Cuerpo asumirá el ministerio de forma transitoria

Con ese objetivo, y teniendo en cuenta que queda menos de un mes para las elecciones generales, el presidente ha informado al jefe del Estado de que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asumirá de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El cambio se formalizará mediante real decreto en un Boletín Oficial del Estado extraordinario.

El presidente ha elogiado al vicepresidente, que ha demostrado en esta legislatura "una enorme capacidad de gestión, sinceridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan". Se ha mostrado convencido de que hará "un gran trabajo" y dará continuidad a las reformas iniciadas por Puente.

En el tramo final de su intervención, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que se viven "tiempos de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización", y ha afirmado que a algunos les gustaría que todo se rompiera porque "viven del enfrentamiento y del miedo". Ha defendido, sin embargo, que este Gobierno y este país han salido siempre "más fuertes de cada crisis", y que esta vez lo harán de nuevo "dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social".

Las principales cadenas estadounidenses han proyectado que los demócratas alcanzarán al menos 51 escaños en el Senado, la cifra necesaria para gobernar sin depender del voto de desempate del vicepresidente, JD Vance. En la Cámara Baja, las proyecciones les atribuyen unos 244 escaños, muy por encima de los 218 requeridos para la mayoría.

Trump admite el revés, pero se defiende

Trump ha reconocido la derrota republicana en un mensaje en Truth Social, aunque ha intentado restarle significado político al sostener que los republicanos habrían "arrasado" si su nombre hubiera aparecido en las papeletas. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría!", ha escrito el presidente, según han reproducido medios internacionales.

Antes del cierre de las urnas, Trump ya había anticipado una posible derrota al declarar que "por alguna razón, el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato". También había advertido de que, si perdía el control del Congreso, usaría su poder de veto para frenar la legislación demócrata. No obstante, en declaraciones al New York Times, el mandatario ha dicho estar "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados y a trabajar con los demócratas.

Un castigo que llega a estados republicanos

El resultado no se ha limitado a los estados tradicionalmente competitivos. Los demócratas han ganado escaños en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Ohio, Iowa y Carolina del Norte, territorios en los que Trump había obtenido victorias amplias en comicios presidenciales recientes.

Entre las victorias más simbólicas figura la de James Talarico en Texas, la primera conquista demócrata de un escaño senatorial en ese estado en 38 años. También destaca la de Annie Andrews en Carolina del Sur, donde ha derrotado a Darline Graham, candidata respaldada personalmente por Trump y hermana del fallecido senador Lindsey Graham. En la Cámara de Representantes, los demócratas también han arrebatado distritos rediseñados para favorecer a los republicanos, entre ellos escaños en Kentucky, Nueva Jersey y Carolina del Norte.

La economía, en el centro del voto

Las encuestas a pie de urna citadas por medios internacionales apuntan a que el coste de la vida fue determinante: cerca de nueve de cada diez votantes lo consideraron un asunto crucial o importante. Los aranceles comerciales, el conflicto con Irán y el encarecimiento de alimentos y combustibles pesaron en el descrédito de la gestión republicana.

Un sondeo de NBC recoge además que el 43% de los votantes interpretó la jornada como una oportunidad para expresar su rechazo al presidente, cuya desaprobación alcanzaba el 62% en esa misma encuesta. La participación anticipada fue también notablemente alta, con más de 50 millones de personas que votaron antes del día electoral, por encima de los niveles de hace cuatro años en casi todos los estados clave para el Senado.

Un Congreso en manos de la oposición

La pérdida de ambas cámaras convierte a Trump en un presidente "pato cojo" durante los dos años que le restan de mandato. Los demócratas podrán bloquear o condicionar su agenda legislativa, controlar comisiones de investigación y dificultar la confirmación de nombramientos.

Los republicanos llegaban a la jornada con una ventaja de 53-47 en el Senado y de 219-214 en la Cámara. La inversión de ambas mayorías representa uno de los peores resultados para el partido de un presidente en unas elecciones intermedias. Para la oposición, la victoria abre una nueva etapa de resistencia institucional y anticipa una batalla interna por la candidatura presidencial de 2028. Para Trump, el desafío inmediato será gobernar con un Congreso hostil, una economía bajo escrutinio y un partido obligado a replantearse su futuro electoral.

Las principales cadenas estadounidenses han proyectado que los demócratas alcanzarán al menos 51 escaños en el Senado, la cifra necesaria para gobernar sin depender del voto de desempate del vicepresidente, JD Vance. En la Cámara Baja, las proyecciones les atribuyen unos 244 escaños, muy por encima de los 218 requeridos para la mayoría.

Trump admite el revés, pero se defiende

Trump ha reconocido la derrota republicana en un mensaje en Truth Social, aunque ha intentado restarle significado político al sostener que los republicanos habrían "arrasado" si su nombre hubiera aparecido en las papeletas. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría!", ha escrito el presidente, según han reproducido medios internacionales.

Antes del cierre de las urnas, Trump ya había anticipado una posible derrota al declarar que "por alguna razón, el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato". También había advertido de que, si perdía el control del Congreso, usaría su poder de veto para frenar la legislación demócrata. No obstante, en declaraciones al New York Times, el mandatario ha dicho estar "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados y a trabajar con los demócratas.

Un castigo que llega a estados republicanos

El resultado no se ha limitado a los estados tradicionalmente competitivos. Los demócratas han ganado escaños en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Ohio, Iowa y Carolina del Norte, territorios en los que Trump había obtenido victorias amplias en comicios presidenciales recientes.

Entre las victorias más simbólicas figura la de James Talarico en Texas, la primera conquista demócrata de un escaño senatorial en ese estado en 38 años. También destaca la de Annie Andrews en Carolina del Sur, donde ha derrotado a Darline Graham, candidata respaldada personalmente por Trump y hermana del fallecido senador Lindsey Graham. En la Cámara de Representantes, los demócratas también han arrebatado distritos rediseñados para favorecer a los republicanos, entre ellos escaños en Kentucky, Nueva Jersey y Carolina del Norte.

La economía, en el centro del voto

Las encuestas a pie de urna citadas por medios internacionales apuntan a que el coste de la vida fue determinante: cerca de nueve de cada diez votantes lo consideraron un asunto crucial o importante. Los aranceles comerciales, el conflicto con Irán y el encarecimiento de alimentos y combustibles pesaron en el descrédito de la gestión republicana.

Un sondeo de NBC recoge además que el 43% de los votantes interpretó la jornada como una oportunidad para expresar su rechazo al presidente, cuya desaprobación alcanzaba el 62% en esa misma encuesta. La participación anticipada fue también notablemente alta, con más de 50 millones de personas que votaron antes del día electoral, por encima de los niveles de hace cuatro años en casi todos los estados clave para el Senado.

Un Congreso en manos de la oposición

La pérdida de ambas cámaras convierte a Trump en un presidente "pato cojo" durante los dos años que le restan de mandato. Los demócratas podrán bloquear o condicionar su agenda legislativa, controlar comisiones de investigación y dificultar la confirmación de nombramientos.

Los republicanos llegaban a la jornada con una ventaja de 53-47 en el Senado y de 219-214 en la Cámara. La inversión de ambas mayorías representa uno de los peores resultados para el partido de un presidente en unas elecciones intermedias. Para la oposición, la victoria abre una nueva etapa de resistencia institucional y anticipa una batalla interna por la candidatura presidencial de 2028. Para Trump, el desafío inmediato será gobernar con un Congreso hostil, una economía bajo escrutinio y un partido obligado a replantearse su futuro electoral.

Las principales cadenas estadounidenses han proyectado que los demócratas alcanzarán al menos 51 escaños en el Senado, la cifra necesaria para gobernar sin depender del voto de desempate del vicepresidente, JD Vance. En la Cámara Baja, las proyecciones les atribuyen unos 244 escaños, muy por encima de los 218 requeridos para la mayoría.

Trump admite el revés, pero se defiende

Trump ha reconocido la derrota republicana en un mensaje en Truth Social, aunque ha intentado restarle significado político al sostener que los republicanos habrían "arrasado" si su nombre hubiera aparecido en las papeletas. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría!", ha escrito el presidente, según han reproducido medios internacionales.

Antes del cierre de las urnas, Trump ya había anticipado una posible derrota al declarar que "por alguna razón, el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato". También había advertido de que, si perdía el control del Congreso, usaría su poder de veto para frenar la legislación demócrata. No obstante, en declaraciones al New York Times, el mandatario ha dicho estar "absolutamente dispuesto" a aceptar los resultados y a trabajar con los demócratas.

Un castigo que llega a estados republicanos

El resultado no se ha limitado a los estados tradicionalmente competitivos. Los demócratas han ganado escaños en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Ohio, Iowa y Carolina del Norte, territorios en los que Trump había obtenido victorias amplias en comicios presidenciales recientes.

Entre las victorias más simbólicas figura la de James Talarico en Texas, la primera conquista demócrata de un escaño senatorial en ese estado en 38 años. También destaca la de Annie Andrews en Carolina del Sur, donde ha derrotado a Darline Graham, candidata respaldada personalmente por Trump y hermana del fallecido senador Lindsey Graham. En la Cámara de Representantes, los demócratas también han arrebatado distritos rediseñados para favorecer a los republicanos, entre ellos escaños en Kentucky, Nueva Jersey y Carolina del Norte.

La economía, en el centro del voto

Las encuestas a pie de urna citadas por medios internacionales apuntan a que el coste de la vida fue determinante: cerca de nueve de cada diez votantes lo consideraron un asunto crucial o importante. Los aranceles comerciales, el conflicto con Irán y el encarecimiento de alimentos y combustibles pesaron en el descrédito de la gestión republicana.

Un sondeo de NBC recoge además que el 43% de los votantes interpretó la jornada como una oportunidad para expresar su rechazo al presidente, cuya desaprobación alcanzaba el 62% en esa misma encuesta. La participación anticipada fue también notablemente alta, con más de 50 millones de personas que votaron antes del día electoral, por encima de los niveles de hace cuatro años en casi todos los estados clave para el Senado.

Un Congreso en manos de la oposición

La pérdida de ambas cámaras convierte a Trump en un presidente "pato cojo" durante los dos años que le restan de mandato. Los demócratas podrán bloquear o condicionar su agenda legislativa, controlar comisiones de investigación y dificultar la confirmación de nombramientos.

Los republicanos llegaban a la jornada con una ventaja de 53-47 en el Senado y de 219-214 en la Cámara. La inversión de ambas mayorías representa uno de los peores resultados para el partido de un presidente en unas elecciones intermedias. Para la oposición, la victoria abre una nueva etapa de resistencia institucional y anticipa una batalla interna por la candidatura presidencial de 2028. Para Trump, el desafío inmediato será gobernar con un Congreso hostil, una economía bajo escrutinio y un partido obligado a replantearse su futuro electoral.

"Una cuestión de dignidad política"

El ministro ha explicado que tomó la decisión en los primeros minutos tras conocer la tragedia, cuando se dirigía al centro de control de 24 horas de Adif, y que se lo comunicó en primer lugar a su familia. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha afirmado. La dimisión llega después de los accidentes de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y de Urda, con 69 fallecidos.

Puente ha asegurado que ha hecho pública la decisión en el Congreso, "en la sede de la soberanía nacional", una vez cumplido lo que consideraba el trabajo más urgente e inaplazable: realizar las primeras pesquisas para entender lo ocurrido mientras se auxiliaba a las víctimas, adoptar las primeras medidas para resarcirlas y mejorar, en lo posible, la seguridad del sistema ferroviario a corto plazo. "No era esta, sin duda, la única decisión posible, pero es la única que yo hubiera estado dispuesto a tomar", ha señalado.

A quienes le han mostrado su apoyo estos días les ha pedido que entiendan que se trata de "una medida necesaria y positiva" y que "no es ningún drama ni hay que hacer un drama de ello". "Drama, sin duda, el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos", ha añadido, en referencia también a los heridos, algunos de ellos amputados. Ha reconocido que su dolor no puede equipararse al de las víctimas, "pero después del suyo, ninguno, créanme, es tan grande como el mío".

"La culpa no puede morir soltera"

Para justificar su decisión, el ministro ha recordado al ministro portugués Jorge Coelho, que dimitió en 2001 tras el derrumbe de un puente en el que murieron 59 personas, y ha hecho suya su frase: "La culpa no puede morir soltera". Puente ha defendido que su renuncia es "buena para el país y buena para la democracia", una democracia "madura, de un país fuerte, próspero y moderno, no un Estado fallido como algunos sostienen", en la que la ciudadanía reclama dignidad a la política.

El ministro ha rechazado que "todos los políticos seamos iguales", algo que ha calificado de "falacia" de quienes quieren conducir a la sociedad a la desconfianza en la democracia. También ha rebatido la idea de que "solo el pueblo salva al pueblo": "Al pueblo le salva un Estado fuerte, justo, con unos buenos servicios públicos. El pueblo solo salva al pueblo en las urnas, votando a los que le apoyan, no a los que solo quieren utilizarlo para perpetuar los privilegios de una minoría".

Una réplica a Rufián sobre Aena

Antes de anunciar su decisión, Puente había respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le planteaba destinar al ferrocarril recursos de los aeropuertos. El ministro ha explicado que el plan de aeropuertos se nutre fundamentalmente de las tasas aeroportuarias y no sale de los Presupuestos Generales del Estado, igual que el plan de puertos. Por ello, ha dicho, ambas partidas no son intercambiables: "No podemos renunciar a 13.000 millones en los aeropuertos para emplearlos en el ferrocarril, porque no salen del ferrocarril, sino de las cuentas de Aena", una empresa público-privada cotizada en el Ibex que debe tomar decisiones en función de sus intereses y sus cuentas.

"Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido"

Puente ha vinculado también su decisión a su militancia socialista. Ha recordado que forma parte de una organización con casi 150 años de historia, en la que militó antes su madre, que sigue haciéndolo, y antes su abuelo, y ha asegurado que su renuncia busca "estar a la altura" de su partido y de quienes entregaron todo por una sociedad "más justa e igualitaria". "Nadie es más grande que la organización a la que pertenece, sea ministro o afiliado de base. Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni, desde luego, que mi país", ha afirmado. Y ha añadido que siempre ha sentido tristeza al ver "el espectáculo de algunos que fueron grandes para el partido y para el país y se creen aún más grandes que ambos".

El ministro ha agradecido el apoyo recibido a su familia, a sus padres y a su hermana, "a la que también pretenden hacerle la vida imposible", a su mujer, a sus hijas y al pequeño, que hace unos meses empezó a dar sus primeros pasos, y ha afirmado que "todos se llevan siempre la peor parte". También ha dado las gracias a los militantes socialistas, a quienes ha animado a estar unidos y orgullosos, a sus compañeros del Ayuntamiento de Valladolid, a su equipo en el Ministerio y, "muy especialmente", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "confianza sin límite". Ha pedido a todos los progresistas que le ayuden, "se lo merece", y ha concluido: "Ayudándole a él nos ayudamos todos".

Un mensaje final de esperanza

Puente ha cerrado su intervención con una advertencia sobre el momento político. "Este es un momento de dolor colectivo, pero el dolor no debe paralizarnos ni hacernos caer en la desesperanza, y menos aún entregarnos a los que solo quieren sacar provecho de ese dolor para alcanzar el poder", ha dicho. Ha sostenido que los servicios públicos "nunca se fortalecen con recortes" y que quienes asoman como alternativa "no resolverían ninguno de los problemas" de la sociedad y crearían otros, por lo que ha augurado que un Gobierno de esas características "será desastroso para nuestro futuro". "Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy yo he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta siempre", ha concluido.

Muñoz ha recordado que Puente ya compareció hace nueve meses en la misma sala tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, y que lo hace de nuevo tras la muerte de otras 69 en Urda. "Nueve meses, dos comparecencias, tres tragedias ferroviarias, dos en la misma vía, 116 fallecidos. Y usted ni ha dimitido ni ha sido cesado", ha señalado.

A su juicio, el sistema ferroviario actual es consecuencia de las decisiones de Pedro Sánchez y de sus sucesivos ministros de Transportes. "Hoy España tiene el sistema ferroviario que Sánchez y sus sucesivos ministros han querido, planeado y ejecutado y los resultados están a la vista", ha afirmado. Ha añadido que la responsabilidad del presidente del Gobierno es tener un ministro que consiga evitar los accidentes, "en vez de tener de ministros a gente como Ábalos o como usted, que llevan años dedicándose a todo tipo de cuestiones, menos para lo que se les paga".

Críticas por los audios y por la falta de empatía

La portavoz popular ha criticado que, tras el accidente de Urda, se filtraran audios sesgados del maquinista fallecido con el objetivo, según ha dicho, de buscar un culpable y eludir responsabilidades. "La deshumanización en la que ha convertido su forma de hacer política, señor ministro, es nauseabunda", ha asegurado.

También ha reprochado a Puente que no pidiera perdón a las víctimas y a sus familias y que, en su comparecencia, se centrara en hablar de su propio calvario mientras todavía había familiares buscando a sus seres queridos. "No es solo un ministro negligente, frívolo e incompetente, es que además es incapaz de empatizar con el dolor ajeno", ha afirmado.

"Todo lo que ha podido fallar ha fallado"

Muñoz ha defendido que la responsabilidad del ministro es dirigir el departamento, ejecutar los presupuestos, invertir en mantenimiento y supervisar la seguridad de las infraestructuras. "Anticipar los problemas, adoptar decisiones y corregir las deficiencias sí es su obligación", ha dicho, y ha añadido que la responsabilidad política pasa por responder "por la organización que se dirige, las prioridades que se establecen y por las decisiones que se adoptan o se dejan de adoptar".

La portavoz ha denunciado que el Gobierno lleva tres años sin ejecutar un presupuesto y ocho años sin instalar un nuevo sistema de seguridad, mientras el antiguo sufre caídas constantes. En su opinión, "obviar todas las señales y advertencias de la CIAF" que por dos veces exigieron al Ministerio medidas técnicas adicionales para no depender del factor humano "es una decisión política".

Muñoz ha asegurado que el PP lleva años pidiendo un plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria, el mismo con el que el ministro se presenta ahora. "Cada vez que se lo proponíamos, ¿sabe lo que hacía usted? Insultarnos", ha afirmado.

Ha insistido además en los fallos de seguridad en una misma línea: en Adamuz, según ha señalado, la vía permaneció rota durante 21 horas sin que nadie lo detectara, y nueve meses después, en Urda, un tren circuló durante 17 minutos a más de 160 kilómetros por hora con otro tren por delante sin que ningún sistema lo advirtiera. "Todo lo que ha podido fallar ha fallado", ha añadido.

"Un fallo sistémico" y una dimisión "116 vidas tarde"

La portavoz del PP ha concluido que lo sucedido no responde a un fallo puntual, sino a un problema sistémico derivado de las decisiones y omisiones del Gobierno. "No es un fallo puntual, es un fallo sistémico y no es una casualidad como usted intenta vendernos, es una causalidad de todas sus decisiones, de sus acciones y de sus omisiones", ha dicho. Y ha recordado que pedir la dimisión del ministro no es suficiente y llega tarde: "116 vidas tarde".

Feijóo ha precisado que no cuestiona el derecho constitucional a la huelga, pero ha sostenido que las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna. Ha recordado que "España acaba de vivir una tragedia" y que están "a la vista de todos" las "debilidades profundas del sistema", cuya responsabilidad política, ha dicho, corresponde "exclusivamente al Gobierno".

"Una decisión de país"

El líder popular ha subrayado que España no necesita un Gobierno que se limite a hacerse eco del hartazgo de los ciudadanos, sino uno que les garantice un rumbo mejor, y ha añadido que "es la hora de la rectificación". Ha llamado a convertir la decadencia que, a su juicio, vive el país "en una decisión democrática de cambio" que haga posible la reconstrucción nacional. "Es a eso a lo que convoco a los españoles", ha incidido.

Feijóo ha definido las elecciones del 29 de noviembre como "una decisión de país" y "la más trascendental de los próximos 50 años", y ha pedido "un mandato fuerte y claro" para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha "desde el primer día". Sobre Pedro Sánchez, ha dicho que "ha sido el error" y que "las naciones con instinto de supervivencia no persisten en los errores: los corrigen".

Ha pedido la confianza de los españoles para recuperar desde las instituciones el respeto a la gente y a la nación, a partir de un triple compromiso: decencia en la política, lograr que el país funcione y garantizar que el esfuerzo de la gente vale la pena. "No son tres eslóganes. Son una hoja de ruta", ha asegurado.

Un "reseteo total" del sistema ferroviario

El presidente del PP ha propuesto una pieza separada sobre el sistema ferroviario y un "reseteo total de las infraestructuras, de los sistemas de seguridad y de los protocolos". Ha explicado que los descarrilamientos han crecido un 212 % desde 2018 y que España concentra "más del 70 % de los fallecimientos en alta velocidad del mundo", algo de lo que ha dicho que "tenemos que saber por qué".

Ha asegurado además que un informe interno de Adif prevé hasta 2030 un descenso del 39 % en fiabilidad y del 34 % en puntualidad, y un aumento del 94 % en accidentes, y ha preguntado al Gobierno si va a seguir repitiendo que vive "el mejor momento del tren de la historia". También ha criticado la frivolidad del Ejecutivo y ha preguntado "¿dónde está la gracia?" a propósito del ministro Óscar Puente, quien, según ha dicho, hizo chistes con el sistema ferroviario para promocionar un programa de humor.

Auditoría, impuestos y corrupción

Feijóo ha considerado inasumible que sea imposible acceder a una vivienda, que el descontrol sea la constante en las fronteras, que los servicios públicos se deterioren o que los ciudadanos paguen cada vez más y reciban cada vez menos. "El estado de la nación en su conjunto es inasumible", ha afirmado.

Ha reiterado que en los primeros cien días de Gobierno hará una auditoría completa del gasto, de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas del Estado, y que el primer presupuesto recogerá sus conclusiones, que serán públicas. Ha renovado su compromiso de revisar más de un centenar de subidas fiscales y bajar impuestos, para que "cada euro que se le pida a los ciudadanos" se destine a que el Estado cumpla con sus obligaciones.

También ha defendido que los gestores públicos se elijan "por méritos, no por afinidad" y que no cobren bonus si conducen a la empresa al desastre. Ha instado a "acabar con la plaga de la corrupción" y se ha comprometido a que cada superior responda de la corrupción de sus subordinados.

Desalojo de la Puerta del Sol y medidas contra el vandalismo

Preguntado por el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, Feijóo lo ha calificado de buena noticia para la salubridad pública, los comerciantes, la hostelería y la reputación de Madrid. Ha anunciado que repondrá el agravante por cometer actos vandálicos con el rostro tapado y que elevará las penas por organizarlos a través de redes, medidas que, según ha recordado, derogaron PSOE y Podemos en 2021-2022. Ha planteado además más penas para quienes organicen actos vandálicos mediante redes sociales o páginas web, responsabilidad para tutores y padres de menores que causen desperfectos y un agravante para las bandas que utilicen menores.

Feijóo ha precisado que no cuestiona el derecho constitucional a la huelga, pero ha sostenido que las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna. Ha recordado que "España acaba de vivir una tragedia" y que están "a la vista de todos" las "debilidades profundas del sistema", cuya responsabilidad política, ha dicho, corresponde "exclusivamente al Gobierno".

"Una decisión de país"

El líder popular ha subrayado que España no necesita un Gobierno que se limite a hacerse eco del hartazgo de los ciudadanos, sino uno que les garantice un rumbo mejor, y ha añadido que "es la hora de la rectificación". Ha llamado a convertir la decadencia que, a su juicio, vive el país "en una decisión democrática de cambio" que haga posible la reconstrucción nacional. "Es a eso a lo que convoco a los españoles", ha incidido.

Feijóo ha definido las elecciones del 29 de noviembre como "una decisión de país" y "la más trascendental de los próximos 50 años", y ha pedido "un mandato fuerte y claro" para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha "desde el primer día". Sobre Pedro Sánchez, ha dicho que "ha sido el error" y que "las naciones con instinto de supervivencia no persisten en los errores: los corrigen".

Ha pedido la confianza de los españoles para recuperar desde las instituciones el respeto a la gente y a la nación, a partir de un triple compromiso: decencia en la política, lograr que el país funcione y garantizar que el esfuerzo de la gente vale la pena. "No son tres eslóganes. Son una hoja de ruta", ha asegurado.

Un "reseteo total" del sistema ferroviario

El presidente del PP ha propuesto una pieza separada sobre el sistema ferroviario y un "reseteo total de las infraestructuras, de los sistemas de seguridad y de los protocolos". Ha explicado que los descarrilamientos han crecido un 212 % desde 2018 y que España concentra "más del 70 % de los fallecimientos en alta velocidad del mundo", algo de lo que ha dicho que "tenemos que saber por qué".

Ha asegurado además que un informe interno de Adif prevé hasta 2030 un descenso del 39 % en fiabilidad y del 34 % en puntualidad, y un aumento del 94 % en accidentes, y ha preguntado al Gobierno si va a seguir repitiendo que vive "el mejor momento del tren de la historia". También ha criticado la frivolidad del Ejecutivo y ha preguntado "¿dónde está la gracia?" a propósito del ministro Óscar Puente, quien, según ha dicho, hizo chistes con el sistema ferroviario para promocionar un programa de humor.

Auditoría, impuestos y corrupción

Feijóo ha considerado inasumible que sea imposible acceder a una vivienda, que el descontrol sea la constante en las fronteras, que los servicios públicos se deterioren o que los ciudadanos paguen cada vez más y reciban cada vez menos. "El estado de la nación en su conjunto es inasumible", ha afirmado.

Ha reiterado que en los primeros cien días de Gobierno hará una auditoría completa del gasto, de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas del Estado, y que el primer presupuesto recogerá sus conclusiones, que serán públicas. Ha renovado su compromiso de revisar más de un centenar de subidas fiscales y bajar impuestos, para que "cada euro que se le pida a los ciudadanos" se destine a que el Estado cumpla con sus obligaciones.

También ha defendido que los gestores públicos se elijan "por méritos, no por afinidad" y que no cobren bonus si conducen a la empresa al desastre. Ha instado a "acabar con la plaga de la corrupción" y se ha comprometido a que cada superior responda de la corrupción de sus subordinados.

Desalojo de la Puerta del Sol y medidas contra el vandalismo

Preguntado por el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, Feijóo lo ha calificado de buena noticia para la salubridad pública, los comerciantes, la hostelería y la reputación de Madrid. Ha anunciado que repondrá el agravante por cometer actos vandálicos con el rostro tapado y que elevará las penas por organizarlos a través de redes, medidas que, según ha recordado, derogaron PSOE y Podemos en 2021-2022. Ha planteado además más penas para quienes organicen actos vandálicos mediante redes sociales o páginas web, responsabilidad para tutores y padres de menores que causen desperfectos y un agravante para las bandas que utilicen menores.

El dispositivo policial ha contado con la intervención de 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además del apoyo de bomberos y servicios sociales. En el momento de la intervención, iniciada a las 2:55 horas, en la céntrica plaza madrileña pernoctaban 334 personas.

Denuncias de represión y versión de la Delegación del Gobierno

El portavoz del Movimiento 26S, Juan Luis Sánchez, ha criticado en La Hora de La 1 que la actuación ha sido caótica y sin aviso previo para pillar a los manifestantes durmiendo. Sánchez ha denunciado que sufrió el uso de gas pimienta al intentar retirar enseres personales, causándole abrasiones en la piel, y que le retiraron a la fuerza el teléfono móvil.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha justificado la intervención alegando un cambio en la naturaleza del campamento debido a la retirada de varias organizaciones y a que un gran número de pernoctaciones correspondía a personas sin hogar y colectivos vulnerables, perdiendo así el objetivo inicial de la movilización.

La operación se ha saldado con dos personas detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están retirando las tiendas de campaña y trasladándolas a depósitos municipales para que puedan ser reclamadas por sus propietarios.

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado durante la madrugada de este martes la acampada por el derecho a la vivienda que permanecía en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre. El movimiento social surgió tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que tuvo que ser ingresada y falleció dos semanas después en el Hospital Gregorio Marañón.

El dispositivo policial ha contado con la intervención de 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además del apoyo de bomberos y servicios sociales. En el momento de la intervención, iniciada a las 2:55 horas, en la céntrica plaza madrileña pernoctaban 334 personas.

Denuncias de represión y versión de la Delegación del Gobierno

El portavoz del Movimiento 26S, Juan Luis Sánchez, ha criticado en La Hora de La 1 que la actuación ha sido caótica y sin aviso previo para pillar a los manifestantes durmiendo. Sánchez ha denunciado que sufrió el uso de gas pimienta al intentar retirar enseres personales, causándole abrasiones en la piel, y que le retiraron a la fuerza el teléfono móvil.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha justificado la intervención alegando un cambio en la naturaleza del campamento debido a la retirada de varias organizaciones y a que un gran número de pernoctaciones correspondía a personas sin hogar y colectivos vulnerables, perdiendo así el objetivo inicial de la movilización.

La operación se ha saldado con dos personas detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están retirando las tiendas de campaña y trasladándolas a depósitos municipales para que puedan ser reclamadas por sus propietarios.

El mensaje del club

El CD Tenerife ha comunicado la noticia con un texto en el que expresa su dolor: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”. La entidad ha añadido que “no hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, y ha trasladado su apoyo a la familia del jugador, a sus seres queridos y “a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

La familia de Jesús de Miguel ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas y ha solicitado “de corazón” el máximo respeto a su privacidad en estos momentos.

Lo ocurrido en el Heliodoro

El choque se produjo en el tiempo de descuento del encuentro. De Miguel perseguía un balón largo cuando Owono salió de su área para despejarlo. El jugador quedó tendido en el césped, en parada cardiorrespiratoria, y, tras la intervención de los servicios médicos, fue evacuado en camilla y trasladado en ambulancia al hospital.

Medios locales y nacionales informaron de que el impacto provocó una parada cardiorrespiratoria. El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, detuvo el partido tras la emergencia y, después de hablar con capitanes y entrenadores, acordó suspenderlo cuando restaban unos dos minutos de añadido, con el marcador en 2-2. Owono fue expulsado con tarjeta roja directa por la acción.

«Hasta esta tragedia se gestiona pensando en el poder como un fin»

Feijóo ha criticado que, durante estos ocho años, Pedro Sánchez haya utilizado «el poder como un fin en sí mismo» y se ha preguntado para qué tanto relato si un joven de treinta años no puede pagarse un piso, para qué batir récords de recaudación si los servicios funcionan peor y para qué presumir de que el tren vive el mejor momento de su historia. «Hasta esta tragedia se gestiona pensando en el poder como un fin», ha añadido.

El líder del PP ha reprochado al Gobierno que, nueve meses después del accidente de Adamuz, «las familias siguen sin saber qué ocurrió, pero aquí tardan solo unas horas en encontrar un culpable». Al ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha dicho que «el calvario no lo está sufriendo usted, es de las familias que esperan un cuerpo y de quienes no volverán a ver a sus seres queridos». Ha denunciado además que «decidir si cesas a un ministro por lo que te digan las encuestas te da el nivel moral de esta gente, que es ninguno». En esa línea, se ha preguntado qué estaría tuiteando Puente si esto lo hubiese hecho otro.

Feijóo ha asegurado que los responsables del accidente de Urda no deberían seguir en sus cargos y ha confesado que, si de él dependiese, quien daría la cara mañana en la Diputación Permanente sería el presidente del Gobierno y no el ministro, que ya habría cesado. «No creo que un presidente merezca escudos. En mi forma de entender el poder, es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión de su Gobierno. Y es el presidente quien da la cara cuando algo va mal», ha subrayado, y ha añadido que lo importante ahora es que los españoles tengan toda la información al detalle, «hasta el final».

«España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer»

El presidente del PP ha endurecido el tono al referirse al comportamiento del Ejecutivo: «Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores. Es que dudo que sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel y ruin». También ha exigido que «nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales o las promociones de televisión haciendo burla sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario». «España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: yo sí sé hacerlo», ha afirmado.

Feijóo ha presentado su perfil como el de alguien que viene de la gestión, «lo que sé hacer y lo que creo sinceramente que este país necesita ahora». Ha asegurado que su objetivo no es destruir al rival, «esa es la política que está devastando nuestro país», sino la reconstrucción nacional, a la que ha convocado a todo el partido y a todo el país. «No es España la que falla, es su Gobierno, y la mejor España merece también el mejor Gobierno», ha señalado.

Paz, ley y llamada a las urnas

En materia de seguridad y convivencia, ha contrapuesto al PP con una izquierda que, según ha dicho, «ha llegado a decir que quiere incendiar las calles». Con el PP, ha prometido, «va a haber paz y los españoles vivirán seguros, porque los que rompen la convivencia se van a encontrar siempre con la ley».

Ha afirmado que, en menos de un mes, los españoles pondrán a cada uno en su sitio. «Les dimitiremos en las urnas porque la mejor España merece también el mejor Gobierno», ha indicado. «La seriedad no es un defecto. La seriedad es una forma de respeto. Y los españoles, de una vez por todas, merecen respeto», ha añadido.

Feijóo ha cerrado su intervención pidiendo al partido salir a la calle para reivindicar el cambio con los valores que, a su juicio, se han echado de menos estos días y que tuvieron en Fátima Báñez su principal exponente, una persona que, ha dicho, gobernó con servicio, diálogo, trabajo y dedicación a los demás.

Las denuncias contra Grande-Marlaska, Bolaños y Montero fueron archivadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que dictó tres autos al respecto. Manos Limpias había interpuesto estas denuncias alegando diversas irregularidades, pero el tribunal no encontró fundamentos suficientes para continuar con los procedimientos.

En un cuarto auto, el Tribunal Supremo rechazó la querella presentada por VOX contra Francina Armengol. Esta acción legal acusaba a la presidenta del Congreso de los Diputados de haber cometido un presunto delito de falso testimonio durante una comisión parlamentaria de investigación. El alto tribunal consideró que no había indicios que justificaran la querella.

Decisiones judiciales sobre denuncias

Los autos emitidos por el Tribunal Supremo reflejan su postura en cuanto a las acusaciones dirigidas a altos cargos políticos. En el caso de Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Mª Jesús Montero, el archivo de las denuncias sugiere la ausencia de pruebas concluyentes que respalden las acusaciones del sindicato.

Por otro lado, la desestimación de la querella contra Francina Armengol por parte de VOX indica que el tribunal no halló elementos suficientes para sostener la acusación de falso testimonio. Esto pone de manifiesto la rigurosidad con la que el Tribunal Supremo evalúa las denuncias y querellas presentadas.

Las decisiones del Tribunal Supremo en estos casos subrayan la importancia del análisis detallado y la verificación de pruebas antes de proceder con acciones legales. En ambos casos, el tribunal ha optado por no seguir adelante con los procedimientos, lo que contribuye a mantener la integridad del sistema judicial.

El detenido es señalado como creador y administrador de grupos en Telegram, desde donde se organizaban las acciones del movimiento. En estos grupos, se difundía contenido como vídeos de un encapuchado autoproclamado líder de «Blocus». La investigación se centra en posibles delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal.

Coordinación a través de redes sociales

La identificación del sospechoso se logró en pocos días, antes de la movilización anunciada para el 31 de octubre. Esta investigación está relacionada con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, donde participaron 500 personas en altercados que resultaron en saqueos e incendios. Muchos de los detenidos en esos eventos eran menores.

El movimiento utilizaba TikTok y carteles con inteligencia artificial para captar participantes, redirigiéndolos a grupos de WhatsApp y Telegram. Los organizadores pedían compartir los enlaces en entornos escolares, facilitando el acceso de menores a las convocatorias. Los mensajes instruían acudir con mochilas y pancartas para simular protestas estudiantiles.

Para el 31 de octubre, se planeaba reunir a los participantes y comunicar, mediante un chat privado, qué establecimientos eran más vulnerables. En las conversaciones se mencionaron joyerías y tiendas de lujo como objetivos, y se propusieron incendios en comercios y edificios públicos. Se tomaron medidas para ocultar estas comunicaciones.

Uso de plataformas digitales para captación

La intervención de la Guardia Civil, basada en el seguimiento de fuentes abiertas y mensajería, permitió vincular al detenido con varios grupos de Telegram. Se detectaron preparativos para nuevas convocatorias en Barcelona y otras ciudades. La detención se produjo mientras se planeaban estas movilizaciones.

La Guardia Civil enfatiza que las convocatorias disfrazadas de protestas no justifican saqueos ni violencia. Los promotores y participantes en actos delictivos pueden enfrentar serias consecuencias penales. Se insta a familias y centros educativos a estar atentos a mensajes que inciten a ocultar identidades o cometer actos violentos.